Matar con la indiferencia

24 Ago 2019 Por Roberto Delgado
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Entre la angustia y la indiferencia, los tucumanos atesoramos tristes experiencias en accidentes de tránsito y, como si estuviésemos anestesiados, sólo reaccionamos ante tragedias de altísimo impacto. Como ejemplos están la de los docentes en la nueva ruta 38 en Famaillá, el jueves (cuatro víctimas fatales); y la de los jubilados mendocinos en La Madrid, el 1 de julio (15 fallecidos). Otras, como el choque contra un carro cañero en Arcadia el lunes (dos muertos) ni siquiera fue comentada. Y la de las dos personas que perdieron la vida en Choromoro en un choque múltiple a causa de un caballo suelto en la ruta, el 16 de julio, fue olvidada apenas se difundió.

Es que no sólo estamos anestesiados, sino que la cuestión es como una nebulosa confusa en la que se mezclan leyes y jurisdicciones nacionales y provinciales, con las cuales unos y otros se tiran la pelotita y las culpas. Tras la conmoción del choque en La Madrid, que ocurrió en un cruce de las rutas 157 (nacional) y 308 (provincial), el fiscal Edgardo Sánchez debió pedir informes tanto a Vialidad provincial como a la nacional para entender cómo están o no señalizadas las carreteras.

Reconocimiento lapidario

Aún se desconoce la respuesta de la Nación. Aunque los funcionarios nacionales dijeron públicamente que las rutas estaban totalmente equipadas, los provinciales se ocuparon de denunciar, también públicamente, que la Nación estaba en falta.

“Hay una desinversión en las rutas de la Argentina en general; y en las de Tucumán, en particular”, dijo el director de Vialidad de Tucumán, Ricardo Abad. Pero, por otra parte, el informe provincial fue un reconocimiento lapidario: “El estado de señalización en nuestras rutas no es el óptimo, por la falta de inversión en los últimos períodos, en los que la señalización pasó a ser un elemento secundario”, se dice en un expediente enviado a la Legislatura, firmado por Jorge Chrestia, de Vialidad. Hace unos días se anunció una licitación por 1,7 millón para la señalización horizontal en las rutas, a partir del caso de La Madrid. Pero el informe sigue siendo lapidario: de los 980 kilómetros de longitud de la red vial primaria provincial, el 70% está en un estado que va de regular a malo. “Pese a la inversión, este déficit no será cubierto a corto plazo… en principio, costaría 142 millones de pesos sólo en materiales”, se explica en el expediente, fechado el 8 de agosto. Parece que los costos de la tonelada de cemento asfáltico pasaron de $ 9.000 en 2016 a $ 56.000 hoy. No hay plata ni respuestas.

En cuanto a señalización, en una producción periodística del 23 de junio, se daba cuenta de que los vándalos se robaban o destruían 10 carteles por día en las rutas y que cada cartel costaba $ 10.000. Esto, surgido de boca de funcionarios. Lo que no se entendía era cómo podía ser que se robasen o destruyesen carteles con tanta celeridad y suerte, si -al menos en la provincia- no había presupuesto para montarlos y mucho menos para reponerlos. Tampoco respondieron la clásica pregunta: ¿por qué en Tucumán hay profusión de vándalos y eso no se da en Catamarca o en Salta? ¿O estamos prejuzgando? Lo que queda es solamente la aseveración, compartida por todo el mundo, de que en nuestra provincia está vandalizado el 60% de la cartelería de la red vial. Y por falta de presupuesto, cartel que se vandaliza, cartel que no se repone.

Por otra parte, la tragedia a causa del caballo en Trancas dio lugar a una interesante producción periodística de LA GACETA. Inclusive, se pidió a los lectores que cuenten sus historias y percances con animales sueltos en las rutas. Hubo ocho accidentes publicados, pero cientos de percances relatados a LA GACETA.com. Se supo que el método que utiliza la policía de Tucumán es dejar que lleguen denuncias por animales sueltos y salir a capturarlos con el único camión jaula que hay. También informaron que no hay multas contra los infractores que dejan los animales en los caminos, pese a que la ley nacional sí contempla sanciones pecuniarias. Se supo, además, que Catamarca llevaba secuestrados 200 animales en lo que iba del año; Santiago del Estero, 400, y que Salta secuestraba 30 animales sueltos por día. Tucumán, tan sólo capturó 60 entre enero y este mes. La respuesta oficial fue que en esas provincias “debe haber más animales” y que si se quiere aumentar (o aplicar) las multas en nuestro medio, se debe cambiar la ley. No hubo inquietud por considerar ese asunto en el Gobierno ni en la Legislatura, pese a que se presentó un proyecto para tratarlo. No hubo interés.

Creen que vamos bien

¿Ese desinterés es indiferencia? En realidad, los funcionarios están convencidos de que están actuando bien. Por eso no reaccionaron ante los cuestionamientos por los animales sueltos. Además, da la casualidad de que la tragedia en Famaillá ocurrió en momentos en que se hacía público el informe cuatrimestral sobre seguridad del Gobierno, que destaca que en los últimos años han ido disminuyendo las cifras de accidentes mortales en la provincia. En 2018 hubo 300 muertos, un 10% menos que el registro del año anterior (326 casos).

“Con profundo orgullo, reconocemos en nuestros pasos, sucesos que nos impulsan a seguir trabajando y reconfirmamos que la Política de Estado trazada por nuestro Gobernador Juan Manzur y ejecutada por nuestro Ministro de Seguridad Claudio Maley es la correcta”, concluye el secretario de Transporte, Benjamín Nieva, en la página 23 del informe, que dedica a seguridad vial sólo ocho páginas.

La “cuestión cultural”

La indiferencia en el caso de este accidente de Famaillá puede ser mayor, porque, al haber ocurrido de día, en una ruta en buen estado y en un tramo recto, a la hora de buscar responsables aparecen rápidamente las justificaciones clásicas atribuidas a la incultura vial, que parece genética en nuestro medio: alta velocidad, error humano, despreocupación por el equipamiento o por el uso de elementos de seguridad, como los cinturones. O sea, la negligencia ciudadana -tantas veces explicada como “problema cultural” por las autoridades- parece eximir a los funcionarios de dar respuestas sobre las razones por las que no se puede hacer descender sustancialmente las cifras de accidentes. Según este criterio, las tragedias como la de ayer se deben a la fatalidad y no habría nada que los funcionarios puedan hacer para prevenirlos.

Ello, a pesar de que el Estado termina reconociendo que los percances viales son uno de los problemas más serios de la salud, que significan millones de pesos en gastos. Se dice que el 70% de las camas de los hospitales son ocupadas por accidentados en las rutas o calles. Hace unos meses se decía que cada paciente costaba $ 25.000 diarios en el hospital, sin contar los problemas derivados de la discapacidad para las víctimas y sus familias. En otra nota de abril de 2016, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas dio a conocer un estudio sobre cómo los índices de discapacidad por accidentes en los departamentos del sur de la provincia son superiores a los de la provincia y del país.

La indiferencia se ha impuesto por encima de los esfuerzos individuales. Hace cinco años el director del hospital de Concepción, Rodolfo Cecanti, trató de convocar a todos los factores de salud, educación y seguridad para estudiar el problema. No hubo caso. Hoy una fundación, en acuerdo con el Ministerio de Educación, intenta promover el proyecto EducoVial, para hacer campañas en las escuelas. “Lamentablemente no está acompañada por una resolución formal con recursos económicos para que se realice, sino con buena voluntad”, dice el ingeniero Pedro Katz.

Sin estudios

Es que el hecho de que las cifras están bajando (aparentemente) es suficiente para que los funcionarios piensen que están haciendo las cosas bien, sin que nunca se llegue a debatir por qué no funcionan bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial; por qué en 11 años no se ha podido terminar de aplicar la norma del carnet por puntos; por qué en muchas partes se siguen entregado licencias sin exámenes; por qué no hay multas ni radares ni prevención eficaces; y por qué en amplias zonas del interior provincial y en la periferia capitalina circulan vehículos en estado deplorable y conducidos por gente que no ha tenido que probar su capacidad para manejarlos por calles y caminos.

Es que no hay mayores estudios ni análisis de datos para criticar, refutar o aplaudir los informes oficiales. Ni siquiera con las tragedias sacudiéndonos y generándonos angustia, como ahora. Es que muy poco después vuelve a reinar la indiferencia, justificada en la fatalidad.

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