Manotazos frente al motoarrebato

16 May 2020 Por Roberto Delgado
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El proyecto de ley para combatir a los motoarrebatadores se está desmoronando y no se sabe en qué condiciones va a llegar a la sesión de la Legislatura. Comenzó con una dura propuesta de prohibir la circulación en moto entre las 21 y las 6 de la mañana y pasó a impedir que dos varones adultos circulen las 24 horas; también pasó de exigir que las estaciones de servicio controlen el uso de casco y papeles de motociclistas, a sugerir que pongan carteles de advertencia so pena de multas. Es poco serio plantear estas discusiones públicamente a una semana de que se vaya a debatir la ley. Poco importaría si fuera sólo un esbozo de ideas, pero lo inquietante es que se trata de un proyecto que fue anunciado en marzo por el ministro de Seguridad, Claudio Maley. Apenas comenzada la cuarentena dijo que, junto a la Comisión de Seguridad de la Legislatura, estaban trabajando “para llevar adelante medidas fuertes, contundentes y neutralizar el accionar delictivo utilizando la moto”. En ese mismo momento el legislador Gerónimo Vargas Aignasse –presidente de la comisión legislativa- explicó la idea de limitar desplazamientos en ciertos horarios, impactar directamente sobre la herramienta que es la moto y aprovechar que en la emergencia se le da atribuciones extraordinarias a la Policía.

Autoridad irreal

El legislador se entusiasmó con la imagen superficial que aparece de la Policía tras la experiencia de 50 días en los que la sociedad estuvo medianamente encerrada y obligada a aceptar una reducción brutal de los derechos individuales en función de la pandemia. Vargas Aignasse destacó que “la Policía ha tenido mucho que ver en el éxito de la primera etapa del aislamiento social. La fuerza de seguridad ha recuperado en ese período autoridad, y la ejerció adecuadamente”. Apreciación que está fuera de la realidad, porque la tarea policial se dio en una sociedad congelada, en una especie de estado de sitio virtual que se ha de terminar antes o después. La autoridad policial y la confianza ciudadana se verán entonces en su verdadera dimensión, probablemente muy parecida a la que había antes del confinamiento. La cuarentena no hizo mejores ni peores a los policías; sólo los obligó a ejercer otro rol, que se diluirá junto con la emergencia.

Con todo, el proyecto de restricción de circulación en moto ya venía siendo masticado desde hace tiempo. La ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, se lo había propuesto a los representantes de las provincias en el Consejo de Seguridad Interior. Hace dos años las protestas de motociclistas hicieron postergar la idea. A cambio de esto, los funcionarios crearon grupos especiales motorizados para dar “respuestas rápidas” a los motochorros. En Capital Federal está la Fuerza Delta; en Buenos Aires, Los Linces, y en Tucumán el Grupo Especial de Apoyo Motorizado. En este último caso, nada se sabe de las tareas que realizaron estos agentes en el año que llevan de operaciones. El GEOF ha sido el tercer grupo especial creado en los últimos 15 años como respuesta rápida al motoarrebato. Primero fue la Patrulla Motorizada y luego el Grupo de Operaciones Motorizadas, además del sistema 911 con sus patrulleros en moto.

La ex ministra Bullrich mencionó en sus justificaciones para la propuesta de restricciones la experiencia colombiana de reducción de violencia que llevó a cabo el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en 2002. Él limitó durante tres meses la circulación de “parrilleros” (acompañantes de motociclistas) en ciertos horarios y en ciertas zonas. Esta medida de Mockus formaba parte de un programa integral pacificador de “Cultura ciudadana”, que incluía un importante compromiso de la comunidad y un cambio sustancial de las tareas de la policía colombiana. “En el caso de Bogotá fue muy importante el proceso de capacitación en temas de ciudadanía para policías… para que estuvieran en posibilidad de comprender problemas propios de lo urbano (prostitución, delincuencia, indigencia, jóvenes, resolución de conflictos, violencia intrafamiliar y maltrato, liderazgo y participación comunitaria). Cerca de 15.000 policías pasaron por lo menos de 15 a 20 días por una universidad”, dicen Alan Gilbert y María Teresa Garcés en “Bogotá: progreso, gobernabilidad y pobreza” (2008). La experiencia fue repetida por seis meses en 2018 en esa ciudad.

Problemas de control

La propuesta que se quiere aplicar en Tucumán choca con varios problemas. Pretender que sean los expendedores de nafta los que hagan control ciudadano es absurdo. Ya quedó demostrado con propuestas como las de restricción de venta de nafta a quienes no usen casco. Con eso se estrelló también la norma restrictiva en Buenos Aires aunque en esa provincia quedó la exigencia de usar chaleco reflectivo con el número de la patente. Otras ideas de la propuesta tucumana, como la exigencia de uso de GPS en los vehículos, parecen ir camino al naufragio. Los vendedores de motos se negarán y aunque se pueda obligar a los compradores de los vehículos a incorporarlo, ¿quién pagará el servicio de mantenimiento del GPS?

Quizás logren introducir -en una sociedad semiamansada por el maltrato de burócratas- la exigencia de permiso de circulación en moto que habría que renovar cada seis meses. Hay 200.000 motos circulando en la provincia. Sería un nuevo ingreso para la caja de servicios policiales, ya nutrida con decenas de autorizaciones muchas veces innecesarias –desde permisos de bailes hasta certificados de buena conducta- que atormentan y sacan plata a la ciudadanía, sobre todo a la más humilde.

El motoarrebato, que está al tope del delito callejero, es desde hace años el principal flagelo urbano en las ciudades, según lo dicen las autoridades. También en el campo, como se ha visto en el operativo de la semana pasada en varios lugares entre Simoca y Monteros, donde una banda de motociclistas atacaba a personas de la tercera edad en lugares alejados.

Está claro que no han resultado las diferentes experiencias que ha tenido nuestra provincia en esta cuestión. Además de la creación de los cuerpos motorizados policiales de dudosa efectividad, hubo un intento de lograr una ley en tiempos del ex secretario de Seguridad Paul Hofer (incluía restricciones y chaleco reflectivo, en el marco de un programa tipo “Ciudad Segura”); también hay una ley contra motochorros, “rompevidrios” y “pirañas” elaborada por iniciativa del ministro fiscal Edmundo Jiménez, que está bajo cuestionamiento de la misma justicia porque choca con la legislación penal. ¿Cuántos miles de motos se secuestraron en estos 15 últimos años? ¿Cuánto incidió eso en el delito con motos?

Nuevas y viejas recetas

El motoarrebato requiere de estudios y estrategias focalizados en las zonas de complejidad, con un proceso de jerarquización de los operadores (policías de calle) y de las zonas (comisarías). En la Bogotá de Mockus, que tanto admiran los funcionarios argentinos, había una rendición periódica de cuentas de los responsables de esas áreas policiales acerca del resultado de los programas de pacificación. Así se relata en el libro de Gilbert y Garcés. La Policía tucumana tiene, sin funcionar completamente aún, un programa de seguridad por cuadrantes que, en teoría, debería servir para estas cuestiones, sin necesidad de una nueva ley.

Por otro lado, desde hace años todo lo que se hace entra en el saco policial, que termina aplicando siempre sus mismas viejas recetas: operativos y detenciones, más allá de que aumente o disminuya la conflictividad social. Hace unos días, cuando se informó que con la flexibilización estaban aumentando los robos, los mismos fiscales reconocieron que se mide lo que pasa con la vara policial. “Se están incrementando los hechos y eso nos damos cuenta por el número de detenidos que se están concretando”, dijo la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Esa medida de detenciones es absolutamente limitada: refleja lo que hace la Policía, no lo que está pasando en la sociedad. Tal vez eso se apreció más crudamente hace unos días en la avenida del papa Francisco, donde los lavadores clandestinos detuvieron y apalearon a dos motoarrebatadores: “La culpa de todo esto la tienen las autoridades porque no hay policías en la zona”, dijo la vecina Luciana Herrera. Una ley no va a cambiar ese modo de trabajo policial.

Suprimir la circulación de motos para evitar los arrebatos es como pretender impedir la circulación de autos para evitar los accidentes. Suprimir los efectos no es hacer desaparecer las causas. La cuarentena ha dejado ver que es relativamente fácil controlar las calles cuando se ha obligado a los ciudadanos a quedarse encerrados en sus casas. Pero la tarea de las autoridades es, con respeto de los derechos individuales, administrar la vida en la sociedad pujante y en movimiento, no la paz de los cementerios de la ciudad congelada.

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