Mujeres, mugre y cucarachas, en un prostíbulo de la capital

En la puerta, un cartel indica que ahí funciona el bar "California". Adentro, en cambio, no hay mesas ni sillas ni barras. Por el contrario, tres habitaciones con camas precarias y una falta total de higiene confirman que allí se ejerce la prostitución. El local es el mismo que la Policía clausuró hace poco más de un mes, el 15 de diciembre, en Marco Avellaneda 666. Pero alguien violó las fajas de seguridad y retomó la actividad como si nada pasara.

"Recibimos denuncias anónimas donde los vecinos se quejaban del movimiento de gente que había de noche", afirmó el jefe de Policía, Jorge Racedo. A partir de ese llamado de atención, la división Trata de Personas inició un trabajo de investigación, seguimiento e inteligencia que culminó con un allanamiento el martes a la noche. La medida fue solicitada por la fiscala María de las Mercedes Carrizo y autorizada por el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez.

"Hallamos a cuatro mujeres, que reconocieron que estaban trabajando como prostitutas, y a un cliente. Además, secuestramos unos 50 profilácticos sin usar y como 60 preservativos usados", describió Racedo. Esas evidencias ya fueron remitidas a la Fiscalía de Feria para que continúe con la investigación.

El jefe de Policía explicó, además, que cuando calusuraron el mismo local hace un mes, intervino la fiscala Marta Mariana Rivadeneira, que actualmente no trabaja por la feria judicial.

Teniendo en cuenta el gran caudal de denuncias que recibe la Policía, tanto en el interior de la provincia como en la capital, Racedo no descartó que se produzcan nuevos allanamientos en los próximos días. "Hay una gran colaboración de la gente, que se anima a denunciar estos locales de manera anónima", destacó.

Sucio y precario
Tres abogados de la Fundación "María de los Ángeles" acompañaron a la Policía durante el allanamiento. Uno de ellos, Carlos Garmendia, explicó que la función de los letrados es entrevistar a las mujeres que están en situación de prostitución para detectar si están siendo víctimas del delito de trata de personas y hacerles saber cuáles son sus derechos, así como ofrecerles asistencia.

"Generalmente, ninguna reconoce nada estando ahí, pero sirve de primer contacto para que sepan que las medidas que se toman no son en su contra, sino para protegerlas", remarcó el letrado.

Garmendia se mostró escéptico respecto a la declaración de estas cuatro mujeres, que dijeron estar alquilando el local para trabajar por su propia cuenta. "A nosotros nos queda claro que eso no es así. Dijeron que cada una pagaba $ 400 al día, o sea que el lugar les cuesta $ 1.200 al mes y es una inmundicia". Según describió, hay tres habitaciones con camas de cemento, sobre las cuales reposan colchones y sábanas sucias. Las cucarachas -agregó- también pertenecen al inmueble.

¿Por qué volvieron a abrir si el lugar había sido clausurado hace un mes? Garmendia explicó que "los dueños de los prostíbulos ganan mucho dinero y no van a dejar el negocio, entonces intentan disfrazarlo. Por eso las dejan a las chicas solas y les enseñan ese discurso".

En este caso, las cuatro mujeres eran mayores de edad. Pero ese no es motivo para quitarle el ojo de encima, destacó el letrado. "La última modificación de la ley de Trata implicó también un cambio en el Código Penal que tiene que ver con el proxenetismo y la explotación sexual. Como la diferencia entre mayores y menores de edad ha desaparecido, al fiscal no le tienen que importar la edad de las mujeres para continuar con la investigación. Y tiene elementos de sobra para seguir investigando, a fin de determinar quién las está regenteando. Ese es el desafío que tienen hoy los fiscales", sentenció.