Es difícil contar hasta 100

¿Será una broma por el Día de los Inocentes? La sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dice que el inciso 6º del artículo 43 de la Constitución provincial es nulo e inconstitucional. Por lo tanto, le ordena al Poder Ejecutivo que llame a elecciones cuando lo disponga, sin ataduras.

Más específicamente: el inciso 6 del artículo 43 de la Constitución dice lo siguiente:

La elección de autoridades se efectuará dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo lo dispuesto en el caso previsto en el inciso anterior. Esto, según los vocales Juan Ricardo Acosta y Horacio Ricardo Castellanos, tiene absoluta nulidad y es inconstitucional.

Lo llamativo es que si se sigue leyendo la Constitución y se logra llegar hasta el artículo 100 se podrá ver el siguiente texto:

La elección de Gobernador y Vicegobernador se realizará dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo que el Poder Ejecutivo decida convocar a elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales. En este caso, todos los plazos dispuestos por esta Constitución podrán ser adecuados a la convocatoria nacional.

La constitucionalista Carmen Fontán metió el dedo en la llaga cuando en LA GACETA de ayer les recuerda a ambos magistrados que sigue vigente este artículo por lo tanto la limitación temporal para el llamado a elecciones se mantiene y entonces el gobernador no podrá adelantar los comicios.

¡Que la inocencia le valga! ¿A quién? ¿Al gobernador y a su vice, cuyas alegrías les habrán durado minutos hasta que leyeron el artículo 100? ¿Al Frente Renovador de Víctor Hugo Arias y de Mariela Martín Domenichelli, dos espadachines de Sergio Massa en Tucumán que presentaron el recurso? ¿A Acosta y a Castellanos, que en su apuro por dictar sentencia antes de que se vaya el año se enredaron en la embrujada madeja de la Carta Magna tucumana?

La ley del último recurso

La sabiduría de la democracia tiene previsto el control de los poderes en salvaguarda del ciudadano, del bien común. Y, con más razón, el control de la constitucionalidad de nuestra constitucionalidad está asegurado por la mirada atenta que hacen los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo entre sí. Este cuidado de la constitucionalidad es un último recurso cuando efectivamente algunos de los poderes se ha llevado por delante al otro. Hasta entonces, se hace innecesaria la intervención de la Justicia. Pero cuando el poder político -seguramente siguiendo sus ambiciones desmedidas- decide cambiar las reglas de juego, entonces sí es el momento de la Justicia para poner quicio, para no permitir desbarajustes. Lo curioso en este caso es que ha ocurrido al revés, la Justicia con su fallo ha pretendido cambiar las reglas de juego establecidas y respetadas sin problemas de 2006 a la fecha.

El fallo puede tal vez considerarse impecable desde el punto de vista de su decisión de declarar nulo el inciso polémico. Tanto es así que quien lee se sentirá como en un escrito literario en el que el autor lo lleva inexorablemente a ese final. Como la Constitución es la ley suprema, cuando se declara la necesidad de la reforma se deben plantear los puntos a revisar; cuando ello no se hace aparece el imprescindible control de constitucionalidad, que en lo formal es justificado por Acosta y Castellanos cuando declaran la nulidad del inciso.

Pero desde el razonamiento de la constitucionalidad es llamativo que en este Tucumán de más de un centenar de partidos políticos no se haya consultado a ninguno más del demandante. Más aún, así lo exigió la Corte Suprema de Justicia en otros planteos. Por eso suele ser común que se solicite la opinión a otras estructuras políticas para ver realmente si se sienten conculcados derechos. Y la sentencia no termina de justificar el porqué de esa inconstitucionalidad. No precisa a qué norma constitucional se opone.

En el planteo del Frente Renovador, ¿cuál es el derecho que se ve afectado? Simplemente se plantea la necesidad de tener los comicios un poco más separados. Esta Constitución alperovichista se ha deshilachado por múltiples excesos donde se afectaban las garantías constitucionales. Eso pasó cuando se quería designar jueces según el capricho del gobernador y cuando se quiso hacer una Junta Electoral al gusto y paladar del Poder Ejecutivo. En esos casos el ciudadano se encontraba en la encrucijada de quedar a disposición del mandante de turno; en cambio en este caso no aparece -tampoco Acosta ni Castellanos lo justifican- afectadas aquellas garantías. En la presentación el equipo de Massa demanda la inconstitucionalidad del inciso de la Constitución provincial por contradecir la ley nacional, razonamiento que puede considerarse débil por cuanto las provincias no están sujetas a la Nación y por lo contrario, se organizan como quieren. Aquí se abren interrogantes sobre los verdaderos beneficiados de este fallo que, siguiendo el razonamiento de la constitucionalista Fontán, sería absolutamente estéril.

Un menú a la carta

Sólo hay un partido político en condiciones de salir a la cancha electoral mañana mismo si fuera necesario. Ese es el oficialismo. El peronismo, que además es el único que hasta fórmula gubernamental (Manzur-Jaldo) tiene. Para el resto, realizar comicios en mayo, junio o julio se convierte en un problema; hasta sin vacaciones los deja. El fallo parece que sólo favorecería a Manzur y a Jaldo. Por eso es llamativa la frase del vicegobernador a cargo del Ejecutivo cuando dice que acatará el fallo como siempre se lo hizo. Ni es un pesar cumplirlo ni es tan cierto que se respete las órdenes judiciales, menos cuando se trata de los movimientos de fondos de la Legislatura.

La sentencia tiene la firma del doctor Acosta, un ex funcionario de Manzur que ahora devenido en juez independiente señala con rapidez y claridad las extralimitaciones de la constituyente que presidió, nada menos que el mismísimo Manzur. Acosta y Castellanos además han dispuesto delegar en el Gobierno la decisión de fijar la fecha, algo que aún cuando no escapa a la lógica, despierta suspicacias porque es el Gobierno uno de los más interesados, ya que está en juego nada menos que la reelección del gobernador y del vice. Es casi como darle vía libre para poner la fecha de la final, el árbitro y la hinchada. Ni la AFA llega a esos dislates.

Desde que asumió, Manzur trató de diferenciarse de Alperovich. Hizo un esfuerzo especial en ese sentido. Y, como la prepotencia ante las instituciones y la falta de respeto a muchas cuestiones institucionales fue notoria en el gobierno de Alperovich, Manzur siempre trató de mostrar prolijidad al respecto. Salvo en la reforma política, no habría reproches en ese sentido. Sin embargo, pareciera que cuando algo lo pone nervioso o le da miedo, en el acto se vuelve más alperovichista que nunca y actúa con la misma prepotencia; y la prepotencia hacia las normas implica inseguridad. No siempre la inseguridad es ámbito policial. Adelantar las elecciones muestra cierta preocupación y hasta cierta debilidad. ¿Le teme a Alperovich? Al igual que muchas provincias está claro que Cristina se ha convertido en un fantasma que camina y se cuela en los debates electorales. Y, ese 30% que aparece en las encuestas es pétreo y asusta a más de uno porque podría poner en riesgo una elección asegurada.

Los une el espanto

Está todo listo para servir el menú. Los comensales no quieren mostrarse inapetentes. Quieren que la ciudadanía los vea hambrientos de poder. Por eso cuando son consultados apelan a la prudencia. Ni cuestionan el fallo que tal vez nada cambie, ni muestran amedrentamiento ante el hipotético adelantamiento de los comicios. En algo coincidieron José Alperovich, Silvia Elías de Pérez, Ricardo Bussi y hasta José Cano, es que plantearon que estaban dispuestos a afrontar los comicios cuando fueran. Nada más alejado de la realidad, ya que ninguno tiene la fortaleza ni las posibilidades de salir a jugar el partido, como sí los tiene el oficialismo; pero pareciera que la premisa es no mostrar miedo ni aún cuando lo sientan.

Tucumán se ha visto sacudida por tensiones entre las ambiciones y los excesos políticos. En ambos casos ha tomado intervención la Justicia. Como en un gran simulacro todo se ha disimulado, pero no solucionado. Como en esos cuentos en los que los personajes inexorablemente se encuentran condenados a repetir cíclicamente sus historias, tres años después las historias se repiten.