Por Gustavo Cobos
31 Diciembre 2013
Fueron casi siete años en los que poco se supo de la investigación del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006. Salvo los primeros dos meses tras su desaparición y posterior hallazgo del cuerpo en un barranco ubicado en el kilómetro 2,8 de la ruta 341, en Tapia, el expediente pareció haber estado durmiendo.
Un informe del programa Anti Impunidad de la Nación, la designación de un nuevo fiscal (Diego López Ávila) y sobre todo la lucha de Alberto Lebbos, el padre de Paulina, permitieron desempolvar los casi 70 cuerpos que tenía la causa (entre el expediente principal y las actuaciones complementarias).
El abogado Bernardo Lobo Bugeau, en representación de la Nación, pudo acceder a parte del expediente. En su informe, presentado a fines de mayo de este año, fue crítico con el rol que cumplió el fiscal de Instrucción Carlos Albaca, quien no profundizó ninguna línea de investigación, según las conclusiones de Lobo Bougeu.
Lo mismo consideró, con más detalles, la fiscala de Cámara Marta Jerez, quien llevó adelante un estudio de la causa por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Albaca, según la representante del ministerio Público, hizo poco (o nada) para encontrar a los responsables del crimen de Paulina. El inicio de un sumario por parte de la Corte Suprema y dos pedidos de juicio político, precipitaron la renuncia de Albaca, condicionada al otorgamiento de su jubilación.
Por otro lado, la investigación de López Ávila golpeó al poder provincial. La primera hipótesis que llegó a manos del fiscal involucraba a un hijo del gobernador José Alperovich y a un hijo de su secretario privado, Alberto Kaleñuk. Un testigo afirmó haber escuchado que Luis Olivera le contó quiénes habían sido los autores del crimen, y que él había colaborado en ocultar el cuerpo. Olivera estuvo detenido 15 días, y aún sigue procesado.
Las pericias telefónicas permitieron, a fin de año, detener a Maximiliano Gallardo y a Luis Gómez. Ambos habrían colocado el chip de sus líneas telefónicas en el aparato celular de Paulina, a horas de su desaparición. También fueron detenidos el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, acusados del encubrimiento del crimen, por haber dado órdenes de adulterar las condiciones del hallazgo del cadáver. Los dos últimos recuperaron la libertad en los últimos días del 2013. Pero la investigación seguirá este año, y otros funcionarios (o ex funcionarios) podrían ser citados a declarar como testigos o como imputados.
Condenados por el encubrimiento. El ex comisario Enrique García y el ex policía Manuel Yapura fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión (respectivamente) por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. La sentencia fue dictada el 18 de diciembre por los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre. Roberto Lencina, otro ex policía, fue sentenciado a dos años de condena condicional por la falsificación del acta del hallazgo del cadáver.
Masiva marcha. El 26 de febrero de 2013, al cumplirse siete años de la desaparición de Paulina, la plaza Independencia se llenó de personas que acompañaron a Alberto Lebbos. Las “Madres del Dolor” llegaron a la provincia, y en el masivo acto se difundió un video de apoyo de Ada Morales, madre de María Soledad Morales, la joven catamarqueña asesinada en 1990. Todos los martes, Lebbos continua marchando con la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, y se espera un gran acto en 2014, al cumplirse ocho años del crimen.
Un golpe a la familia Alperovich. “Pongo las manos en el fuego por mi hijo; es inocente”, dijo el gobernador José Alperovich, luego de que Alberto Lebbos acercara al fiscal Diego López Ávila la hipótesis de que la muerte de Paulina se había dado a manos de “hijos del poder”. “La han usado a Paulina Lebbos para hacer política”, agregó el mandatario provincial. Su esposa, la presidenta provisional del Senado de la Nación, Beatriz Rojkés, también habló de una operación política. “Si quisieron hacerle daño a mi familia, lo lograron. Me dañaron a mí, a mis hijos, a mis nietos, a nuestros padres”, afirmó.
Con funcionarios nacionales. Alberto Lebbos solicitó mediante varias notas una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, y sólo logró ser recibido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Los primeros días de julio expuso en el Congreso de la Nación sobre el crimen de su hija, y el caso tomó repercusión nacional.
Un informe del programa Anti Impunidad de la Nación, la designación de un nuevo fiscal (Diego López Ávila) y sobre todo la lucha de Alberto Lebbos, el padre de Paulina, permitieron desempolvar los casi 70 cuerpos que tenía la causa (entre el expediente principal y las actuaciones complementarias).
El abogado Bernardo Lobo Bugeau, en representación de la Nación, pudo acceder a parte del expediente. En su informe, presentado a fines de mayo de este año, fue crítico con el rol que cumplió el fiscal de Instrucción Carlos Albaca, quien no profundizó ninguna línea de investigación, según las conclusiones de Lobo Bougeu.
Lo mismo consideró, con más detalles, la fiscala de Cámara Marta Jerez, quien llevó adelante un estudio de la causa por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Albaca, según la representante del ministerio Público, hizo poco (o nada) para encontrar a los responsables del crimen de Paulina. El inicio de un sumario por parte de la Corte Suprema y dos pedidos de juicio político, precipitaron la renuncia de Albaca, condicionada al otorgamiento de su jubilación.
Por otro lado, la investigación de López Ávila golpeó al poder provincial. La primera hipótesis que llegó a manos del fiscal involucraba a un hijo del gobernador José Alperovich y a un hijo de su secretario privado, Alberto Kaleñuk. Un testigo afirmó haber escuchado que Luis Olivera le contó quiénes habían sido los autores del crimen, y que él había colaborado en ocultar el cuerpo. Olivera estuvo detenido 15 días, y aún sigue procesado.
Las pericias telefónicas permitieron, a fin de año, detener a Maximiliano Gallardo y a Luis Gómez. Ambos habrían colocado el chip de sus líneas telefónicas en el aparato celular de Paulina, a horas de su desaparición. También fueron detenidos el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, acusados del encubrimiento del crimen, por haber dado órdenes de adulterar las condiciones del hallazgo del cadáver. Los dos últimos recuperaron la libertad en los últimos días del 2013. Pero la investigación seguirá este año, y otros funcionarios (o ex funcionarios) podrían ser citados a declarar como testigos o como imputados.
Condenados por el encubrimiento. El ex comisario Enrique García y el ex policía Manuel Yapura fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión (respectivamente) por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. La sentencia fue dictada el 18 de diciembre por los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre. Roberto Lencina, otro ex policía, fue sentenciado a dos años de condena condicional por la falsificación del acta del hallazgo del cadáver.
Masiva marcha. El 26 de febrero de 2013, al cumplirse siete años de la desaparición de Paulina, la plaza Independencia se llenó de personas que acompañaron a Alberto Lebbos. Las “Madres del Dolor” llegaron a la provincia, y en el masivo acto se difundió un video de apoyo de Ada Morales, madre de María Soledad Morales, la joven catamarqueña asesinada en 1990. Todos los martes, Lebbos continua marchando con la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, y se espera un gran acto en 2014, al cumplirse ocho años del crimen.
Un golpe a la familia Alperovich. “Pongo las manos en el fuego por mi hijo; es inocente”, dijo el gobernador José Alperovich, luego de que Alberto Lebbos acercara al fiscal Diego López Ávila la hipótesis de que la muerte de Paulina se había dado a manos de “hijos del poder”. “La han usado a Paulina Lebbos para hacer política”, agregó el mandatario provincial. Su esposa, la presidenta provisional del Senado de la Nación, Beatriz Rojkés, también habló de una operación política. “Si quisieron hacerle daño a mi familia, lo lograron. Me dañaron a mí, a mis hijos, a mis nietos, a nuestros padres”, afirmó.
Con funcionarios nacionales. Alberto Lebbos solicitó mediante varias notas una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, y sólo logró ser recibido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Los primeros días de julio expuso en el Congreso de la Nación sobre el crimen de su hija, y el caso tomó repercusión nacional.
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