Freiler no pudo justificar sus propiedades ni su dinero

BUENOS AIRES.- El camarista federal Eduardo Rodolfo Freiler quedó destituido de su cargo por incumplir con sus obligaciones fiscales, consignar datos falsos en sus declaraciones de bienes y no poder justificar gastos que superaban a sus ingresos en más de $ 20 millones. La decisión fue tomada ayer, por una mayoría de cinco votos, por el Jurado de Enjuiciamiento, en una audiencia en el edificio de la calle Libertad 731 del centro porteño a la que no asistió Freiler, pero de la que sí fueron parte los consejeros de la Magistratura que actuaron como acusadores en el proceso, el diputado Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas.

Allí, la mayoría de los integrantes del Jury consideró probados los hechos por los cuales había sido configurada la acusación por presunto “mal desempeño de sus funciones”, a raíz de las irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y de un nivel de gastos incongruente con sus ingresos. En esa posición se enmarcaron los votos de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la camarista Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo (PJ Jujuy) y Silvia Giacoppo (Cambiemos Jujuy); y el juez Mario Márquez.

En tanto, la diputada nacional del FPV-PJ, Diana Conti -para quien el proceso es nulo- votó en disidencia total, y el abogado Raúl Piaggio hizo lo propio en disidencia parcial.

Entre las “conclusiones” que precedieron al veredicto, el Jury consideró probado que Freiler “consignó datos falsos” en sus declaraciones de bienes de los ejercicios 2014 y 2015, “incumplió en forma reiterada y sistemática con sus obligaciones fiscales” y “desde enero de 2012 hasta octubre de 2016, tuvo erogaciones que superaron con holgura sus ingresos”, en más de $ 20 millones.

Freiler, a quien el Consejo de la Magistratura había suspendido por seis meses, “no es un juez probo y debe ser removido de sus funciones”, consideró el voto de la mayoría, para también se refirió a la “insolvencia moral” del juez.

Al término de la lectura y el veredicto, Tonelli dijo estar “satisfecho” con lo resuelto por el “Jury”, ya que el tribunal “hizo lugar a todos los cargos” que presentó la acusación, luego de una “investigación muy seria”, a la vez que Piedecasas afirmó que la remoción de Freiler “es una señal de institucionalidad” y “un ejemplo para la ciudadanía”.

Por su parte, Juan Bautista Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, sostuvo que la decisión de remover de su cargo a Freiler constituye “una demostración de institucionalidad” y consideró “una satisfacción que la sociedad empiece a tener una Justicia más independiente y transparente”.

El abogado de Freiler, José María Olivares, sostuvo que, en este juicio, “el condimento político estuvo por encima de todo” y que “Tonelli hizo lo que el (Poder) Ejecutivo le pidió”. Además, dejó abierta la puerta para recurrir a la Justicia para objetar lo dispuesto por el Jury, que no solo destituye a Freiler, si no que lo inhabilita a acceder a una jubilación de privilegio derivada de su función en la Justicia.

Incongruencias

El fallo, de casi un centenar de carillas, marcó incongruencias entre los registros de la propiedad inmueble y automotor con relación a los números bienes que se le atribuyen al ex destituido camarista, que este justificó señalando que algunos son de su padre, Samuel Freiler. Uno de los bienes había sido indicado como “regalo de reyes” que un amigo de Freiler hizo a los hijos del magistrado.

Como propiedad del destituido magistrado figuraban una decena de inmuebles -entre ellos una “casa de grandes dimensiones” cerca de la residencia presidencial de Olivos- y una cantidad similar de rodados, sumando autos de colección y cuatriciclos, una moto de agua y una embarcación, además de ganado bovino y equino.

El comportamiento de Freiler “impide un claro seguimiento y control del flujo de su patrimonio, pues lo que en definitiva se dificulta es el conocimiento del origen de los fondos con los que se adquirió los inmuebles”, consignó el voto mayoritario, que afirmó que el magistrado se colocó en un “intríngulis jurídico”. “No es tolerable que un funcionario público, máxime un magistrado de la Nación, pretenda eludir las obligaciones formales que le imponen reflejar en forma clara y detallada la integración y movimiento de su patrimoni”, agregó la resolución.

Contra el reproche sobre la falta de pago de impuestos, la defensa de Freiler había sostenido que “no es inmoral ser deudor del Estado”.

La discrepancia de Piaggio (que también votó por la remoción) se circunscribió a aspectos relacionados con el asiento de algunos bienes en las declaraciones patrimoniales. (Télam)