20 Junio 2013
Suele ser sinónimo de infelicidad. De atropello. De prepotencia. De autoritarismo, aunque nació para otros fines. Cada tanto suele ser noticia por sus operativos, descritos como violentos por quienes las padecen. Lo cierto es que el Instituto Provincial contra el Alcoholismo se ha ganado desde su nacimiento una mala fama ciudadana. El fin de semana pasado, una joven, de 26 años, denunció que alrededor de las 5.30 del domingo, mientras festejaba su cumpleaños, ingresaron 25 policías con cinco inspectores del IPLA.
Relató que los intrusos no se identificaron. "Se metieron, empujando a todos y lo primero que hicieron fue bajar la llave de la luz para que toda la fiesta quedara a oscuras", contó. Dijo que los invitados se fueron y ella quedó sola adentro de su casa con todos los policías. "Me empujaron, me manosearon, me insultaron. Después estuvieron un montón de tiempo dando vueltas porque nadie quería firmar el acta", afirmó y le mostró al cronista de nuestro diario hematomas en sus brazos. Según la denuncia, el operativo duró media hora y le secuestraron un equipo de música, bebidas y "otros bienes que no tenían nada que ver con la fiesta", según la denuncia. Tras una protesta de la joven y sus amigos frente al local del IPLA, el flamante interventor aceptó recibirla, pero no efectuó declaraciones a la prensa.
El año pasado, un operativo del IPLA generó un escándalo que derivó en un conflicto con la Universidad Nacional de Tucumán. El 21 de septiembre, mientras se festejaba el Día del Estudiante en la Facultad de Psicología, policías provinciales y agentes del IPLA llegaron en combis con vidrios polarizados y en patrulleros a la casa de altos estudios y sin orden judicial ingresaron con armas desenfundadas y se incautaron de bebidas y del equipo de audio.
La ley N° 7.243, sancionada en octubre de 2002 le dio vida al IPLA, cuyo objetivo era la definición y la aplicación de las políticas de control del alcoholismo mediante el desarrollo de sus funciones de fiscalización, administración y recaudación. En el Art. 6º, se especificaban sus funciones: social, educativa y de prevención; recaudación directa de los importes por permiso de expendio e inspección y por multas a las contravenciones a la presente ley. Administración, concesión o denegación de permiso para la venta, expendio y/o suministro a título gratuito u oneroso, de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la Provincia. Es decir que no se hablaba de reprimir fiestas particulares ni de allanar domicilios. En 2006, la ley N° 7.750 lo facultó para el control de actividades bailables con fines lucrativos.
A fines de mayo pasado, asumió el nuevo interventor con la misión de cambiarle la cara al organismo. "El IPLA no está para confrontar. Por eso la idea del Ministerio de Seguridad es recuperar la función de prevención para la que se fundó. Además, se quiere que los policías estén en la calle y no clausurando fiestas. Somos un organismo de contralor, por eso es fundamental nuestra función de prevención", dijo en esa ocasión.
Los hechos parecieran contradecir al funcionario. En casi 30 años de democracia es inconcebible que haya instituciones del Estado con un perfil autoritario y metodologías propias de las dictaduras. Deberían replantearse a través de un debate público la función y los atributos del IPLA para que la ciudadanía y sus entidades civiles puedan expresarse. No se puede prevenir reprimiendo.
Relató que los intrusos no se identificaron. "Se metieron, empujando a todos y lo primero que hicieron fue bajar la llave de la luz para que toda la fiesta quedara a oscuras", contó. Dijo que los invitados se fueron y ella quedó sola adentro de su casa con todos los policías. "Me empujaron, me manosearon, me insultaron. Después estuvieron un montón de tiempo dando vueltas porque nadie quería firmar el acta", afirmó y le mostró al cronista de nuestro diario hematomas en sus brazos. Según la denuncia, el operativo duró media hora y le secuestraron un equipo de música, bebidas y "otros bienes que no tenían nada que ver con la fiesta", según la denuncia. Tras una protesta de la joven y sus amigos frente al local del IPLA, el flamante interventor aceptó recibirla, pero no efectuó declaraciones a la prensa.
El año pasado, un operativo del IPLA generó un escándalo que derivó en un conflicto con la Universidad Nacional de Tucumán. El 21 de septiembre, mientras se festejaba el Día del Estudiante en la Facultad de Psicología, policías provinciales y agentes del IPLA llegaron en combis con vidrios polarizados y en patrulleros a la casa de altos estudios y sin orden judicial ingresaron con armas desenfundadas y se incautaron de bebidas y del equipo de audio.
La ley N° 7.243, sancionada en octubre de 2002 le dio vida al IPLA, cuyo objetivo era la definición y la aplicación de las políticas de control del alcoholismo mediante el desarrollo de sus funciones de fiscalización, administración y recaudación. En el Art. 6º, se especificaban sus funciones: social, educativa y de prevención; recaudación directa de los importes por permiso de expendio e inspección y por multas a las contravenciones a la presente ley. Administración, concesión o denegación de permiso para la venta, expendio y/o suministro a título gratuito u oneroso, de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la Provincia. Es decir que no se hablaba de reprimir fiestas particulares ni de allanar domicilios. En 2006, la ley N° 7.750 lo facultó para el control de actividades bailables con fines lucrativos.
A fines de mayo pasado, asumió el nuevo interventor con la misión de cambiarle la cara al organismo. "El IPLA no está para confrontar. Por eso la idea del Ministerio de Seguridad es recuperar la función de prevención para la que se fundó. Además, se quiere que los policías estén en la calle y no clausurando fiestas. Somos un organismo de contralor, por eso es fundamental nuestra función de prevención", dijo en esa ocasión.
Los hechos parecieran contradecir al funcionario. En casi 30 años de democracia es inconcebible que haya instituciones del Estado con un perfil autoritario y metodologías propias de las dictaduras. Deberían replantearse a través de un debate público la función y los atributos del IPLA para que la ciudadanía y sus entidades civiles puedan expresarse. No se puede prevenir reprimiendo.
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