Por Luis María Ruiz
22 Diciembre 2018
LEGISLATURA. LA GACETA/ ARCHIVO
La reiteración de la prórroga en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) generó una formal manifestación de descontento por parte de la Legislatura hacia la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
En la última sesión del año, que se extendió por más de 11 horas, los legisladores sancionaron por unanimidad un proyecto que habilitó el aplazamiento en la implementación de aquella normativa, cuyo objetivo es dinamizar y eficientizar la investigación de las causas penales, así como lograr sentencias efectivas en delitos de jurisdicción provincial (desde robos hasta homicidios). Si bien el cuerpo colegiado modificó la fecha de vigencia el CPPT, que pasó del 1 de febrero al 6 de mayo próximo, también aprobó en paralelo -y sobre tablas- una resolución dirigida al Palacio de Justicia para dejar sentada su postura sobre el tema.
“La Legislatura (...) manifiesta su profunda preocupación por el pedido de aplazamiento para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, solicitado por el Poder Judicial, teniendo en cuenta que este digesto es producto del estudio y el consenso logrado por los tres poderes del Estado. Esto lo convierte en una norma de máximo valor jurídico”, fue el texto que leyó en el recinto el secretario de la Cámara, Claudio Antonio Pérez. Y continuó: “(se trata de) una herramienta destinada a fortalecer la seguridad de la población, y nosotros, como representantes del pueblo advertimos, que esta nueva postergación se lleva a cabo en un contexto en el que la seguridad ciudadana se ha convertido en un valor cada vez más apreciable”.
El proyecto, que había sido acordado en Labor Parlamentaria y no figuraba en el orden del día original, llevaba las firmas del vicepresidente 2° de la Legislatura, Ariel García (UCR), y de los presidentes los distintos bloques, como Ramón Santiago Cano (PJ-Tucumán Crece), José Canelada (Unión Cívica Radical), Silvio Bellomio (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Luis Brodersen (PRO), Eduardo Bourlé (Trabajo y Dignidad) y Luis González (Arturo Illia), entre otros.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en una sesión en la que las políticas públicas contra la escalada del delito fue uno de los temas centrales bajo debate.
La nueva normativa que regulará el proceso penal fue sancionada en noviembre de 2016, tras un extenso trabajo de una comisión especial interpoderes, integrada además por expertos en la materia. El texto, que reemplazará el régimen instaurado en 1991, contempla herramientas cuya implementación el Poder Judicial de la Provincia aún no está en condiciones de afrontar por cuestiones materiales (falta de salas de audiencia, por ejemplo) y de recursos humanos. Por esta razón, su puesta en vigencia había sido postergada en dos ocasiones. Ayer fue la tercera.
“(El nuevo CPPT) permite que la política criminal, que realiza el Poder Judicial, tenga una dinámica diferente a la que se aplica hoy. En la actualidad, de 100.000 expedientes que ingresan anualmente, el 0,02% es elevado a juicio. La preocupación por la puesta en vigencia la manifiestan todos los poderes; también el Poder Ejecutivo, por la necesidad de que se acabe esa puerta giratoria”, expuso el peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. Agregó: “la sociedad nos reclama que la persona que cometió un ilícito sea investigada, sea juzgada y, si corresponde, sea condenada; para eso se necesita esta norma, para que se llegue a una condena en un plazo razonable, no a 15 años del hecho”.
La postura fue compartida por la oposición. Fernando Valdez (UCR), titular de la comisión de Derechos Humanos, reclamó que “se apliquen” las herramientas vigentes. Canelada coincidió con su “correligionario”. “Lo que esta Legislatura debía hacer, ya está hecho. Por eso, hago pública esta interpelación para que la cabeza de la Corte Suprema y de los ministerios públicos avancen”, dijo el radical.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo fue consultado al respecto por LA GACETA. “Se prorrogó la aplicación del CPPT, y a la par hemos emitido una resolución para expresar la preocupación del Poder Legislativo por la no aplicación de esa norma. Entendemos que esto va a ayudar al Poder Judicial a mejorar la seguridad en la Provincia”, afirmó.
Voces desde las bancas por el DNU
Marcelo Caponio (oficialismo): “Yo quiero que los delincuentes estén presos o muertos. No quiero que mueran más tucumanos como ayer (por el jueves)”, aseguró el peronista, en alusión al homicidio del joven Marcos Sáez.
Nancy Bulacio (oficialismo): “En mi pueblo había un paisano que organizaba bingos”, narró la peronista, para cuestionar las críticas de la oposición por la compra de armas de origen israelí. Y agregó que “siempre el premio era un lechón y una torta”. “‘Estos siempre hacen el mismo bingo’, decían en el pueblo. El organizador, entonces, tomó una decisión: ‘voy a cambiar el sorteo, voy a poner un pollo y una torta’, dijo. Pero los vecinos también se quejaron. Entonces, mi abuelo, que también era paisano dijo: a estos no hay bingo que le venga bien”.
Guillermo Gassenbauer (oficialismo): “No veamos esto como una mera compra, sino como un reinicio para reacondicionar las fuerzas de seguridad”, dijo.
ariel García (UCR): “Me cuesta creer que este DNU se trate de un negociado”, afirmó el radical. Y cuestionó la postura de los legisladores alperovichistas. “No nos podemos hacer cargo de los 12 años en que estuvo ausente la seguridad de las políticas públicas”, señaló el vicepresidente 2° de la Legislatura.
roque cativa (Oficialismo): “Los argentinos y los tucumanos hemos asistido de manera totalmente sorprendidos a uno de los circos más grandes de la historia de la política argentina: ese famoso G-20 de Buenos Aires, y ¿saben cuánto ha invertido la Nación en ese evento? 1.500 millones de pesos”, expresó el peronista.
Juan Ruiz Olivares (oficialismo): “El verdadero teatro lo están haciendo acá (los de Cambiemos), con la sangre derramada por nuestros ciudadanos”, remarcó.
Votación del DNU
Lo rechazaron Eudoro Aráoz (UCR), Silvio Bellomio (Peronismo del Bicentenario), Luis Brodersen (PRO), José Canelada (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Adela Estofán (UCR), Luis González (Illia), Silvia Rojkés, Julio Silman, Alfredo Toscano (PJS) y Claudio Viña (Nueva Fuerza). Al margen de sus críticas, no participaron de la votación Fernando Valdez, Raúl Albarracín y Rubén Chebaia (UCR), y Christian Rodríguez (PdB). No asistió a la sesión, con aviso, Stella Maris Córdoba.
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