Home office: un debate encendido en el Congreso

Home office: un debate encendido en el Congreso

Home office: un debate encendido en el Congreso
23 Julio 2020

El home office ha modificado no sólo la mirada sobre los espacios de trabajo y ha llevado a reformar viviendas para darle lugar a esta nueva actividad. También ha encendido un debate en el Congreso de la Nación, que está próximo a sancionar -sin ausencia de polémicas- la Ley de Teletrabajo.

Ayer a la mañana, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras agrupaciones empresarias expresaron su opinión y sus críticas al texto que se debate. Los apartados que más dudas generan son la jornada laboral, el derecho a la desconexión, la reversibilidad -la posibilidad de cambiar de modalidad- y la obligación del empleador de proporcionar al trabajador las herramientas como computadoras e internet.

Luis Galeazzi, director de Argencon (nuclea a empresas de la Economía del Conocimiento) expresó: “tal como fue escrita genera condiciones que no son practicables, no se compatibiliza con la realidad de fondo y genera contradicciones. En lugar de favorecer, va a entorpecer el teletrabajo, en un momento donde se necesita generar más puestos de trabajo”. “Fijar jornadas de trabajo y que el empleador no pueda remitir comunicación después de cierto horario es impracticable, difícil de verificar e incompatible con algunos horarios que se manejan”, planteó Daniel Funes de Rioja, de la UIA

El proyecto, que ya fue aprobado por Diputados, establece presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, a tener una jornada determinada, y el carácter voluntario de esta modalidad de empleo a distancia. Entre otros aspectos, se considera “teletrabajo” a la tarea que se realiza en forma parcial o total en el domicilio o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.

Los empleados que acrediten tener a su cargo menores y adultos mayores tienen derecho a adecuar su día de trabajo. Los empleadores deberán otorgar el equipamiento, las herramientas de trabajo y asumir los gastos. La idea es que la ley, una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, comience a aplicarse tres meses después de que finalice el aislamiento obligatorio.

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