Discapacidad: crece la tensión por los atrasos en sueldos e insumos

31 Ago 2018
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EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. Trabajadores que se desempeñan en instituciones vinculadas con la discapacidad marcharon con sus pacientes. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO.-

La marcha estaba encabezada por profesionales con ambos de color bordó y por unas mamás que empujaban las sillas de ruedas de sus hijos con diferentes discapacidades. Ahí estaba Fernando Frías, de 31 años, que tiene parálisis cerebral desde que nació. Su madre Hilda explicó que estaba en la movilización para protestar por los recortes de fondos que sufren las instituciones que los atienden, por los retrasos en los pagos a los profesionales, pero también por algo que les pega de cerca: los insumos necesarios para atender la afección de su hijo se demoran o no llegan. “La ayuda para comprar los pañales para Fernando la recibimos tarde y, cuando la tenemos, la farmacia donde podemos retirarla se queda sin stock”, se lamentó la mujer.

Ayer, integrantes de más de 50 instituciones y organizaciones marcharon en la plaza Independencia para decir “no al ajuste en discapacidad”. La misma protesta se repitió en varias ciudades del país. En la plaza tucumana estuvo Débora Santucho, junto con Luciano Coronel, su hijo de 10 años, que sufre convulsiones. Ella contó que esta situación afecta directamente la alimentación del chico: “nos dan sólo dos latas de leche, cuando él consume 300 mililitros de leche cada tres horas. Desde el mes pasado le empezaron a quitar la cantidad de este alimento tan básico e importante. Otro problema es que sólo dan medicamentos genéricos, y hay muchos chicos que no los toleran”.


CON PANCARTAS. Los manifestantes, con la Casa de Gobierno de fondo. la gaceta / fotos de analía jaramillo

La movilización comenzó a las 10 en la plaza Independencia y se extendió hasta el mediodía; fue encabezada trabajadores de escuelas especiales, de centros de día, de centros educativos terapéuticos y de hogares. “Estamos reclamando los honorarios de los profesionales, de los transportistas, de los pacientes en general. El no recibir la remuneración afecta todo: cómo los padres llevan a sus hijos a terapia, cómo pueden recibir una terapia adecuada, entre otras cosas. Hay un atraso de la Superintendencia de Discapacidad, que es la que libera los pagos de las obras sociales”, explicó Susana del Valle, profesional del centro educativo terapéutico Convivencias. Se quejó por la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales.

“Me llama la atención que la vicepresidenta Gabriela Michetti no haga nada por esto, justamente porque ella es discapacitada. Mucha gente vive, come con estas partidas. Ella tendrá dinero, pero el resto de la población no. En Tucumán hay pobreza y hay mucha discapacidad. Espero que el Gobierno local salga y nos ayude, que interceda, que sea el mediador a nivel nacional para que tengamos los honorarios como corresponde”, añadió la profesional, que marchó junto con representantes de instituciones, transportistas y familiares de personas con discapacidad.

Autoridades provinciales recibieron ayer a los representantes de la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social (APTE), una de las agrupaciones organizadoras de la protesta. “El gobierno Nacional les adeuda varios meses y los aumentos del combustible les cercena la fuente de trabajo. Esto es gravísimo. Hoy, en plaza Independencia está el dolor de los familiares y de las personas con discapacidad que están recibiendo un trato cruel e indigno, teniendo a la cabeza de la Agencia Nacional a la propia Presidencia de la Nación”, comentó a LA GACETA Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno de la Provincia. La funcionaria confirmó que durante la mañana elaboró un pedido de audiencia personal a la Agencia Nacional de Discapacidad para mediar por este problema que afecta a muchos tucumanos.

> Deuda a los nefrólogos
No recibirán diálisis más de 1.500 pacientes

Con el marco de las protestas que se hicieron en todo el país, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina informó que desde mañana no aceptará más pacientes del programa Incluir Salud (ex Profe). Se trata de unos 1.500 pacientes carenciados en todo el país que podrían quedarse sin su tratamiento. “El Estado debe a los nefrólogos más de $ 250 millones. La deuda supera el año y desde la Agencia Nacional de Discapacidad no hay respuesta.
Los centros de diálisis también se hacen cargo del traslado de los pacientes. Si no hay una repuesta positiva, en breve también se podrían interrumpir las sesiones a los pacientes en tratamiento”, anunciaron.

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