Gente hundida

21 Jul 2018
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ARCHIVO LA GACETA

Cuando Dorila Gómez dijo que rechazaba la casa que le prometía el delegado comunal de El Manantial cambió el foco de la noticia. De ser una mujer hundida con su familia en la pobreza más extrema pasó a ser otra cosa. ¿Debe aceptar lo que le den o puede elegir o reclamar? De la carencia total a algo hay un espacio que abarca dilemas éticos para esta mujer pobre y también para quienes siguen su historia. El debate va a seguir y posiblemente genere más polémicas. Pero lo que subyace detrás de este drama son problemas estructurales que no sólo condicionan la vida de la gente hundida sino también moldean su forma de actuar y de interpretar el mundo. El clásico de Ortega y Gasset: uno es según su circunstancia.

Personas invisibles

No hace demasiados días que los gobiernos nacional y provincial se ufanaban de que había bajado la pobreza en el país y en Tucumán. En abril lo decían. Comparado con el 30% de 2016, el 27,7 fue celebrado a nivel Nación y en Tucumán se señaló que la baja había sido del 27,7% al 21,8%. Traducido a números, en la provincia 192.500 personas eran pobres y 27.000, indigentes. “Falta mucho por hacer”, decían los mandatarios, pero hablaban de un contexto de “crecimiento” de la economía (2,9%) y de “baja” del índice de desempleo al 7,2%. Eso se publicó el 29 de marzo. Ahora, tres meses y medio después, explosión de la economía mediante, las expresiones son cautas porque todos saben que pueden caer en el pozo: el mismo Macri reconoció hace tres días que no han podido cambiar la realidad estructural del país, que tiene desde hace años un 30% de gente pobre. Isaías Ledesma, el delegado del Ministerio de desarrollo Social de la Nación, dijo que la realidad de Tucumán es que desde hace muchísimos años hay crisis habitacional. “Tucumán tiene muchos asentamientos y barrios con construcciones precarias, sin servicios básicos”. Ledesma, que no se presentó al programa “Panorama Tucumano” para hablar del tema, dijo que están trabajando en 72 localidades en la provincia y que hay 50 barrios con vulnerabilidad extrema. No se sabe si es mucho o poco. Fernando Rogel, director de Regulación Dominial y Hábitat, dijo que hay 300 asentamientos irregulares en la Provincia. Tampoco quedó muy clara la cifra. Hace dos meses se decía que había 180 villas de emergencia. Rogel definió que “basta que se constituyan 14 casas en un predio para que sea considerado una villa”. En el caso de Dorila, son unas 50 familias y ahora todos esperan que les den luz y agua (por ahora hay un caño comunitario) a pesar de que es un terreno privado. ¿Como llegaron ahí? No se sabe. Estaban invisibles para el mundo a pesar de que ella se instaló en ese “monte” con sus hijos hace casi tres años. Luego llegaron las otras familias.

Las constantes usurpaciones

Cómo llegaron allí todos es otra historia. Los conflictos por usurpaciones forman parte de la vida urbana tucumana. Muchos barrios de la periferia capitalina han surgido de asentamientos en terrenos usurpados: en el Santa Rosa de Lima (ex Matadero), en La Costanera... También hay en predios de la Universidad y en cualquier parte pueden aparecer invasiones. En Yerba Buena, en El Cadillal... Alguien con contactos políticos planifica la ocupación de un terreno, determina exactamente cuántas familias caben en ese predio, después aguantan la presión hasta 10 días y si la Policía no los puede sacar en ese plazo ya tendrá que intervenir la Justicia que, como se sabe, tiene plazos que significan años. Luego llegarán la luz y el agua, que les tienen que dar obligadamente las empresas de servicios. Al cabo de 10 años de posesión ya será posible hasta tener papeles de las casas. Así ha funcionado, más o menos, el sistema. Siempre se ha hablado de punteros políticos expertos en el asunto -que saben si se trata de terrenos fiscales o predios privados cuyos dueños no pagan los impuestos- y si ahora no hay tantas noticias de usurpaciones es porque en ciertos lugares quedan pocos terrenos fiscales y porque en los últimos tiempos parecía que la Justicia era más expeditiva ante la denuncia antes de los 10 días de ocupación. Pero de vez en cuanto aparecen historias de usurpaciones. En marzo pasado, cuando se denunciaron ocupaciones de predios en el piedemonte en Yerba Buena, la fiscala Adriana Giannoni decía que se investigaba si los invasores tenían contactos con el municipio. “Tenían datos precisos sobre algunas cuestiones” -dijo- por ejemplo, sabían que “los impuestos no ese estaban pagando con normalidad”. Hablaba entonces de dos punteros políticos.

Justicia lenta

En el caso de Dorila y sus vecinos, el predio está en medio de un pleito judicial que, según el delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, está a punto de resolverse con la expulsión de los invasores. Pero la expresión “a punto de...” puede significar mucho tiempo en la justicia. La salida es compleja. Aparentemente entre los vecinos, que ya tienen abogado (a Dorila la representa el doctor Morales), cunde el convencimiento de que se quedarán ahí. El Manantial es tierra que se está poblando de asentamientos. Bernard dijo que no hay más predios fiscales en esa localidad, pero después de que se publicó la historia en LA GACETA el funcionario encontró un lugar donde ponerle una casilla prefabricada y luego una de material. Ella no quiere ir: dice que es un sitio plagado de vendedores de droga y de violencia y que no quiere que sus hijos crezcan allí.

Ahí se empieza a hablar de los condicionantes de la gente hundida. ¿Alguien quiere ir a vivir a un sitio inundado por la violencia? ¿Tener casa ahí es mejor que vivir en una carpa en medio de un monte sin agua ni luz? Debate difícil, que va a dar que hablar a la gente, pero que sólo pueden resolverlo las autoridades, a nivel general. En lo particular, acaso haya ayuda solidaria que mejore sus condiciones momentáneamente pero esa generación hundida seguirá con severos problemas para levantar la cabeza fuera del agua. Historias de este tipo han marcado a Tucumán. El cartonero abanderado, Barbarita, la niña que lloraba de hambre en la escuela... En todo caso, la difusión por la prensa ayuda a ver la punta del iceberg de la vida en la extrema pobreza. Y a ver que, si se mantiene el 30% desde hace tantos años, pese a los gobiernos, los problemas estructurales siguen.

Sin derecho a protestar

De eso se habló poco en la historia de Dorila. La maestra que descubrió que Manuel, uno de los hijos de Dorila, no iba a la escuela y que antes no había asistido al jardín. ¿Los asistentes sociales y los supervisores de la escuela no sabían que esa gente vivía desde hace tres años en un monte sin agua? Lorena Málaga, subsecretaria provincial de Atención de Familias, dijo que los trabajadores sociales recién fueron a ver y quedaron impactados por su indigencia. También le habían quitado la Asignación Universal por Hijo y la leche en el CAPS, porque no se había presentado. Además, la pareja de Dorila está en la cárcel. ¿Esa detención tiene que ver con la marginalidad en que viven? No se sabe. Sí se conoce otra cosa: ella denunció públicamente que el hombre trabaja en el penal y que de allí le entrega dinero para ella y sus hijos. Pero de los $ 1.000 que cobra como carpintero a ella le da $300. “El resto se lo hacen quedar”, dice ella. No se sabe que las autoridades del penal o un fiscal o un juez de Ejecución de Sentencia estén investigando esto. Tampoco se piensa que un preso vaya a tener mucho derecho a la protesta laboral. Otro tema de debate social.

Finalmente, la salud: el CAPS de El Manantial ahora le volverá a dar leche a Dorila pero poco se sabía de uno de los hijos, Cristian, que andaba por ahí con una quemadura en un ojo. A Manuel le supuraba un oído. Esta familia y las vecinas viven con trabajos precarios (no están capacitados), acechados por las adicciones, sobreviviendo en la humedad y el frío, a la intemperie, alimentándose como pueden (nadie habla de valores de nutrición en estos casos), calentándose con los peligrosos braseros, haciendo sus necesidades en letrinas o al aire libre, curándose heridas, golpes o enfermedades como pueden porque están demasiado lejos de un centro asistencial. En el caso de ella, ahora el CAPS envía sus asistentes a verla. Pero, como denunciaron los lectores de LA GACETA, “hay muchas Dorilas más”. En el ciclo “Panorama Tucumano”, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, dijo que la crisis económica (responsabilizó a la Nación) genera más pobreza. Es cierto. El problema es qué estamos haciendo, qué programas hay a cinco, diez años, para acercarse a una mejor situación. ¿Qué va hacer la provincia para bajar sostenidamente la pobreza? Acaso Federico Masso, funcionario de la Municipalidad, le dio en el programa a Yedlin una propuesta: “nos sentemos a ver qué hacer”. Eso implicará, seguramente, tratar de entender a todas las Dorilas y sus contextos. Y trabajar desde ahí. Entonces importará poco discutir sobre si quiere o no la casa que le ofrece el delegado de El Manantial.

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