Se acentuó la utilización de la videoconferecia en las causas penales

El uso de las videoconferencia se ha acentuado en los procesos penales, como medida de prevención ante al avance del coronavirus. Aunque se trata también de una experiencia que se podría asentar y perfeccionar para la resolución de los conflictos judiciales, tras el aislamiento social.

El viernes, en una audiencia virtual se dispuso el cese del alojamiento en el Instituto Roca de un adolescente imputado en una causa por robo agravado. También se ordenó el inicio de un tratamiento socio-educativo para el menor. El proceso fue encabezado por el juez en lo Penal de Menores, Federico Moeykens, quien escuchó las posiciones del fiscal Ernesto Salas López; del defensor oficial auxiliar, Patricio Juárez; y de la representante de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, Lorena Árquez.

En su planteo, el fiscal solicitó el cese de la privación de libertad del menor, con el fin de “salvaguardar su salud e integridad psicofísica” como prevención sanitaria. A la vez, Eliana Galera, referente del Instituto Roca -aloja a los chicos en conflicto con la ley-, remarcó que el sospechoso había mostrado avances en su tratamiento socio-educativo.

Ante esos resultados oficiales, las demás partes adhirieron a la demanda del Ministerio Público Fiscal (MPF), cerrando así las exposiciones durante la audiencia.

Luego de darle la posibilidad al adolescente de ser escuchado en la videoconferencia, quien participó también desde el Instituto, el juez Moeykens hizo lugar al requerimiento fiscal y ordenó el “cese la medida de coerción” que pesaba sobre el muchacho. A la vez, dio intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia para que continúe con la asistencia sobre el menor. El desarrollo del acto procesal quedó guardado en un soporte tecnológico.

“Se explicó al inicio cómo se llevaría a cabo el procedimiento y, posteriormente, cada uno expuso sus fundamentos. Al final se confirmó la sentencia. Se realizó el proceso de manera normal”, explicó el magistrado

La Corte Suprema de Justicia local (CSJT) dispuso, mediante la Acordada 223/2020, que los magistrados, funcionarios y empleados del fuero penal del Centro Capital (CJC) presten servicios de forma remota, sin perjuicio de las guardias presenciales en casos de urgencia, para evitar la circulación y concurrencia a las dependencias del Poder Judicial (PJ). En ese sentido, estimuló el uso de las “audiencias videograbadas”, con el objetivo de evitar el contacto o la cercanía de personas y ahorrar tiempos procesales.

El sistema de videoconferencia se ha utilizado en el fuero penal de la capital, desde el 19 de marzo último. Esa primera audiencia, impulsada por el juez de Instrucción II, Facundo Maggio, se realizó para asegurar el acceso y el contacto del detenido con la defensa en pleno proceso. Esta semana están previstas resoluciones por planteos de prisión preventiva en casos de abusos sexuales, por ejemplo.

“Estamos trabajando con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para sistematizar un protocolo, y al que todos acudan manera uniforme. En las audiencias se pueden tratar distintos tipos de pedidos, como peticiones de prisión preventiva, requerimiento de elevación a juicio, cese de prisión o nulidades. Si se hacen de manera presencial o virtual es una decisión que surgiría de la Oficina, encargada de instrumentar estos procedimientos. Hoy, lo presencial está postergado por la pandemia”, expresó el magistrado. “Lo relevante a partir de ahora es reforzar el proceso oral con la aplicación de tecnología para el desarrollo de las audiencias”, agregó.

La Justicia Federal ha empleado las audiencias virtuales desde años atrás, por lo que se trata de un mecanismo ya aplicado al sistema.