De Julio A. Picabea, maestrado en políticas públicas de la universidad Austral.-
Mucho se ha escrito y opinado en los últimos días en relación a lo acontecido alrededor de la discusión por la reforma previsional. Algunos, sin profundizar demasiado en datos empíricos, han pretendido encontrar en los hechos de violencia acaecidos en las cercanías del Congreso de la Nación, cierta similitud con diciembre de 2001. Lo cierto es que, si se analiza la coyuntura política, social y económica de aquella época, se observará que este intento de analogía dista mucho de tener algún parecido con el diciembre actual.
No se pretende restar importancia ni menoscabar aquellas opiniones, que de manera certera, recaen en duras críticas sobre los hechos de violencia acontecidos tras la discusión por la reforma previsional. Al contrario, acompaño dichas criticas y repudio sobremanera la violencia y el intendo de avasallamiento al Estado de Derecho y las instituciones democráticas. A mí entender, en el caso concreto, el grupo de manifestantes violentos que ocasionó los desmanes encuentra su origen en una conjugación de dos vertientes: por un lado, un sector de la izquierda más radicalizada, cuya apelación a la violencia política como método responde a una convicción ideológica. Por otro lado, a grupos de choque convocados por sectores de la oposición, más cercanos al aspecto mercantilista de la política que a la idea de dar una discusión propiamente ideológica. La comunión de ambos grupos ha terminado propiciando los hechos de violencia y avasallamiento institucional que todos conocemos.
Ahora bien, esta violencia, previamente planificada con el afan de desestabilizar al actual gobierno constitucional, no encuentra ninguna similitud con los hechos de violencia de los últimos días del 2001, originados a raíz de un reclamo social basado en el alto índice de desempleo e informalidad laboral, la inflación, el recorte de salarios y jubilaciones, la deuda externa, el “corralito”, y la política de “déficit cero”. Todo esto, sumado a la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de medio término de octubre de ese año, a los casos de corrupción en el Senado (y la posterior renuncia del vicepresidente), y a la crisis de las exportaciones a causa de la sobrevaluación del peso por la convertibilidad, terminaron desencadenando el caos social y una profunda crisis política e institucional, en nada comparable con la situación actual. A diferencia de 2001, el actual diciembre nos deja una inflación anual en baja en relación a los últimos años (23,5% según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que lleva mes a mes el BCRA); un crecimiento interanual del PBI en relación al tercer trimestre del año de un 4%; un gobierno fortalecido por el triunfo en 14 distritos en las elecciones de medio término, y un moderado crecimiento del empleo. Además, a diferencia del gobierno de La Alianza, se observa un gobierno con buena capacidad de negociación política.
Dos diciembres totalmente diferentes. En el diciembre que termina sí hubo violencia, pero fue planificada con afán desestabilizador. En cambio, diciembre de 2001 fue, como lo llamó el historiador Luis Alberto Romero, “el pozo de la crisis”; refiriéndose al momento más critico de una situación de crisis en la que se encuentra nuestro país, y cuyo origen se remonta a 1976.
