04 Noviembre 2015
RAÚL REYNOSO. FOTO LA NACIÓN.
En diciembre, el juez Raul Reynoso cumplirá 11 años al frente del juzgado federal de Orán, la unidad judicial cuya jurisdicción incluye todo el territorio salteño que limita con Bolivia y Paraguay (los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya). Es decir, una frontera caliente por el tráfico de cocaína y marihuana.
Las cifras del juzgado de Reynoso siempre sorprendieron: más de 17.000 kilos de cocaína, más de 1.700 de marihuana, casi 9.000 de anfetaminas y 2 de heroína fueron incautados hasta fines del año pasado bajo su gestión. A todo esto se suman las más de 800 causas elevadas a juicio oral, con aproximadamente 1.500 personas detenidas. Ante estos números, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó en abril que en la oficina de este magistrado trabajan solo 22 empleados.
A mediados de octubre de este año, Reynoso participó del Coloquio de Idea y manifestó ante los empresarios más importantes del país que la ciudad de Orán se había convertido en una “comunidad colombiana”, en referencia a los narcos de ese país que operan en la frontera norte argentina.
Esta semana, todo parece haber cambiado para el juez que fue considerado como uno de los referentes de la lucha contra las drogas. "Denuncié que en el juzgado federal de Orán se estableció un tarifario para otorgar libertades y excarcelaciones a personas vinculadas con el narcotráfico ", afirmó a LA NACION el abogado David Leiva, quien impulsa una causa en su contra. Como consecuencia de esto, hoy al mediodía se realizó un allanamiento en su juzgado y quedó bajo sospecha de liderar una organización delictiva que beneficia a narcotraficantes. Durante el procedimiento, el juez federal Julio Bavio ordenó el secuestro de 11 expedientes.
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