Por Irene Benito
24 Marzo 2020
Las expulsiones del hogar; prohibiciones de acercamiento y contacto; perímetros de exclusión; pulseras o tobilleras electrónicas, etcétera, continuarán vigentes durante la cuarentena a menos que un juez disponga lo contrario. Claudia Sbdar, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ratificó ese blindaje excepcional para las víctimas de violencia de género y doméstica, y otros sectores vulnerables (mayores y niños) en la resolución que emitió el domingo a última hora. El instrumento procura mitigar la situación de desamparo que para estos grupos podría acarrear el encerramiento obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández con el fin de contrarrestar el coronavirus Covid-19.
Sbdar recordó que la Acordada 211/20 había suspendido los plazos administrativos y procesales hasta el 31 de marzo inclusive, que es la fecha de vencimiento del “asueto extraordinario” establecido el 16 de este mes. Y advirtió que muchas de las medidas de protección ordenadas por el Poder Judicial en beneficio de mujeres, niños y ancianos podían haber expirado o estar próximas a vencer durante el período de confinamiento sin que la víctima haya logrado instar su renovación o prórroga. La vocal añadió que, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, correspondía reiterar que las cautelares continuaban en vigor hasta que cesara el aislamiento compulsivo.
La Resolución 2/2020 fue comunicada a los magistrados; a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, y a la Policía por medio del Ministerio de Seguridad provincial. Sbdar reparó en la necesidad de proteger la vida y la integridad, y se hizo eco de la preocupación por los efectos nocivos que la cuarentena podría proyectar en todos aquellos que padecen maltratos. “Las medidas dispuestas para impedir la propagación del Covid-19 probablemente recrudecerán las situaciones de violencia doméstica y de género”, consideró la titular del alto tribunal.
La decisión de fortalecer el blindaje contra quienes podrían aprovechar la crisis sanitaria para atacar a sus víctimas se hace eco de las inquietudes que habían manifestado los jueces de Familia y penales de turno, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Esta última había hecho llegar su preocupación por la posible vulneración de derechos en circunstancias en las que los poderes judiciales brindan una prestación mínima destinada a los conflictos extremadamente graves.
En Tucumán, la Corte colocó una guardia judicial de emergencia en cada sede; dispuso que la concurrencia a los Tribunales se reduzca al máximo y ordenó que los trámites sean desarrollados por todos los medios tecnológicos disponibles. A esos fines, habilitó el uso del WhatsApp y del correo electrónico, y comunicó los números de celular de los funcionarios encargados de los distintos despachos. En estas condiciones tan atípicas, dos magistradas de turno, Valeria Brand (capital) y Mariana Rey Galindo (Monteros), alertaron el sábado que el confinamiento incrementaba las chances de los maltratos domésticos. El número significativo de consultas recibidas desde el inicio de la cuarentena disparó la alarma. Brand fue enfática al respecto: dijo que sería dramático que, en el afán de detener el Covid-19, haya femicidios.
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