Amenaza al clientelismo social

BUENOS AIRES.- El tono destemplado y, por momentos, de perfil agresivo con que el piqueterismo duro está enfrentando al Gobierno no es un hecho exclusivamente motivado por la explosión con víctimas en la Plaza de Mayo, a juzgar por los análisis que en esos sectores se están haciendo sobre el propósito oficial de trasladar el control de los subsidios sociales a instituciones públicas no gubernamentales. Los comentarios más irritados se produjeron precisamente entre colaboradores de Néstor Pitrola (Polo Obrero) y Raúl Castells (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados), quienes controlan entre ambos 32.000 planes de asistencia que requieren 4,8 millones de pesos por mes del Plan de Jefes y Jefas de Hogar y representan al sector más intransigente. A las ONG se agregarían Caritas y Amia, y en ello está trabajando la ministro de Desarrollo Social y hermana del Presidente, Alicia Kirchner. Como consecuencia de ese proyecto en análisis muy avanzado, también tendrán una fuerte quita los intendentes de todo el país que actualmente manejan programas de subsidios sociales. Esa movida, que respalda el jefe del gobierno, "será un golpe más severo sobre los grupos que tratan de extorsionar, que cualquier represión de sus actos", señaló al iniciarse la semana con un nuevo acto en la Plaza de Mayo, un hombre muy allegado a Néstor Kirchner.

En los gremios
Oculta por el ruido de los recientes días también pasó inadvertida otra decisión oficial que se aguarda para enero, por la cual la cartera de Salud transferirá directamente a los proveedores de obras sociales sindicales, el pago de las obligaciones adeudadas a los mismos durante más de tres meses. Se trata de fondos recaudados por los sindicatos, que en los recientes años entraron en moras con prestadores de servicios de salud. La resistencia gremial se ha manifestado mediante protestas "a puerta cerrada" ante el Ministerio de Trabajo, aunque sin mayor éxito, pues la medida igualmente ha contado con el cúmplase inicial de Kirchner, quien considera que los descuentos por salud que se practican a los trabajadores "deben tener un trámite transparente y ser afectados a sus fines específicos".

Irritación
Las novedades señaladas y que conciernen a dineros destinados a servir intereses sociales, son ciertamente provocadoras de irritación por parte de los administradores de los mismos, cuyas organizaciones mantienen controles que priorizan sus intereses. Es muy improbable que esas reacciones se manifiesten en actitudes concretas de rechazo que, en definitiva, favorecerían al gobierno, en la medida que ambas decisiones en preparación afectan a sectores de su propio partido, como las más poderosas dirigencias sindicales, y los alcaldes duhaldistas del conurbano que recientemente se quejaron por reducciones en los planes que administran. (De nuestra Sucursal)