Esposas en las muñecas de la corrupción

Siete días atrás, Tucumán fue menos “Trucumán”. Después de décadas de calcinación institucional, sopló el vientecito de la igualdad ante la ley. El cambio de aire quedó plasmado en la imagen que transmitieron los agentes de la Policía Federal mientras se dirigían a arrestar a funcionarios públicos encumbrados de la gestión anterior. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de los imputados que acaban de ser condenados por encubrir la investigación del crimen de Paulina Lebbos. Tres circunstancias novedosas realzan esa instantánea. Uno: la orden de captura procedió de la Justicia penal provincial, la misma institución golpeada por su falta de capacidad -¿voluntad?- para investigar al poder. Dos: la sanción alcanza también a los patrimonios personales de los imputados. Tres: la privación de la libertad por condena a prisión efectiva no alcanzó a peces medianos, sino gordos, del Estado por primera vez en la historia de los Tribunales locales.

Los delitos que verificó la Sala III de la Cámara Penal de esta capital forman parte del universo de la corrupción. Se trata de actos ilícitos percibidos a granel, que el sistema judicial no castiga por motivos que comprenden desde la falta de independencia hasta una burocracia colapsada. Sin proponérselo y sin haber logrado el esclarecimiento de la muerte de la víctima, el caso “Lebbos” ha prestado un servicio a la fe en el Poder Judicial. A partir del veredicto de este 25 de febrero corresponde añadir “casi” a “nunca”: ya no es cierto que jamás “caen” los que mandan, por más que parezcan invencibles en su vocación por quebrar el orden jurídico, pisar a los críticos y sabotear los controles. Es posible que muchos cultores de esos excesos no “lean” el mensaje que jaquea su tranquilidad, pero su existencia revela una fisura en la creencia de que es posible manejar la Justicia y salir indemne suceda lo que suceda. Malas noticias para quienes se creen a salvo: las causas duran tanto que no es suficiente con armar “un” Poder Judicial. Y nadie posee las manijas para digitarlos a todos.

La sentencia de los vocales Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti aún puede ser revertida por las cortes supremas, pero el antecedente pesa por el valor simbólico de un proceso que lleva 13 años, y que en el camino cercenó las carreras del ex fiscal Carlos Albaca; de su superior, el ex ministro público fallecido Luis De Mitri y de una variedad de jerarcas de Seguridad, incluidas las bajas policiales recientes del subjefe Francisco Picón y del jefe José Díaz.

Un príncipe del foro evalúa que el juicio produjo material comprometedor en abundancia. Si el fiscal Diego López Ávila lo examinara con lupa, podría encontrar pruebas suficientes para hacer un festín de incriminaciones. La Sala III, por lo pronto, señaló que hay que explorar a barrabravas, a policías y a figuras ligadas a la droga, además de a los funcionarios implicados en el ascenso del comisario Enrique García. ¿Habrá entre ellos un arrepentido que cante lo que aún permanece silenciado? El caso “Lebbos” no se termina nunca. Lo sabe Albaca, que está próximo a sentarse en la silla de los acusados.

Las derivaciones judiciales de este crimen sucedido en 2006 configuran la excepción a la regla de la impunidad de la corrupción. La sentencia condenatoria de este año se suma a la que el mismo tribunal -con Emilio Páez de la Torre en el lugar de Macoritto- había pronunciado en 2013 respecto de García y de los otros agentes policiales de Raco, Manuel Yapura y Roberto Oscar Lencina, que intervinieron en el hallazgo del cuerpo. Ese fallo dio por probado el encubrimiento y la falsificación de actas, y permitió en buena medida el enjuiciamiento de quienes estaban más arriba en la cadena de mando: Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Héctor Brito. El hilo no siempre se corta por la parte más débil. Otra lección para un Ministerio Público Fiscal que suele contentarse con los rangos insignificantes y con los marginales adictos. ¿Por qué esta vez no fue así? Hay quienes analizan que el querellante Alberto Lebbos y su deseo de justicia a prueba de balas explican la diferencia. La tradición indica que muchas preguntas y averiguaciones obvias nunca son formuladas en las causas que procuran dilucidar delitos cometidos durante el ejercicio de la función estatal.

La Sala III de la Cámara Penal comienza a destacarse en el horizonte de los Tribunales de Tucumán por sus decisiones en procesos sobre corrupción con trascendencia pública. La base de datos elaborada por LA GACETA y Chequeado sobre la base de 219 expedientes de esa especie abiertos entre 2005 y 2017 en la Justicia local y en la federal corrobora que sólo este estrado puede exhibir una condena firme -que posee el carácter de cosa juzgada- y prisiones efectivas. Esa actuación es reafirmada por los fallos emitidos en otros procesos penales que no tuvieron repercusión, como las causas “Quiroga” y “Medina”, que respectivamente constataron hechos ilícitos perpetrados con planes sociales y exacciones ilegales ejecutadas por inspectores de la Secretaría de Trabajo.

Aunque la estadística sigue siendo abrumadoramente favorable a la ausencia de sanción para los corruptos, la trayectoria del caso “Lebbos” denota que existe una porción de la sociedad sensibilizada con el mal que enferma al Estado, y pendiente de lo que la Justicia hace o no hace al respecto.

La invisibilidad histórica de la corrupción está en duda en gran medida porque cada vez resulta más difícil ocultarla. La idea de que un funcionario público infiel puede ir a la cárcel es el incentivo más poderoso para observar y hacer observar la Constitución, como dice el juramento que todas las autoridades prestan al asumir en sus cargos. También debería ser un aliciente para revertir la situación dramática de los calabozos, pero se ve que que en las alturas del poder todavía prevalece el convencimiento de que es posible permanecer indefinidamente al margen de ese “Trucumán”.