Decanos, indignados con el fiscal Gómez por sus críticas a la UNT

Decanos, indignados con el fiscal Gómez por sus críticas a la UNT

“Fue una ofensa”, fustigó el titular de Ciencias Económicas

08 Abril 2016
“Fue una ofensa hacia la Universidad Nacional de Tucumán”. El decano de la facultad de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, arremetió con dureza contra el fiscal general federal Gustavo Gómez, luego de que el funcionario judicial hiciera uso de la palabra en la última sesión del cuerpo. Gómez había recomendado a los consejeros que la UNT también se constituya como querellante en otras causas judiciales, además de la pesquisa por el destino de fondos de la minera La Alumbrera. Decanos de otras cinco facultades coincidieron con Jiménez en sus críticas y tildaron de violenta la alocución del fiscal.

El Consejo había convocado el martes pasado a una sesión extraordinaria para debatir si la Casa de Estudios se presentaría como querellante en la causa en la que la Justicia Federal procura esclarecer las irregularidades detectadas en el manejo de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).

“Le quiero decir a la rectora que no es mi estilo saludar a las personas que pueden ser imputadas”, le respondió Gómez a la rectora Alicia Bardón, cuando le preguntó por qué no había pasado por su despacho a saludarla. Luego de esperar hasta poder hacer uso de la palabra, el fiscal había recomendado que la UNT participara también en las investigaciones judiciales por la falsificación de notas en la Facultad de Derecho, y la contaminación ambiental generada por la minera que explota, junto con la provincia de Catamarca, la universidad. Inmediatamente luego de brindar su parecer en la sesión, Gómez se retiró del recinto antes de que los consejeros tuvieran tiempo de replicar sus dichos.

“Es una vergüenza y una ofensa hacia la institución. No fue la manera correcta de expresarse”, cuestionó Jiménez.

“Gómez no cumplió con su función como fiscal. Toda persona tiene derecho a asistir a las sesiones del Consejo, pero ese no es el modo”, criticó Margarita Hidalgo, decana de Ciencias Naturales.

Por su parte, Rosa Castaldo, decana de Psicología, criticó al fiscal y consideró que el magistrado subestima la capacidad del cuerpo. “Fue una situación violenta e indebida. No corresponde que el fiscal haga acusaciones o vierta sospechas contra la rectora. Dio por supuesto que este cuerpo no iba a llevar adecuadamente la querella. Gracias a Dios se están corriendo los velos y podemos conocer qué sucedió”, completó Castaldo. El martes, en plena sesión, el consejero docente Daniel Yepez tildó de “poco feliz” la intervención.

El juez federal N°2 Fernando Poviña comenzó en la semana la ronda de indagatorias a ex funcionarios universitarios que la firma YMAD le giró a la UNT entre 2006 y 2009 para obras, por una suma superior a los $ 353 millones.

Etapa de indagatorias.- El juez federal N°2 Fernando Poviña dispuso que se indague a seis ex funcionarios universitarios. La semana pasada pasaron por el despacho del Juzgado Federal el ex secretario administrativo de la UNT Juan Carlos Reimundín; la ex directora General de Construcciones Universitarias Olga Cudmani y el ex inspector de obras Horacio Alfredo Lobo. La semana siguiente deberán comparecer el ex director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino; el ex subsecretario de Políticas Administrativas; el ex diputado nacional por la UCR, Luis Sacca; y el ex rector Juan Alberto Cerisola (2006-2014).

Unificación de causas.- La investigación es consecuencia de la incorporación de las actuaciones realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de las denuncias incoadas por Ramón Eudal y Oscar López. Tras seis años, se investiga, entre otros puntos, el destino de los fondos que la empresa YMAD giró a la universidad entre 2006 y 2009, por una cifra superior a los $ 353 millones. En el pedido de indagatoria se señala que las autoridades universitarias habrían realizado maniobras para evitar los procedimientos contractuales.

Sobreprecios y obras sin licitar.- El fiscal federal Carlos Brito sostiene que tanto Cerisola como Cudmani omitieron entre 2006 y 2009 someter al menos 16 obras a licitación pública, y que la UNT llegó a pagar sobreprecios del orden del 194%.

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