La Justicia denegó una cautelar y pide informes por una sesión

Es probable que el vecino de Yerba Buena haya perdido, a estas alturas, el hilo del caso de Rodolfo Aranda, el concejal que durante más de un año le reclamó al Concejo Deliberante de esa ciudad que le permitiese asumir. Y lo habrá perdido porque, en el transcurso de todo ese tiempo, ocurrió un sinfín de acontecimientos en torno a ese conflicto. Hoy la novedad es que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, presidida por el vocal Horacio Ricardo Castellanos, decidió rechazar una medida cautelar para que quedase sin efecto la última sesión del año pasado, a fines de diciembre.

En aquella ocasión, los concejales Héctor Aguirre y Walter Aráoz -del peronismo- y Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome -afines al intendente de la ciudad, el radical Mariano Campero- se reunieron en el recinto y le tomaron juramento a Aranda. Luego, habiendo constituido ese grupo de seis, votaron para que Aguirre fuera su nuevo presidente.

El recurso judicial había sido interpuesto por el macrista Pedro Albornoz Piossek y por los radicales Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico. Este cuarteto, opositor al gobierno local, se negaba a que el camperista Aranda entrara al Concejo y a convocar a elecciones para que escogieran, de entre sí, a sus nuevas autoridades. Zelaya había ocupado la presidencia durante 2017, y el quinteto lo acusaba de intentar perpetuarse de manera fáctica. Como contrapartida, los opositores a Campero acudieron con un recurso de amparo a la Justicia, con el argumento de que aquella sesión nunca podría haberse realizado porque no había el quórum necesario.

Aunque la Sala I desestimó la cautelar con efecto suspensivo, se le dio a Aguirre -en su carácter de actual presidente del Concejo- un plazo de cuatro días para que presente un informe con los antecedentes, los motivos y los fundamentos de esa sesión de diciembre.

Ese período los conduce a fines de esta semana, según Aguirre. “Vamos a proporcionar todas las explicaciones necesarias. Hay que recordar que, en ese momento, estábamos en una emergencia institucional. Zelaya había incumplido el reglamento interno, al negarse a llamar a elecciones”, dice el edil. Luego, asegura que acatará la decisión de la Justicia, sea cual fuere. Pero aclara que tiene la esperanza de que se entienda que ellos “actuaron bien”.

El año pasado, el suceso más resonante de entre la sucesión de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo locales fue la falta de representatividad, pues el órgano funcionó con una banca vacía. En aquel momento, el grupo de los actuales opositores, más los dos peronistas, no estuvo de acuerdo en tomarle juramento a Aranda.

Esa disputa obligó a que se inmiscuyera la Justicia, incluso. En septiembre pasado, los jueces Rodolfo Napoleón Novillo y Castellanos (Carlos Giovanniello había votado en disidencia) decidieron hacer lugar a la acción de amparo que había interpuesto Aranda. Y le ordenaron al Concejo que verificara si el denunciante reunía las condiciones requeridas para ser concejal.

Los ediles que resistían presentaron, en vez, una denuncia en contra del aspirante. Así las cosas, el pleito continuó dirimiéndose en el ámbito judicial. Hasta que llegó diciembre y, con ese mes, el vencimiento del mandato de la mesa de conducción. La negativa de Zelaya a llamar a elecciones provocó un quiebre: Aguirre y Aráoz acabaron uniendo sus voluntades a las de los camperistas.

Se sabe que el mismo intendente estuvo por esos días en el Concejo. Así se conformó la “nueva mayoría”.