Hay casas Sucar por todos lados

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24 Feb 2017

En los cascos urbanos tucumanos proliferan las casas Sucar, pero no todas puden ser expropiadas. El Estado -provincial o municipal- se fundiría. La cuestión pasa entonces por tomar una decisión de fondo sobre este patrimonio arquitectónico, paisajístico y cultural, acechado por la piqueta en la capital, en Yerba Buena, en Tafí Viejo y en las principales ciudades del interior. El salvataje de la casa Sucar se debió a la oportuna visibilización del tema, guante recogido por algunas instituciones, por los medios y, en gran medida, por las redes sociales. Esa presión y el oportunismo confluyeron en la decisión adoptada por Germán Alfaro, que es bienvenida y plausible, pero que no puede inscribirse en un contexto de defensa del patrimonio porque no existen políticas de esa naturaleza en el municipio.

El 4 de septiembre de 1991, en su carácter de interventor federal a cargo de la Municipalidad, Julio César Aráoz promulgó la ordenanza 1.773. Advertida de la incensate demolición de edificios históricos, la norma brindaba una serie de herramientas para preservar bienes integrantes del patrimonio cultural. Establecía, por ejemplo, exenciones impositivas para los dueños a cambio de la conservación de las construcciones. De acuerdo con su valor, las propiedades se acomodaban en dos grupos: “De Interés Municipal” y “Componente del Patrimonio Arquitectónico”.

Ahora bien: ¿cuáles eran esas propiedades? Hubo que esperar casi tres años para que el municipio reglamentara la ordenanza firmada por “Chiche” Aráoz. Lo hizo a través del decreto 676 del 3 de junio de 1994, rubricado por Rafael Bulacio, intendente que revistaba en las filas del bussismo. Ese decreto instaba a la flamante Dirección de Desarrollo Urbano a confeccionar el listado y le indicaba cómo hacerlo.

Digno del infierno burocrático kafkiano, el municipio se tomó seis años para dar a luz el inventario. Lo hizo el 15 de junio de 2000, cuando otro bussista lucía el frac de lord mayor: Raúl Topa. El trabajo lleva la firma de Olga Paterlini de Koch, que hace 17 años era secretaria de Planificación y Desarrollo Urbanístico Ambiental y hoy es decana de la Facultad de Arquitectura de la UNT.

A ese listado lo integran alrededor de 200 propiedades, entre las que figuran casas de familia, reparticiones públicas, colegios, iglesias, conventos, museos, estaciones del ferrocarril, negocios, hospitales, clubes, cines, teatros, comisarías y hasta las plazas de la ciudad. Un conjunto variopinto y revelador de la riqueza de estilos conjugada en el radio urbano de San Miguel de Tucumán. En su mayoría se trata de viviendas, como la casa Sucar, que aparece con el rótulo “De Interés Municipal”.

Muchos de los edificios incluidos en este inventario son polvo de estrellas, o en el mejor de los casos consiguió mantenerse la fachada. Pero sin el paraguas protector que proporciona la Ley de Patrimonio les llovió la demolición. Como ejemplo a mano aparece la casa de Alberdi 150 (foto), la vieja ENET 5 que albergó fugazmente a la Intendencia durante la gestión de Domingo Amaya. Figura en el listado como “Componente del Patrimonio Arquitectónico”, lo que no impide verla hoy con el cartel de una inmobiliaria que invita a comercializarla. Y no es una propiedad barata.

Si el municipio se tomó casi una década para completar las disposiciones de una ordenanza, no puede llamar la atención que el “Inventario de sitios y edificios de valor patrimonial” lleve 17 años sin ser actualizado. Habrá que borrar muchas de esas propiedades que ya son historia y, seguramente, incluir otras cuyo valor creció o se resignificó con el paso del tiempo. Por caso, algunas casas diseñadas por Eduardo Sacriste. El siguiente paso, y a eso refiere una política sostenida a largo plazo, es tomar medidas para proteger los activos del Tucumán cultural.

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