OK: todos contra el virus, pero ¿por qué sigue su mano en nuestro bolsillo, señor burócrata?

El cargo público es una pieza de caza para políticos que creen que los eligieron no para administrar los recursos de la sociedad, sino para apropiarse del Estado.

03 Abr 2020
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Ya lo sabemos: todas las generalizaciones son injustas. La estereotipación por oficios, por procedencia geográfica, por edad o por género nos conduce a opiniones simplistas y habitualmente falsas, sostenidas no por los hechos, sino por una carga variada de prejuicios y de reduccionismos culturales.

De esa sopa beben los que luego afirman que todos los políticos son corruptos, que todos los empresarios son miserables, que todos los periodistas están comprados, que todos los millennials son smartphone-dependientes o que todos los extranjeros con un malestar fìsico son una fuente de contagio de coronavirus: si no, preguntémosle a este ciudadano venezolano que por estas horas debe estar pensando si hizo bien en elegir como destino a la ciudad de Córdoba.

La introducción viene por la nueva discusión con la que los argentinos hemos elegido entretenernos mientras nos preparamos a cumplir la primera quincena en cuarentena.

La grieta nocturna de los balcones –aplausos y vivas en contrapunto con sartenes, puteadas y cacerolas–  ahora nos plantea el dilema de si “los políticos”, así en general, deben reducirse sus sueldos para dar el ejemplo de solidaridad que le están solicitando al resto de los sectores sociales.

El bicho político

Quizá una primera pregunta para plantearse sería: ¿cuáles políticos? ¿Acaso estamos pidiendo reducirle el sueldo al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el “primer comandante que tiene esta batalla sanitaria”, si repetimos las figuras bélicas que hoy son comunes en el discurso oficial? Si no el bueno de Ginés, ¿se lo reduciremos a su segunda, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti? Si a ellos no, ¿a quién?

Silencios y críticas en época de coronavirus.

Por supuesto, también es fácil pensar que en este momento tampoco les reduciríamos el sueldo a los miles de médicos y de enfermeros y de camilleros y de asistentes que hacen funcionar los hospitales de todo el país. Sería lo mismo que empujar montaña abajo al guía que nos está rescatando. Pero, claro, ellos no son “políticos”, son personal del Estado, otra categoría que también recibe sus buenos golpes, pero quizá no sería este el mejor momento para recordarlos.

Sigamos: esta noche, los sommeliers de servidores públicos, ¿golpearán las espumaderas para que les reduzcan los sueldos a los militares?, por mencionar una categoría que sigue haciendo rechinar los dientes a cierta progresía. Bueno, en el recorte nos quedamos entonces sin buena parte de quienes hoy participan en la coordinación de las tareas de emergencia y colaborando, por ejemplo, en el traslado de materiales para armar hospitales de campaña en diferentes provincias del país.

Si damos por sentado que el recorte no apunta al personal estatal que trabaja en el sostén de cierta normalidad en esta situación de emergencia, como los inspectores y los policías, ¿a quiénes pedimos que les bajen el sueldo?

Una parte de la explicación puede ir por el lado de que en las sociedades latinoamericanas se ha solidificado una definición negativa para un tipo de funcionario que, en realidad, es el que debería hacer funcionar bien la maquinaria del Estado. Se trata de nuestro mal querido burócrata.

El burócrata debería ser quien aceite las bisagras en todos los procesos que lleva adelante un Estado, el encargado de que la racionalidad y la experiencia pesen más a la hora de organizar el funcionamiento de las estructuras administrativas.

Ya sabemos que eso no sucede así en esta porción del planeta, donde nos especializamos en ensayar soluciones únicas y originales para problemas que otras sociedades ya han resuelto hace mucho tiempo.

Mi amigo el burócrata

Aquí nos acostumbramos a que, por ejemplo, en cada cambio de gobierno se arranque el mantel de la mesa con un tirón y se arroje al piso toda la vajilla. Cada nuevo presidente, o intendente o gobernador, llega y cree que entre sus obligaciones se incluye la de nombrar un staff de cientos o miles de funcionarios nuevos. Cambia el gobierno nacional y cambian entonces hasta los directores y subdirectores de la última oficina nacional que existe en cada provincia o ciudad del amplio interior.

El cargo público es una pieza de caza para políticos que creen que los eligieron no para administrar los recursos de la sociedad, sino para apropiarse del Estado.

Veamos lo que pasa en cada provincia: se nombran nuevos directores de las oficinas locales del Pami, de la Anses, del Senasa, de defensorías, medios de comunicación oficiales, etcétera. ¿Alguien cree que los nuevos funcionarios albertistas son muy diferentes o mucho mejores que los macristas? ¿Llegan con políticas innovadoras y muy diferentes de la gestión anterior? La historia de nuestras últimas décadas demuestra que no es así. ¿Cuáles formación y conocimiento específico traen para comandar administraciones de salud u organismos de defensa civil o empresas del Estado? Muchas veces, ninguna.

Nos robamos a nosotros mismos la posibilidad de tener una burocracia técnica formada, estable en su cargo, que no deba besarle los pies a cada nuevo caudillo de turno. Hecha de burócratas eficientes.

Esa costumbre de descabezar administraciones enteras sólo porque cambió el gobierno es la que fortalece la peor imagen que políticos y burócratas locales tienen entre la población. Es un prueba de que el interés no fue el que se declamó durante la campaña electoral, sino la misma y vieja zanahoria del poder, del dinero y de la conquista del territorio. No están para proteger al “pueblo”, como les gusta llamarlo, están para ayudar a sostener la causa, para aplaudir al jefe de turno en los actos públicos, para ganar bien y asegurar así la inercia de la ineficacia estatal.

Este tipo de burócrata no es una especie endémica, no crece sólo en la huerta local. Fueron también burócratas los funcionarios chinos que decidieron ocultar al resto del mundo que una nueva enfermedad se estaba expandiendo en sus ciudades, los que silenciaron y desaparecieron a los médicos que hablaron del tema en público, los que expulsaron a los periodistas que dieron la voz de alerta. Facilitaron así la expansión del contagio a otras geografías. Como, décadas atrás, en otro caso extremo, fueron burócratas los que intentaron ocultar que estaba muriendo la población que rodeaba a la central de Chernóbil.

Entonces quizá si vamos precisando los términos, y apuntando mejor, se entienda el reclamo de la mitad de los balconeros.

Todo por el pueblo

Otro bolsón son los burócratas privilegiados, que cobran muy bien por funciones que “el querido pueblo” no ve reflejadas en beneficios para sus vidas diarias.

El economista Roberto Cachanovsky, quien lleva largo tiempo insistiendo en esta prédica, le hizo pasar un mal momento al ahora embajador en París Pino Solanas cuando, en un programa de la televisión porteña el 26 de febrero de 2019, le recordó al entonces senador que tenía 35 asesores en su planta de personal. “Es casi una pyme, eso lo pagamos entre todos los contribuyentes”, le dijo.

¿Quién puede argumentar a favor de que un solo legislador necesita 35 empleados? Ese mismo esquema se repite en legislaturas provinciales y en concejos deliberantes y en plantas de asesores de todo el país. ¿Queremos que eso se recorte? Difícilmente haya dudas sobre la respuesta.

Luego llegamos a la categoría de funcionarios políticos más expuestos. Los ministros, los vocales de las cortes judiciales, los legisladores que más minutos en pantalla y micrófonos gastan todas las semanas. ¿Deberían recortarse el sueldo? Ya lo decidieron así en Uruguay y en varias provincias, como por ejemplo en Córdoba. Ya adelantó un proyecto en ese sentido el jefe de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los magistrados y sus concomitantes burocracias judiciales, ¿van a seguir sin pagar el Impuesto a las Ganancias, hasta en esta situación extrema, en la cual casi 11 millones de argentinos se han inscripto para cobrar una ayuda económica de emergencia del Estado, para sobrevivir? ¿No van a pagar ese impuesto, mientras a miles de personas las llevan detenidas y les quitan sus autos por haber salido a hacer compras o a caminar?

Aquí entra en juego la observación que señala que, en la política, el ser va de la mano del parecer. ¿Porque, cómo puede ser que el Presidente llame miserables a empresarios que por estos días están aguantando para no despedir empleados, a productores agrícolas que ven el avance de impuestos y de retenciones, a familias con pequeñas empresas que llevan un mes sin ingreso alguno, y él mismo como máxima autoridad no dé el ejemplo?

Es una contradicción: no deberíamos querer que la máxima autoridad, en un momento de urgencia sanitaria y económica como la actual, se recorte el sueldo que bien se gana. Pero, al mismo tiempo, está la cuestión no menor de la imagen, que es también un mensaje que se transmite al resto de la población que no tiene ingresos de burócrata ni de político privilegiado. Población que piensa que el sacrificio, como el contagio de un virus, no debería discriminar. Si el movimiento se demuestra andando, según la cita que se atribuye al filósofo Diógenes, ¿por qué no hacer lo mismo con la declamada solidaridad?

* Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.

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