La agenda que revivió la tensión entre los abogados y el Gobierno

Entre las cuestiones pendientes, Billone mecionó las leyes de ética pública, de acceso a la información pública y de abogado del niño; la normalización de los entes intervenidos, y la reforma electoral y el establecimiento del voto electrónico. Los reclamos del titular del Colegio cayeron mal en el Poder Ejecutivo, que había vuelto a participar del Día del Abogado después de una década de ausencia. “Al escuchar a Billone sentí que estaba en un acto político de Cambiemos”, dijo la funcionaria Carolina Vargas Aignasse. 

ÉTICA PÚBLICA
El secreto protege las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales
En Tucumán hay dos categorías de autoridades estatales: funcionarios con cargos en la órbita nacional y patrimonios abiertos al escrutinio público, y funcionarios locales con patrimonios secretos. Sucede que la Ley provincial 3.981 de 1973 otorga carácter confidencial a las declaraciones juradas y que el contenido de estas sólo puede ser develado por una orden judicial, cosa que ocurre excepcionalmente. La reserva legal -con penalización incluida para el supuesto de la divulgación- perduró pese a la presentación de numerosos proyectos de reforma y a que, en los años 90, Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999), que aplica la Oficina Anticorrupción. Además de las iniciativas presentadas por la oposición para modernizar la Ley 3.981, existe un proyecto de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. A fines del mes pasado, el gobernador Juan Manzur (foto) evitó una definición sobre la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales. “Es lo mismo, hay que verlo...”, dijo ante una consulta de LA GACETA.

ABOGADO DEL NIÑO
Distintos proyectos regulan la figura que debe garantizar que los chicos sean oídos
El Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 1 de agosto de 2015 mantiene el principio general de que los chicos ejercen sus derechos por medio de un representante legal, pero los habilita a actuar por sí mismos en función de su autonomía progresiva (fundada en la edad y la madurez). Una de las manifestaciones más importantes de este cambio es el derecho del niño a ser oído en los procesos judiciales que los involucran. Esa potestad debe realizarse con la colaboración del abogado especializado previsto en el inciso c del artículo 27 de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005). La actuación de ese profesional ha de ser regulada por cada provincia. El tema fue objeto de debate en marzo de este año, en el ámbito del Encuentro Ciudadano para el Fortalecimiento de la Justicia, actividad promovida por la Secretaría de Gobierno y de Justicia de la provincia que dirige Carolina Vargas Aignasse. Un informe de esa oficina indica que en la Legislatura hay tres proyectos de ley sobre el abogado del niño: uno de Eudoro Aráoz (UCR), otro de Fernando Valdez (UCR) y un tercero de Sara Assán (PJ). Este último sería el que más adhesiones reúne, según fuentes del Colegio de Abogados de la Capital. Dos cuestiones suscitan diferencias: 1) quién controlará el ejercicio de la función, si los colegios de letrados o la Corte Suprema y 2) quién pagará los honorarios, si el Estado, los particulares o ambos. 

ENTES INTERVENIDOS
MEDIANTE UN JUICIO, UN OPOSITOR PROCURA NORMALIZAR CINCO ORGANISMOS AUTÁRQUICOS 
El Gobierno provincial intervino la Caja Popular de Ahorros de Tucumán hace 14 años; el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano hace 26; el Instituto de Previsión y Seguridad Social hace 26; el Instituto de Acción Cooperativa y Mutual hace 18, y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo hace 17 años. En 2015, el legislador opositor Alberto Colombres Garmendia (-foto-Cambiemos) inició un juicio ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo con el fin de que la Justicia ordene la normalización de los  organismos autárquicos mencionados. “La intervención es un remedio excepcional y transitorio, que sólo debe ser usado en circunstancias graves y por un período de tiempo limitado. El Poder Ejecutivo ha hecho un uso y abuso de esa facultad”, dijo en su momento Colombres Garmendia, quien es candidato a diputado de Cambiemos para el Bicentenario. El año pasado, la Provincia se opuso a la normalización pretendida mediante el abogado Juan Pablo Stein, de la Fiscalía de Estado. Entre otros argumentos contenidos en la contestación de la demanda, aquel letrado argumentó que los entes intervenidos estaban funcionando correctamente con su organización actual.  

CAMBIOS ELECTORALES
MANZUR ANUNCIÓ LA REFORMA POLÍTICA EN 2015; EL VOTO ELECTRÓNICO ESPERA DESDE 2006
Las últimas elecciones provinciales fueron noticia internacional por los escándalos, concentraciones de repudio y judicializaciones. El pleito más importante instado por la oposición (el entonces Acuerdo para el Bicentenario) concluyó en julio con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confimó la validez de los comicios. Pero el desgaste de las reglas de elección de autoridades y los consecuentes conflictos llevaron al gobernador Juan Manzur a prometer una reforma política en 2015, al momento de asumir el control del Poder Ejecutivo. Este anuncio se tradujo en una búsqueda de propuestas: la Casa de Gobierno recopiló las ideas de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y partidos en el libro “Tucumán Dialoga”, que fue presenado durante la primera mitad de 2016. A continuación, la Legislatura conformó una comisión especial para la Reforma Política y Electoral. Este comité no se ha reunido hasta ahora: el oficialismo aseguró que lo hará tras las elecciones de este año. La Provincia está en deuda con el voto electrónico desde 2006, cuando la Convención Constituyente presidida por el entonces ministro Manzur lo introdujo en la Constitución. Se trata de una reforma constitucional concretada con una mayoría abrumadora afín al ex gobernador José Alperovich: ese sector tenía 32 de los 40 asientos de la Convención, ampliables a 36, es decir, el 90% de los votos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
MACRI Y PEÑA RECLAMARON LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL; YEDLIN DIJO QUE SE HARÁ UNA MEJOR
Después de más de una década de debate, en septiembre de  2016 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, que pretende transparentar la actividad del Estado e incentivar la rendición de cuentas. La nueva legislación comenzará a regir a partir del 29 de septiembre. Hace un año, el gobernador Juan Manzur se comprometió a seguir los pasos de la Nación durante la 54 asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas celebrada en Tucumán, con motivo del Bicentenario de la Independencia. En noviembre, Pablo Yedlin (foto), secretario general de la Gobernación y candidato a diputado oficialista, anunció que la Provincia iba a elaborar su propia norma de acceso a la información pública. “La ley nacional es muy buena, pero nos entusiasma armar una que sea más ambiciosa”, dijo. En esa oportunidad trascendió que el Gobierno evaluaba colocar la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo y no crear un ente autárquico, como hizo la Ley 27.275. En la campaña de las primarias, tanto el presidente Mauricio Macri como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamaron a Manzur la adhesión a la legislación nacional en materia de transparencia.