Por Fernando García Soto
25 Febrero 2013
Por primera vez en muchos años, la magnitud de la crisis azucarera metió miedo a los políticos. Los 42 parlamentarios presentes en la sesión extraordinaria del jueves último en la Legislatura tucumana se salían de la vaina por defender y apoyar el proyecto de ordenamiento del sector azucarero que promovió el Poder Ejecutivo provincial, que fue aprobado por unanimidad esa tarde-noche, con una oposición que efectuó más objeciones de formas que de fondo. Así las cosas, se calcula que dentro de los próximos 15 días la norma será operativa, luego de que sea promulgada y reglamentada. Habrá que ver si es efectiva, porque pretende trastocar muchísimos intereses, arraigados durante décadas en nuestra provincia, cuyos artífices seguramente harán lo que esté a su alcance para eludir los preceptos de la norma. Además, no toda la producción de azúcar y de alcohol de la Argentina estará contenida en los alcances de la iniciativa legal.
La sensación que quedó en el recinto de la Cámara cuando se trató la ley azucarera fue que el apuro le ganó a la prudencia. No porque la iniciativa que impulsó especialmente el gobernador, José Alperovich, sea mala a priori, sino porque pareció que le faltó pulimento, o trabajo. Si no, no se explica que en medio de los debates, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse se haya atrevido a plantear una observación más que atinada: que el proyecto que se estaba aprobando mostraba flancos débiles, y citó como ejemplo el término "tasa retributiva de servicios", que menciona el artículo 10 de la ley, que azucareros y alcoholeros deberán pagar en una proporción del 5‰ para sostener el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán. Palabras más, palabras menos, Vargas Aignasse puso a consideración de los presentes una realidad inexorable: que un ejército de abogados van a mirar con lupa la ley para tratar de encontrarle resquicios legales que les permitan zafar de multas y sanciones. Y, según su entender, el término tasa retributiva de servicios podría ser una vía de cuestionamiento judicial a la norma, porque el Instituto no brindará un servicio específico como retribución a la tasa. Sus colegas que responden al oficialismo minimizaron el planteo, que quedó en la nada. ¿No se podía haber hablando antes sobre esta cuestión?
Si bien el proyecto de ley azucarera surgió de múltiples reuniones que el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, mantuvo con referentes industriales y cañeros, no tomó en consideración la interna que se afianza cada vez más en el sector. Entonces, hay profundo malestar en las entidades cañeras que no son UCIT y Cactu, porque sólo podrán aportar miembros suplentes al directorio del nuevo instituto, que tendrá las funciones de controlar el destino de la producción de azúcar y de alcohol de Tucumán, y establecer sanciones para los ingenios que incumplan con los acuerdos de exportación, todo bajo el paraguas de un generoso financiamiento.
Mientras en el Poder Ejecutivo trabajan horas extras para poner a punto la reglamentación de la ley y el armado del Instituto azucarero (a velocidades supersónicas, porque el inicio de la zafra está a la vuelta de la esquina), los azucareros argentinos que operan en Buenos Aires miran con atención los acontecimientos. Saben que la ley no les impactará directamente, porque tiene sólo alcance en Tucumán, pero sus efectos los pueden beneficiar, si se logra mantener equilibrado el mercado interno. Sin embargo, habría que apurar las gestiones para propiciar una ley de alcance nacional, como se propusieron los legisladores, porque los azucareros del "norte" (Jujuy y Salta), también suelen meter la pata bastante seguido cuando pretenden organizar la comercialización del azúcar, y la actividad no está en condiciones de soportar nuevas crisis.
La sensación que quedó en el recinto de la Cámara cuando se trató la ley azucarera fue que el apuro le ganó a la prudencia. No porque la iniciativa que impulsó especialmente el gobernador, José Alperovich, sea mala a priori, sino porque pareció que le faltó pulimento, o trabajo. Si no, no se explica que en medio de los debates, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse se haya atrevido a plantear una observación más que atinada: que el proyecto que se estaba aprobando mostraba flancos débiles, y citó como ejemplo el término "tasa retributiva de servicios", que menciona el artículo 10 de la ley, que azucareros y alcoholeros deberán pagar en una proporción del 5‰ para sostener el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán. Palabras más, palabras menos, Vargas Aignasse puso a consideración de los presentes una realidad inexorable: que un ejército de abogados van a mirar con lupa la ley para tratar de encontrarle resquicios legales que les permitan zafar de multas y sanciones. Y, según su entender, el término tasa retributiva de servicios podría ser una vía de cuestionamiento judicial a la norma, porque el Instituto no brindará un servicio específico como retribución a la tasa. Sus colegas que responden al oficialismo minimizaron el planteo, que quedó en la nada. ¿No se podía haber hablando antes sobre esta cuestión?
Si bien el proyecto de ley azucarera surgió de múltiples reuniones que el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, mantuvo con referentes industriales y cañeros, no tomó en consideración la interna que se afianza cada vez más en el sector. Entonces, hay profundo malestar en las entidades cañeras que no son UCIT y Cactu, porque sólo podrán aportar miembros suplentes al directorio del nuevo instituto, que tendrá las funciones de controlar el destino de la producción de azúcar y de alcohol de Tucumán, y establecer sanciones para los ingenios que incumplan con los acuerdos de exportación, todo bajo el paraguas de un generoso financiamiento.
Mientras en el Poder Ejecutivo trabajan horas extras para poner a punto la reglamentación de la ley y el armado del Instituto azucarero (a velocidades supersónicas, porque el inicio de la zafra está a la vuelta de la esquina), los azucareros argentinos que operan en Buenos Aires miran con atención los acontecimientos. Saben que la ley no les impactará directamente, porque tiene sólo alcance en Tucumán, pero sus efectos los pueden beneficiar, si se logra mantener equilibrado el mercado interno. Sin embargo, habría que apurar las gestiones para propiciar una ley de alcance nacional, como se propusieron los legisladores, porque los azucareros del "norte" (Jujuy y Salta), también suelen meter la pata bastante seguido cuando pretenden organizar la comercialización del azúcar, y la actividad no está en condiciones de soportar nuevas crisis.
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