Los costos políticos de las decisiones económicas

El calendario fiscal apremia al Gobierno. Y la administración del presidente Alberto Fernández optó por ejecutar algo que se veía hablando desde antes de su asunción al cargo: el incremento de la carga impositiva. La Argentina gobernada por el Frente de Todos tiene la imperiosa necesidad de financiarse y no sólo con emisión monetaria (el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que la impresión de billetes se acotará para 2020). El camino más sencillo ante la falta de financiamiento voluntario y acorde a la realidad del mercado es por la vía de los impuestos.

El sendero elegido tiene sus riesgos. “No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece”, fue uno de los ejes del discurso que el propio Fernández pronunció en el Congreso durante el acto de asunción.

Las medidas anunciadas en los últimos días (cambios en Bienes Personales, doble indemnización y retenciones, entre otras) no hacen más que afectar a dos de los aspectos fundamentales para alcanzar un crecimiento económico: la inversión y la generación de empleo, que también contribuye a mejorar los indicadores socioeconómicos.

El campo ya avisó que está dispuesto a pintarse la cara frente a la decisión oficial de cambiar el esquema de las retenciones y subir los derechos de exportación. La dirigencia ruralista ha dicho que se tratan de medidas que retrotraen al pasado. Ese mismo pasado de protestas de productores a la vera de los caminos por efecto de la resolución 125 que el kirchnerismo instrumentó con retenciones móviles y que le costó 129 días de movilizaciones del campo. Aquel conflicto se zanjó con el “no” positivo del entonces vicepresidente Julio Cobos contra la medida instrumentada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy ella está al frente del Senado y, desde ese rol, afirma que en la Argentina se viene una etapa diferente “en la que hay que discutir la matriz económica”. Su mensaje no sólo golpea al campo, sino también a los gobernadores. Cristina le pega al presupuesto de la macrista Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su efecto es expansivo: si cambia la distribución de fondos coparticipables en el corazón del poder económico y financiero del país, también se abrirá el debate para el resto de los distritos. “La coparticipación se mira y no se toca”, dicen los ministros de Economía provinciales al ver el escenario que se viene. Por aquella celeridad del calendario impositivo, el Presidente debe decidir qué hace con el Consenso Fiscal. Los gobernadores no quieren y dicen que no pueden bajar en 2020 el impuesto sobre los Ingresos Brutos -tal como lo establece aquel convenio firmado por la Nación y las provincias en tiempos de Mauricio Macri- porque, de otro modo, se desfinanciarían. Empresarios, industriales y productores del campo reclaman un gesto a la política para bajar las erogaciones superfluas del Estado, como una manera de compartir las cargas del ajuste. Todos estos sectores consideran que el mayor peso de las medidas recae sobre el mismo grupo de contribuyentes.

La contrapartida de este plan “integral” económico que se va conociendo a cuentagotas, es la mejora del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Fernández juega contrarreloj. El cierre del año acelera decisiones por aquello de que es mejor pagar los costos políticos de entrada que llegar al segundo año con tensiones sociales. El tiempo dirá si la redistribución del ingreso es equitativa y si la Argentina puede recuperar el sendero del crecimiento que se necesita para ser considerado un país normal.