31 Marzo 2014
Raúl Alfonsín supo leer correctamente la demanda de ruptura con el pasado e interpretó el reclamo de los organismos de derechos humanos, encarnado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En 1983 los argentinos pudimos iniciar una etapa de consolidación definitiva de la democracia.
La elección del 30 de octubre de ese año fue una elección de ruptura, con una sociedad que pujaba para enterrar la infamia de la dictadura que arrasó con los derechos humanos y los conatos belicistas de ese régimen que nos llevaron a la Guerra de Malvinas.
Había que enterrar la violencia política de la década del ´70 y desembarazarse de una política económica que pulverizó el aparato productivo, condenando a millones de argentinos al hambre y a la exclusión.
Alfonsín interpretó la demanda de quiebre con el pasado. Y, paralelamente, interpretó el reclamo de los organismos de derechos humanos. La transición democrática, fue la única “no pactada” en el continente.
Puso en marcha el histórico Juicio a las Juntas, creó la Conadep, modificó el Código de Justicia Militar para someter a los represores a la esfera de la Justicia civil y sacó de la impunidad a José López Rega -uno de los primeros organizadores del terrorismo de Estado- para traerlo esposado y encarcelarlo en una prisión de la democracia argentina.
Los conceptos de memoria, verdad y justicia fueron los pilares donde se apoyó este nuevo tiempo para nuestro país.
Nuestra generación -a la que Raúl Alfonsín le dio un lugar preponderante- tenía en claro que esta oportunidad no podía desembocar en una democracia tutelada y, por esa razón, no sólo se embistió contra la corporación militar sino que intentamos hacerlo -en algún caso con mayor éxito que en otros- contra todas las corporaciones que en el pasado habían condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares.
El gobierno de Alfonsín promovió la ampliación de derechos civiles, la paz de la región (no puede haber democracia sin paz) y todas las acciones posibles -algunas oficiales y otras no tanto- para ayudar a la democratización de nuestros países hermanos.
Puede decirse, y con razón, que su gestión no pudo torcerle el brazo a las corporaciones económicas y, particularmente, a la financiera, pero sí puede afirmarse que el gobierno de Alfonsín fue víctima de un golpe de estado económico.
La elección del 30 de octubre de ese año fue una elección de ruptura, con una sociedad que pujaba para enterrar la infamia de la dictadura que arrasó con los derechos humanos y los conatos belicistas de ese régimen que nos llevaron a la Guerra de Malvinas.
Había que enterrar la violencia política de la década del ´70 y desembarazarse de una política económica que pulverizó el aparato productivo, condenando a millones de argentinos al hambre y a la exclusión.
Alfonsín interpretó la demanda de quiebre con el pasado. Y, paralelamente, interpretó el reclamo de los organismos de derechos humanos. La transición democrática, fue la única “no pactada” en el continente.
Puso en marcha el histórico Juicio a las Juntas, creó la Conadep, modificó el Código de Justicia Militar para someter a los represores a la esfera de la Justicia civil y sacó de la impunidad a José López Rega -uno de los primeros organizadores del terrorismo de Estado- para traerlo esposado y encarcelarlo en una prisión de la democracia argentina.
Los conceptos de memoria, verdad y justicia fueron los pilares donde se apoyó este nuevo tiempo para nuestro país.
Nuestra generación -a la que Raúl Alfonsín le dio un lugar preponderante- tenía en claro que esta oportunidad no podía desembocar en una democracia tutelada y, por esa razón, no sólo se embistió contra la corporación militar sino que intentamos hacerlo -en algún caso con mayor éxito que en otros- contra todas las corporaciones que en el pasado habían condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares.
El gobierno de Alfonsín promovió la ampliación de derechos civiles, la paz de la región (no puede haber democracia sin paz) y todas las acciones posibles -algunas oficiales y otras no tanto- para ayudar a la democratización de nuestros países hermanos.
Puede decirse, y con razón, que su gestión no pudo torcerle el brazo a las corporaciones económicas y, particularmente, a la financiera, pero sí puede afirmarse que el gobierno de Alfonsín fue víctima de un golpe de estado económico.
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