09 Junio 2015
BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini dio curso a una causa en contra de los diputados del Frente para la Victoria que aprobaron el inicio de una comisión investigadora en contra del juez Carlos Fayt, a quien acusan de no poder ejercer el cargo por su avanzada edad.
El magistrado dio curso a un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli a raíz de la denuncia hecha por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
La denuncia está dirigida contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la camporista Anabel Fernández Sagasti, y otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación.
Los diputados “K” fueron denunciados por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Como primera medida de prueba, el juez Ercolini le solicitó a la Comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.
El juez de la Corte, de 97 años, es cuestionado porque supuestamente no estaría en condiciones de ejercer el cargo, y al respecto se le reprochó aquella acordada que firmó, sin estar físicamente en Tribunales, reeligiendo a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte para 2016.
La realidad es que Cristina Fernández está ansiosa por una vacante más en la Corte Suprema, sostiene en un artículo publicado ayer el sitio web “Urgente24”.
“De lo expuesto, resulta que las medidas probatorias dictaminadas por la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 12 de mayo de 2015, exceden las competencias que el Reglamento de dicho cuerpo otorga a la comisión mencionada”, sostuvo José Magioncalda, titular de la ONG.
El pasado martes, el kirchnerismo avanzó en su embestida contra Fayt al conformar una subcomisión -que actuará en el marco de la Comisión de Juicio Político- para tomar testimonio de allegados al magistrado por su estado de salud, además de periodistas que informaron sobre el tema.
Elisa Carrió presentó una carta a la Comisión, asegurando que “de avanzar en procederes como el que se pretende impulsar se estaría dando el principio de ejecución de delitos federales”.
La subcomisión, que actuará en el marco de la Comisión de Juicio Político, quedó integrada por cuatro diputados del oficialismo, ya que la oposición se negó a integrarla con los dos miembros que le correspondían.
El cuerpo será presidido por la propia presidenta de Juicio Político, y la integrarán además los diputados Diana Conti, Luis Cigogna y Marcos Cleri.
La UCR y el PRO insistieron en que el proceso investigativo iniciado por el FpV no está contemplado en el reglamento, donde el único procedimiento válido, aseguraron, es la puesta en marcha de un juicio político.
El reclamo fue presentado por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando era senador, en diciembre pasado. Ese pedido incluye medidas de prueba como “designar a un perito calígrafo para examinar la firma del juez durante los años 2013, 2014 y 2015”. (Especial)
El magistrado dio curso a un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli a raíz de la denuncia hecha por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
La denuncia está dirigida contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la camporista Anabel Fernández Sagasti, y otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación.
Los diputados “K” fueron denunciados por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Como primera medida de prueba, el juez Ercolini le solicitó a la Comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.
El juez de la Corte, de 97 años, es cuestionado porque supuestamente no estaría en condiciones de ejercer el cargo, y al respecto se le reprochó aquella acordada que firmó, sin estar físicamente en Tribunales, reeligiendo a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte para 2016.
La realidad es que Cristina Fernández está ansiosa por una vacante más en la Corte Suprema, sostiene en un artículo publicado ayer el sitio web “Urgente24”.
“De lo expuesto, resulta que las medidas probatorias dictaminadas por la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 12 de mayo de 2015, exceden las competencias que el Reglamento de dicho cuerpo otorga a la comisión mencionada”, sostuvo José Magioncalda, titular de la ONG.
El pasado martes, el kirchnerismo avanzó en su embestida contra Fayt al conformar una subcomisión -que actuará en el marco de la Comisión de Juicio Político- para tomar testimonio de allegados al magistrado por su estado de salud, además de periodistas que informaron sobre el tema.
Elisa Carrió presentó una carta a la Comisión, asegurando que “de avanzar en procederes como el que se pretende impulsar se estaría dando el principio de ejecución de delitos federales”.
La subcomisión, que actuará en el marco de la Comisión de Juicio Político, quedó integrada por cuatro diputados del oficialismo, ya que la oposición se negó a integrarla con los dos miembros que le correspondían.
El cuerpo será presidido por la propia presidenta de Juicio Político, y la integrarán además los diputados Diana Conti, Luis Cigogna y Marcos Cleri.
La UCR y el PRO insistieron en que el proceso investigativo iniciado por el FpV no está contemplado en el reglamento, donde el único procedimiento válido, aseguraron, es la puesta en marcha de un juicio político.
El reclamo fue presentado por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando era senador, en diciembre pasado. Ese pedido incluye medidas de prueba como “designar a un perito calígrafo para examinar la firma del juez durante los años 2013, 2014 y 2015”. (Especial)
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