28 Febrero 2016
Revisan viejos juicios en busca de niños apropiados
La Corte Suprema de Justicia creó un grupo de trabajo que relevará expedientes de adopciones y guardas iniciados entre 1975 y 1983. El equipo trabajará en forma coordinada con la unidad especializada en casos de apropiación de bebés durante la dictadura, dependiente del Ministerio Fiscal de la Nación.
TRIBUNALES. La Corte ordenó un relevamiento de juicios del fuero de Familia. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)
Algunos de los viejos expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que creó un grupo de trabajo que se abocará a relevar los juicios iniciados entre 1975 y 1983 en busca de datos que permitan nuevas identificaciones.
La acordada N° 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. En ella, se ordena un “relevamiento exhaustivo” de legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas. Además, se analizarán protocolos de sentencias, acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y con organismos públicos vinculados al acompañamiento de menores en estado de adoptabilidad o en situación de presunto abandono, llevados a cabo durante la dictadura.
El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, y trabajará en forma coordinada con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.
“El objetivo es colaborar con el trabajo que lleva adelante la Justicia Federal, para acelerar los tiempos de una investigación que lleva tantos años y está corriendo detrás del paso del tiempo”, aseguró Lourdes Bascary, encargada de la Oficina de Derechos Humanos de la Justicia.
Bascary indicó que el grupo de trabajo seguirá las líneas investigativas que determinen los técnicos de las oficinas federales. “La investigación irá de la mano de las necesidades que identifiquen las unidades de la Procuración. Se avanzará en función de un protocolo que definan los antropólogos de esas oficinas”, afirmó, y agregó que la primera reunión para coordinar el trabajo tendrá lugar en marzo.
La funcionaria judicial señaló que en un primer momento se estudiarán los expedientes que estén archivados. “La acordada establece específicamente que la investigación no debe entorpecer el funcionamiento de los juzgados de Familia”, explicó.
Modalidades
La acordada remarca que el Gobierno de facto llevó adelante “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños”. Y que dentro de ese plan se destacaron dos modalidades para ubicar a los bebés en familias apropiadoras: “la primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador”.
La línea investigativa en la que colaborará la Justicia tucumana se centrará en la primera modalidad. “Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación. Lo novedoso es que será la primera investigación de ese estilo que se realice fuera de Buenos Aires”, sostuvo Bascary.
El fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad de la Procuración General de la Nación que investiga el robo de hijos de desaparecidos, indicó que el relevamiento de juicios de adopción y guardas, entre otros, fue retomado hace poco tiempo. “No hay en todo el país un grupo de trabajo como este, que coordine con el Ministerio Fiscal en el relevamiento documental. Ya no se sigue la hipótesis de la inscripción como hijo biológico, sino la del ingreso del niño en el sistema”, dijo, y agregó: “ya hay investigaciones en curso, y análisis de ADN en marcha”.
Según Parenti, la iniciativa permitirá un relevamiento que de otra forma sería imposible. “Los recursos con los que cuenta la Procuraduría no dan abasto para estudiar los archivos de cada provincia”, manifestó.
La acordada N° 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. En ella, se ordena un “relevamiento exhaustivo” de legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas. Además, se analizarán protocolos de sentencias, acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y con organismos públicos vinculados al acompañamiento de menores en estado de adoptabilidad o en situación de presunto abandono, llevados a cabo durante la dictadura.
El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, y trabajará en forma coordinada con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.
“El objetivo es colaborar con el trabajo que lleva adelante la Justicia Federal, para acelerar los tiempos de una investigación que lleva tantos años y está corriendo detrás del paso del tiempo”, aseguró Lourdes Bascary, encargada de la Oficina de Derechos Humanos de la Justicia.
Bascary indicó que el grupo de trabajo seguirá las líneas investigativas que determinen los técnicos de las oficinas federales. “La investigación irá de la mano de las necesidades que identifiquen las unidades de la Procuración. Se avanzará en función de un protocolo que definan los antropólogos de esas oficinas”, afirmó, y agregó que la primera reunión para coordinar el trabajo tendrá lugar en marzo.
La funcionaria judicial señaló que en un primer momento se estudiarán los expedientes que estén archivados. “La acordada establece específicamente que la investigación no debe entorpecer el funcionamiento de los juzgados de Familia”, explicó.
Modalidades
La acordada remarca que el Gobierno de facto llevó adelante “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños”. Y que dentro de ese plan se destacaron dos modalidades para ubicar a los bebés en familias apropiadoras: “la primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador”.
La línea investigativa en la que colaborará la Justicia tucumana se centrará en la primera modalidad. “Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación. Lo novedoso es que será la primera investigación de ese estilo que se realice fuera de Buenos Aires”, sostuvo Bascary.
El fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad de la Procuración General de la Nación que investiga el robo de hijos de desaparecidos, indicó que el relevamiento de juicios de adopción y guardas, entre otros, fue retomado hace poco tiempo. “No hay en todo el país un grupo de trabajo como este, que coordine con el Ministerio Fiscal en el relevamiento documental. Ya no se sigue la hipótesis de la inscripción como hijo biológico, sino la del ingreso del niño en el sistema”, dijo, y agregó: “ya hay investigaciones en curso, y análisis de ADN en marcha”.
Según Parenti, la iniciativa permitirá un relevamiento que de otra forma sería imposible. “Los recursos con los que cuenta la Procuraduría no dan abasto para estudiar los archivos de cada provincia”, manifestó.
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