Sin retorno

A pesar de la confusión del momento y de las acusaciones cruzadas entre la Legislatura y la Corte Suprema por la demorada puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, todo parece indicar que sólo es cuestión de tiempo y de que no hay necesidad de justificar el cambio en razones históricas, filosóficas o políticas.

El pueblo de Tucumán, a través de sus legisladores, ha decidido que la celeridad, la publicidad, la imparcialidad real de los jueces, la gestión eficiente, la organización horizontal, la transparencia y otros valores del sistema adversarial deben concretarse en el proceso penal provincial.

El Código ya es ley sancionada para beneficiar a los ciudadanos, aunque jueces, fiscales, funcionarios y abogados prefieran resguardarse en la comodidad, las mañas y el secreto que ofrece el trámite escrito de los “expedientes”. Las opiniones que estos operadores tengan en contra ya no interesan, porque la ley ordena que se den a la comunidad mejores respuestas desde el sistema judicial creado para resolver los conflictos que generan la violencia y el delito.

Por supuesto que la indefinición sobre la entrada en vigencia es perturbadora. Hace dos años advertíamos en LA GACETA la falta de decisión de la Corte para concretar la puesta en marcha del nuevo sistema. La responsabilidad no es sólo de los jueces supremos: la mayoría de los magistrados mira para otro lado; algunos esperan definiciones para posicionarse en la nueva organización y otros oponen reparos y trabas corporativas. La Ley 8.934 -de implementación del nuevo Código, plenamente vigente y obligatoria- asignó en forma clara las obligaciones que nadie asumió: no se conformó la Comisión de Monitoreo, no se designó la secretaría técnica, no se sancionaron las leyes que organizan los colegios de jueces, ni la del Ministerio Público de la Acusación, ni la de la Defensa (que aún no tiene un titular). No se ha previsto cómo se organizará el sistema “residual” de causas anteriores a la vigencia del nuevo Código para permitir que este arranque desde cero, ni a cargo de quiénes estará concretamente.

Por su parte, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, aporta al estado de zozobra con medidas abiertamente opuestas al nuevo sistema. Propuso la sanción de la inconstitucional Ley de Motochorros, que permite encarcelar automáticamente por el delito imputado, contrariando el espíritu del Nuevo Código que considera la prisión preventiva como última alternativa, después de descartar medidas de coerción personal menos graves, privilegiando respuestas estatales menos violentas. Tampoco tuvo en cuenta que el Estado carece de capacidad de alojamiento de detenidos en condiciones dignas y humanas.

Al parecer, el jefe de los fiscales no asume las obligaciones de su actual posición institucional y quiere seguir jugando el rol de “alfil político” al que estuvo acostumbrado. No ha proyectado los cambios necesarios al interior de la organización que lidera, preparándola para cumplir el rol central que tiene en la operación del nuevo sistema. Son los fiscales, con amplias facultades discrecionales para decidir qué delitos investigar de acuerdo a las necesidades sociales y a su propio presupuesto, quienes gradúan la carga de trabajo de los demás actores (jueces, defensores, policía, servicio penitenciario, oficinas de gestión y de control, etcétera), porque el sistema opera en base a sus requerimientos. No hay instalaciones adecuadas para realizar las audiencias, ni sistemas básicos de información sobre antecedentes penales. Tampoco se han implementado programas serios de capacitación. Hay cierta demanda de formación en técnicas de litigación oral, pero no se profundiza la capacitación en gestión de fiscalías, juzgados, defensorías y estudios jurídicos. Tampoco se debate sobre un sistema de cuotas o créditos -como parte de la defensa pública-, para que una porción de los abogados en ejercicio libre reciban una remuneración del Estado cuando asuman la defensa de algún caso.

La situación actual es un poco frustrante, pero por eso mismo debe entusiasmarnos para avanzar en el camino elegido, sin vuelta atrás.