15 Noviembre 2013
"'Disposición Final' (DF) son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible". El concepto atribuido al dictador Jorge Rafael Videla resonó ayer en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF). El fiscal Pablo Camuña lo recordó para mencionar el destino de 140 de las 212 víctimas de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", que permanecen desaparecidas.
En la cuarta jornada en la que el Ministerio Público Fiscal expuso sus alegatos, sus miembros -Leopoldo Peralta Palma, Patricio Rovira y Camuña- hicieron hincapié en el centro clandestino de la Jefatura de Policía, que funcionó en pleno barrio Norte de la capital tucumana. De sus entrañas salieron pruebas y testimonios que las partes consideran clave para el proceso.
Por un lado, los relatos de Juan Carlos Clemente y Juan Martín (afirmaron haber sido secuestrados y, con el tiempo, obligados a colaborar). Por el otro, las listas de detenidos que sacó de allí Clemente y que aportó a la Justicia en 2010. Muchos de los damnificados del caso aparecen en las nóminas con las siglas "D.F.". Los restos de algunos de ellos fueron identificados en las fosas de inhumación común encontradas en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga". Por ello, los acusadores subrayaron la interrelación que habría existido entre ambos centros en el denominado "circuido represivo" (entramado de centros clandestinos).
"Lesa humanidad"
Peralta Palma requirió que los delitos juzgados sean considerados como de lesa humanidad y que, de haber condenas, se cumplan en cárceles comunes. Afirmó que, de acuerdo a las pruebas reunidas, se habrían cometido en torno a ese centro violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas agravadas, ataques sexuales, desapariciones forzadas, homicidios calificados, asociaciones ilícitas y encubrimientos, entre otros.
Camuña explicó que el sistema de represión estaba organizado en centros clandestinos. "Cada uno era un nodo en el circuito", detalló. Resaltó la importancia de las tareas de inteligencia: "se usaba para obtener la información del enemigo a eliminar. El primer paso era buscar la información, reunirla, valorarla y actuar". Tras los secuestros, dijo, se habrían obtenido nuevos datos mediante torturas y se habrían producido a partir de ellos nuevas detenciones ilegales.
Detalló que la "Comunidad Informativa (CI)" habría estado conformada por los jefes de las áreas de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad. "Tomaba la decisión de qué hacer con los detenidos. Si los liberaban; los 'blanqueaban' y pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o los eliminaban", concluyó.
Rovira caracterizó específicamente la Jefatura y remarcó que la inteligencia en la Policía era efectuada por el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), antecedente del "D2". También subrayó que en el centro había un "supervisor militar".
Aseguró que por debajo de las autoridades militares y policiales, en el centro clandestino estaban los miembros de las "patotas", que se habrían encargado de los secuestros y torturas; los guardias, responsables de los detenidos, y los administrativos, quienes habrían sistematizado los datos obtenidos de las víctimas.
Rovira describió los roles que cada imputado habría tenido en la Jefatura y sus respectivas responsabilidades. Al cierre de esta edición, mencionó a Ramón Cooke como supuesto Jefe de la Policía en 1977. Luego a los presuntos supervisores militares en la Jefatura: Jorge Lazarte, Luis Ocaranza y Mario D'Ursi. Después, a quien se habría desempeñado como jefe del SIC, Roberto Heriberto Albornoz.
Está previsto que durante la mañana de hoy, la Fiscalía exponga las responsabilidades de los imputados en los hechos que habrían tenido como escenario el centro clandestino del Arsenal. A la tarde, en tanto, efectuaría el pedido de penas para la mayoría de los 41 sospechosos.
En la cuarta jornada en la que el Ministerio Público Fiscal expuso sus alegatos, sus miembros -Leopoldo Peralta Palma, Patricio Rovira y Camuña- hicieron hincapié en el centro clandestino de la Jefatura de Policía, que funcionó en pleno barrio Norte de la capital tucumana. De sus entrañas salieron pruebas y testimonios que las partes consideran clave para el proceso.
Por un lado, los relatos de Juan Carlos Clemente y Juan Martín (afirmaron haber sido secuestrados y, con el tiempo, obligados a colaborar). Por el otro, las listas de detenidos que sacó de allí Clemente y que aportó a la Justicia en 2010. Muchos de los damnificados del caso aparecen en las nóminas con las siglas "D.F.". Los restos de algunos de ellos fueron identificados en las fosas de inhumación común encontradas en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga". Por ello, los acusadores subrayaron la interrelación que habría existido entre ambos centros en el denominado "circuido represivo" (entramado de centros clandestinos).
"Lesa humanidad"
Peralta Palma requirió que los delitos juzgados sean considerados como de lesa humanidad y que, de haber condenas, se cumplan en cárceles comunes. Afirmó que, de acuerdo a las pruebas reunidas, se habrían cometido en torno a ese centro violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas agravadas, ataques sexuales, desapariciones forzadas, homicidios calificados, asociaciones ilícitas y encubrimientos, entre otros.
Camuña explicó que el sistema de represión estaba organizado en centros clandestinos. "Cada uno era un nodo en el circuito", detalló. Resaltó la importancia de las tareas de inteligencia: "se usaba para obtener la información del enemigo a eliminar. El primer paso era buscar la información, reunirla, valorarla y actuar". Tras los secuestros, dijo, se habrían obtenido nuevos datos mediante torturas y se habrían producido a partir de ellos nuevas detenciones ilegales.
Detalló que la "Comunidad Informativa (CI)" habría estado conformada por los jefes de las áreas de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad. "Tomaba la decisión de qué hacer con los detenidos. Si los liberaban; los 'blanqueaban' y pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o los eliminaban", concluyó.
Rovira caracterizó específicamente la Jefatura y remarcó que la inteligencia en la Policía era efectuada por el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), antecedente del "D2". También subrayó que en el centro había un "supervisor militar".
Aseguró que por debajo de las autoridades militares y policiales, en el centro clandestino estaban los miembros de las "patotas", que se habrían encargado de los secuestros y torturas; los guardias, responsables de los detenidos, y los administrativos, quienes habrían sistematizado los datos obtenidos de las víctimas.
Rovira describió los roles que cada imputado habría tenido en la Jefatura y sus respectivas responsabilidades. Al cierre de esta edición, mencionó a Ramón Cooke como supuesto Jefe de la Policía en 1977. Luego a los presuntos supervisores militares en la Jefatura: Jorge Lazarte, Luis Ocaranza y Mario D'Ursi. Después, a quien se habría desempeñado como jefe del SIC, Roberto Heriberto Albornoz.
Está previsto que durante la mañana de hoy, la Fiscalía exponga las responsabilidades de los imputados en los hechos que habrían tenido como escenario el centro clandestino del Arsenal. A la tarde, en tanto, efectuaría el pedido de penas para la mayoría de los 41 sospechosos.
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