El barbijo deja caras al descubierto

Tenemos que entender que vamos a ser una mejor sociedad si es que no desamparamos a alguno. Esto es de lo que habla el Papa cuando habla de la teoría del descarte, que hay que descartar una parte de la sociedad para que la sociedad funcione. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión. Tenemos que recuperar la ética de la solidaridad. ¿Qué le cuesta a una empresa que durante un mes un trabajador trabaje menos? ¡Que gane un poco menos!

Días antes y días después de que el presidente, Alberto Fernández, formulara estas declaraciones y decretara la imposibilidad de efectuar despidos de personal por 60 días, cientos de trabajadores del Estado nacional recibían la noticia, por teléfono o email, que se quedaban en la calle. El jefe de Estado nacional dispuso el 1 de abril la medida (DNU 2020-329), luego de que públicamente les tirara las orejas a los empresarios por echar gente en tremenda situación de pandemia y de crisis generalizada.

Paralelamente a esa solicitud y luego de la comanda presidencial para que se frenen los despidos, en distintos organismos y ministerios de la Nación cesanteaban personal, en contra de las propias palabras y de la prescripción que ordenara el Presidente.

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, ya había advertido, el mismo día que Fernández anunciaba el decreto, que el Estado no podía ser “hipócrita” y pedir que no haya despidos a los privados mientras dejaba sin empleo a cientos de personas. Mencionó que venían habiendo despidos en el PAMI, en la Anses, en Yacimientos Río Turbio y en otros organismos descentralizados.

El propio diputado oficialista Carlos Cisneros dio cuenta del despido de un tucumano en su cuenta de Twitter. Hoy recibí esta carta, seguramente la situación de Gabriel es la de muchos. Hagamos que esta carta le llegue al presidente @alferdez, escribió. El parlamentario nacional replicó el pedido de Gabriel Chain, que en el escrito describe que el 31 de marzo se le informó que su contrato con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo quedaba sin efecto, luego de tres años prestando servicio en la repartición. “A pesar de su postura en contra de los empleadores que dejan sin trabajo a sus empleados en esta difícil situación de público conocimiento, la Superintendencia no solo me dejó sin trabajo a mí, sino a varios compañeros en todo el país”, describe Chain en la carta que dirige al Presidente.

En la órbita del Ministerio del Interior de la Nación (que lidera Wado de Pedro, quien estuvo a la diestra de Fernández cuando anunció el decreto para frenar despidos) sucedió algo similar. En la Secretaría de Provincias y en varias subsecretarías dejaron decenas de empleados con dos, tres, cuatro y seis años de servicio literalmente en la calle. Y los reclamos y denuncias de los trabajadores estatales se replican en otros ministerios nacionales.

Los despedidos intuyen, en parte, que podría deberse a “cuestiones políticas” y a la necesidad de la nueva administración de quitar del medio a personal con identificación con Cambiemos. De hecho, la administración Macri hizo algo similar cuando asumió. Sin embargo, aquí valen dos aclaraciones: muchos de los despedidos son técnicos o personal con carrera de “otros gobiernos” en los cargos y, lo más importante, hoy se está en una situación de pandemia excepcional en la que el propio Presidente exigió por decreto -que tiene fuerza de ley- que no se desemplee a nadie.

La situación de los miles de despedidos en el Estado pone de manifiesto las contradicciones que afloran en torno al coronavirus. El Gobierno, con razonabilidad, pide que no se despida personal en medio del caos que reina en todos los órdenes de nuestras vidas. ¿No deberían cerciorarse antes de que el propio Estado está dando el ejemplo y no corre a nadie? Algo similar sucedió con la cuestión salarial y de “achique” del Estado. Se exigió solidaridad a los empresarios y “aguante” a los argentinos en general, muchos de los cuales no pueden trabajar por el aislamiento social, pero se dio un no rotundo al recorte salarial para agentes jerárquicos y con cargos electivos del Estado en sus tres poderes. Es más, se llevó la discusión a no caer en los discursos de la “antipolítica”. Como ya se dijo en esta columna, la política, el Estado y la democracia son imprescindibles, más en tiempos como en los que vivimos. ¿Pero el Estado no debería también hacer un esfuerzo en esa incontrolable y siempre creciente estructura de gastos y burocracia?

El broche de oro a la seguidilla de contradicciones lo puso el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando más confianza necesita la población hacia sus gobernantes -y que la venía adquiriendo con un Presidente correcto al frente de la pandemia- el escándalo de la compra de alimentos a valores superiores a los que fija el propio Gobierno como Precios Máximos fue demasiado. Primero se minimizó la cuestión, pero los números fríos y la letra escrita hacían imposible obviar la irregularidad y rodaron 15 cabezas en el organismo. ¿Pueden ser tan “descuidados” en momentos como estos? ¿O tan osados?

Cuando la sociedad argentina comenzaba a dar atisbos de unidad y de confianza hacia su clase dirigente, las incongruencias en el accionar de los que están al frente del Estado, en sus distintas capas, voltea los ya alicaídos y encerrados ánimos de todos.

Según los “fernandistas”, se trata de nimiedades, poca cosa en medio de todo lo que se hace. Pero no lo son: derrumban a una sociedad ya golpeada por años de aguantar yerros y problemas. ¡Y ahora una pandemia! También apuntan contra la oposición, que podría tener vela en el entierro, pero que posee aroma de flores de velorio ahora más que nunca.

Algo similar sucede en Tucumán con algunos acontecimientos. ¿Qué necesidad había de utilizar, aunque sea en calidad de préstamo, las donaciones privadas para la salud en la sesión legislativa? El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, afirma que no conocía el origen del material de protección sanitaria. ¿Se comió un sapo (otro de los que le encajan algunos legisladores), aportado en esta ocasión por el legislador Daniel Deiana? Jaldo también minimizó el hecho ante lo que, según dijo, fue una gran tarea legislativa. Sin embargo, los gestos importan. Como los detalles. Como el del propio Jaldo advirtiendo que el Legislativo había sido el único poder del Estado que salió a defender a los jubilados ante lo que tildó como una mala gestión del agente financiero oficial, el Banco Macro. Y aclarando que era con su aporte con que se iban a comprar insumos que la salud no tenía, cuando garantizarlos no es responsabilidad de la Legislatura a su cargo.

Mensajes y rencillas en tiempos de sensibilidad social y de necesidad de claridad y de certezas.