25 Mayo 2019
1- Nueva golpiza
Giri y Ledesma denunciaron en enero que habían sido torturados, debido a que se habían negado a vender droga que, supuestamente, les entregaban los guardiacárceles. En la Justicia Federal dieron información de que se trataría de tráfico de pastillas, cocaína y marihuana en el interior del penal. La semana pasada ampliaron su declaración ante el fiscal federal Pablo Camuña, por lo que el juez pidió que se solicitaran medidas de protección para ambos testigos. Sin embargo, su orden no se habría cumplido y los denunciantes fueron golpeados el sábado pasado.
2- Irregularidades
El camarista Pedro Roldán Vázquez, que actuó en defensa de Giri, pidió el viernes que lo trasladaran a la Seccional 1ª para que estuviera protegido. Al no haberse cumplido con su trasladado, el sábado se presentó en el penal y encontró al reo golpeado, por lo que él mismo supervisó que se cumpliera su orden. Investigó lo que había sucedido y determinó que el comisario Elías Olivera, quien debió llevar adelante la medida, no lo había hecho.
Como el funcionario no dio una razón convincente sobre la omisión, el juez le aplicó una multa de $ 35.000 y ordenó que afrontara una investigación penal para determinar si cometió un delito.
3- Tensa espera
El juez federal Daniel Bejas, según trascendió, le habría solicitado a su par de la Justicia provincial, Francisco Pisa, que atendiera a Ledesma, el otro recluso. El magistrado penal habría actuado el lunes y recién el miércoles ordenó que el reo sea trasladado hasta la comisaría de Los Aguirre.
4- Versiones
Tanto Ledesma como Giri denunciaron que les propinaron la golpiza porque ellos habían ampliado la denuncia por el presunto tráfico de drogas dentro del penal. “Ellos dijeron que nos matarían si es que continuábamos denunciándolos”, dijo uno de los reos. Y recalcó que ellos habían señalado que la panadería era uno de los lugares por donde ingresaban los estupefacientes. Semanas atrás, personal de Institutos Penales descubrió que un empleado civil, que se desempeñaba en ese lugar, había ingresado unas 2.000 pastillas -se trataría de psicofármacos-.
Sin embargo, las autoridades del penal dieron otra versión de lo ocurrido. Dijeron que ambos resultaron lesionados después de haber enfrentado a un cuerpo de guardiacárceles que había descubierto que habían ocultado facas carcelarias, palos y piedras en sus calabozos.
El defensor de los acusados, Gustavo Morales, desmintió esa situación. Argumentó que Ledesma nunca podría haber enfrentado a un cuerpo de guardias porque desde hace más de dos meses usa muletas. Además, consideró llamativo que en la unidad de Máxima Seguridad se hayan encontrado facas, piedras y palos, teniendo en cuenta que los alojados tienen una régimen de encierro de 23 horas horas diarias, y una sola de recreo. “Si realmente encontraron esos elementos, estamos hablando de una enorme negligencia que debe ser investigada de manera urgente”, planteó el letrado.
5- Dudas
Después de que se hicieran públicos los apremios que habían recibido Giri y Ledesma en marzo pasado, desde la Justicia Federal se envió un oficio a Instituto Penales para que se brindara protección a los dos denunciantes. Se propuso trasladarlos al sector de Máxima Seguridad, planteo que fue rechazado por los funcionarios judiciales.
Sin embargo, cuando salió a la luz el nuevo incidente, los denunciantes aseguraron que estaban alojados en esa unidad desde hacía varias semanas y que allí, además de recibir castigos físicos, le reducían la comida y las raciones de agua.
El ministro de Seguridad, Claudio Maley, desmintió que se haya producido esta situación. “Con respecto a los traslados y la ubicación de los internos en el Servicio Penitenciario, se los dispuso por su conducta, edad y tipo de delito. Está funcionando a pleno el Consejo Correccional para determinar las conductas de los presos, así como el Servicio de Criminología que clasifica al detenido para generar las condiciones de estabilidad al insertarse en un grupo de convivencia, y a la vez, garantizar la integridad física de cada uno de los internos”, explicó.
El funcionario agregó: “la Ley Penitenciaria impone esta función, más allá del pedido particular de cualquier juez o de un abogado, ya que desde el mismo momento en que el interno ingresa al penal se debe garantizar su integridad física”.
6- Antecedente
Sebastián Medina (31 años) fue ultimado en el patio del penal en noviembre de 2017. En un principio se pensó que se trataba de una trágica pelea entre dos internos, pero después se descubrió que su crimen podría haber estado vinculado con el tráfico de drogas. Medina, junto con un compañero, denunció que había sido amenazado por los guardias por negarse a vender droga que le habría entregado el personal del servicio penitenciario.
Después de haber denunciado el caso en la Justicia Federal y que el fiscal Pablo Camuña les pidiera protección, ambos reos fueron trasladados hasta la Seccional 7ª. Sin embargo, y sin ningún tipo de autorización, en noviembre fueron llevados al penal de Villa Urquiza, donde fueron castigados. Pese a las gestiones que realizaron Silvia Furque y los familiares, el preso fue asesinado por otro interno.
La fiscala Adriana Giannoni, que investigó el caso, acusó del homicidio a Alejandro “Pichi” Mendoza, pero también formuló imputaciones contra funcionarios del área por este hecho. A Guillermo Snaider lo acusó de no haber cumplido con sus deberes de funcionario público por no haber evitado el traslado de Medina; y de José Cisterna y a Walter Pato sospecha que podrían haber tenido algún tipo de participación en el crimen.
7- procesos
Tanto la justicia provincial como la Federal, llevan adelantes investigaciones que se iniciaron a raíz de las denuncias realizadas por los reclusos. La fiscala Giannoni, en los próximos días, elevará a juicio la causa por el crimen de Medina. Paralelamente, su par, Mariana Rivadeneira, investigará los supuestos apremios ilegales de los que fueron víctimas Giri y Ledesma.
A la vez, Pisa y los miembros de la Sala IV deberán resolver los planteos de habeas corpus presentados por el defensor de los reos denunciantes.
8- En la Federal
De manera simultánea, en el fuero federal se investigan más de una docena de causas que tienen que ver con el tráfico de drogas dentro del penal. Al menos dos de ellas fueron iniciadas por las denuncias que realizaron los presos.
Dentro de ese listado, cuyos detalles se mantiene en la mayor de las reservas, personal de Instituto Penales aparece involucrado por lo menos en tres. La última se abrió cuando descubrieron al empleado civil intentando ingresar 2.000 pastillas.
9- Preocupación
El caso generó preocupación hasta en la Corte Suprema de la provincia, que habría decidido seguir bien de cerca la evolución del caso. Funcionarios del máximo tribunal recolectaron informes sobre lo sucedido en el penal. También se entrevistaron con los dos reos denunciantes.
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