Por semana se abren hasta cinco causas por pornografía infantil

En la Justicia local se han abierto hasta cinco causas por semana Dos investigaciones, que se habían iniciado en Estados Unidos, se extendieron hasta la provincia.

19 Jun 2019 Por Gustavo Rodríguez
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Dos jóvenes se encuentran detenidos, acusados de distribuir pornografía infantil a nivel nacional e internacional. Ese fue el resultado de dos investigaciones que se iniciaron en Estados Unidos y que, después de varios meses, terminaron en Tucumán. En lo que va del año, según confirmaron fuentes judiciales y policiales, se abrieron hasta cinco causas por semana por este delito en la provincia, y en cambio en 2018 se iniciaba una pesquisa por mes.

En diciembre, una ONG norteamericana avisó a las autoridades de ese país que habían detectado tráfico de material prohibido en nuestra provincia. Esa información llegó a un Juzgado Federal, que se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia ordinaria de Tucumán. El magistrado le remitió la causa a la fiscala María del Carmen Reuter, que inició la investigación.

Pasaron semanas hasta que lograron identificar a los sospechosos. Hicieron un allanamiento en la ciudad de Tafí Viejo y otro en el barrio Sur de la capital. Allí secuestraron computadoras, celulares, tablets y discos rígidos, entre otros elementos. Después de haber conseguido una autorización judicial, los especialistas del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) analizaron los materiales y descubrieron que tenían videos e imágenes de pornografía infantil, por lo que fueron detenidos.

Los sospechosos, cuyos nombres no trascendieron aún, son menores de 25 años y trabajan como empleados en distintas firmas. En principio, según confirmaron las fuentes consultadas, no se conocerían. Hasta el momento no hay indicios de que ellos se hayan dedicado a la producción de ese material, pero sí podrían estar involucrados en la distribución sin fines lucrativos y tenencia, que también son penados por la ley.

Reuter ya pidió que se les dicte prisión preventiva, planteo que aún no fue resuelto por el juez interviniente. En caso de que acepte el pedido, serían los primeros acusados de este delito que permanecerán privados de la libertad, hasta tanto sean enjuiciados, o por el tiempo que el magistrado lo resuelva, aunque tiene un máximo de dos años para hacerlo, según las normas vigentes.

Más herramientas

“No es que se hayan incrementado los casos, sino que ahora tenemos más herramientas para detectarlos”, sostuvo el comisario Héctor Marín, jefe de la división Delitos Telemáticos, que estuvo al frente de las dos investigaciones. “El National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Desaparecidos y Niños Explotados) ha logrado confeccionar una increíble base de datos que permite detectar el tráfico de este material. En otras palabras, aportó a nivel mundial una herramienta para acabar con redes de pedófilos o pederastas”, explicó en una entrevista con LA GACETA.

Investigar este tipo de causas es complicado. El organismo norteamericano realiza la denuncia en un Juzgado Federal, que envía un pedido de informe a la Policía Federal. Si los peritos de esa fuerza determinan que el IP (código personal de la señal de internet que tiene cualquier usuario) es del interior del país, declina la competencia y envía a la Justicia ordinaria el expediente.

En nuestra provincia, los jueces de instrucción del Centro Judicial Capital envían el expediente a la fiscalía de Delitos contra la integridad Sexual, que es conducida por Reuter.

“Primero se pide informes a las empresas operadoras para identificar al usuario del IP. El trámite no es sencillo porque las respuestas tardan mucho tiempo en llegar y porque los que están en esta actividad ilícita utilizan la señal de terceros”, comentó Marín. “Tenemos un caso emblemático: hicimos un allanamiento en la casa de dos mujeres de más de 60 años, que no tenían la más mínima idea del uso de internet. Ellas nos dijeron que compartían Wi-Fi con un vecino que sí distribuía material. El acusado tenía internet en su casa, pero usaba la señal de las mujeres para no ser descubierto”, explicó.

El jefe de la división de Delitos Telemáticos reconoció que muchos tucumanos no saben de la gravedad del delito. “La Ley contempla penas para la producción, distribución -ya sea con fines lucrativos o no- y la tenencia de material. El que los comparte por las redes sociales también podría tener problemas”, remarcó.

Expresó que los avances tecnológicos han favorecido el desarrollo de estos delitos. “Antes una persona tenía mayor facilidad para cuidar a los menores de edad. En los hogares había una computadora, una notebook o una tablet y nada más. Pero ahora los chicos con los celulares han quedado expuestos a las personas que están buscando captarlos, a través de diferentes engaños. El control de los adultos es la mejor prevención”, concluyó.

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