Las declaraciones juradas de los jueces

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188), que permite acceder a las manifestaciones de bienes de las autoridades del Estado, cumplirá 20 años en vigor en octubre. Se trata de una norma que adquirió una relevancia central para la transparencia de la administración de la cosa pública: ello puede ser advertido con contundencia en Tucumán, donde aún rige la Ley 3.981 de 1973 que establece el secretismo de los patrimonios de los funcionarios provinciales. El vigésimo aniversario de la normativa federal coincide con un hito en la lucha anticorrupción: el acceso a las declaraciones juradas de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pese a las dos décadas de vigencia de la Ley Nacional 25.188, y a que, en el ínterin, el Congreso de la Nación reforzó el derecho de la ciudadanía a controlar la gestión estatal y a su gestores mediante la sanción de reglas de acceso a la información pública, el Poder Judicial de la Nación aplicó sus propios tiempos al reclamo de apertura. La reticencia de los jueces nacionales y federales a revelar sus patrimonios cedió recién durante la gestión anterior del Consejo de la Magistratura de la Nación. Paradójicamente, el máximo tribunal del país permaneció ajeno al movimiento de liberación de los datos patrimoniales que habían emprendido los magistrados de instancias inferiores. Esa diferencia inaceptable cesó el 10 de julio pasado, cuando la Corte nacional entregó las declaraciones juradas correspondientes a 2015, 2016 y 2017 de sus miembros a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que las había peticionado seis años atrás.

Aunque el caudal de información fue menor al solicitado, permitió exponer por primera vez en la historia la situación económica de los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La cabeza del sistema judicial argentino corrigió así una asimetría que resultaba injustificable en estos tiempos, y en comparación con los mecanismos de publicidad existentes en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.

“La publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta herramienta es reconocida como una de las más efectivas para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, motivo por el cual es una obligación presente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial”, reflexionó la ACIJ al presentar las manifestaciones de bienes que había conseguido. La organización no gubernamental con sede en la Ciudad de Buenos Aires añadió: “las declaraciones juradas son un instrumento de mucha utilidad para garantizar la independencia judicial y la legitimidad de la magistratura”.

Si bien los responsables de la ACIJ precisaron que los formularios facilitados por la Corte debían ser perfeccionados para permitir un control efectivo de la veracidad de los datos, celebraron que haya habido una vuelta de página. “La decisión de publicitar las declaraciones juradas es un hecho histórico, que sienta un precedente de mucha importancia para la agenda de la transparencia y del acceso a la información pública en el Poder Judicial”, evaluaron. Se trata de un ejemplo loable, que debe ser imitado por el resto de los Tribunales, incluidos, desde luego, los de Tucumán.