El PJ lidiará hoy con la queja empresarial

Desde hoy a las 17, el recinto de la Legislatura comenzará a tomar calor. La bancada alperovichista defenderá los proyectos de leyes financieras requeridos desde Casa de Gobierno para tomar recursos del Fondo de Garantía de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y para establecer una nueva estrategia de recaudación impositiva. Los siete opositores adelantaron que votarán en contra de la medida oficialista, y lanzarán críticas a la gestión del gobernador, José Alperovich. Pero el clima en el edificio de avenida Sarmiento y Muñecas subirá aún más si, tal como indican algunas versiones, los sindicatos y profesionales preocupados por estas iniciativas deciden colmar los palcos de la Cámara.

El orden del día de hoy tiene siete temas. Además, están previstos los períodos de homenajes y de manifestaciones generales, por lo que la sesión se extenderá varias horas.

Uno de los asuntos que generará polémica es el proyecto de ley que prevé un convenio entre la CPA, a cargo del interventor, Eduardo El Eter, y el Gobierno provincial, representado por el secretario de Hacienda, Rolando Steimberg. Ese contrato habilitará al PE a tomar recursos del Fondo de Garantía del ente crediticio, con una tasa del 16%, a cambio de Letras del Tesoro de la Provincia. El dinero, que debe ser reintegrado antes del 31 de diciembre de este año, servirá para pagar los aguinaldos, según el gobernador, aunque esto no consta en ningún párrafo del proyecto de ley.

Uno de los puntos que abordará la oposición será que el proyecto no establece en los artículos ni en el modelo del convenio un tope del crédito al cual puede acceder el Gobierno. De hecho, ratifica que El Eter podrá asumir compromisos similares sin necesidad de que sea sancionada otra ley. En el oficialismo le restaron importancia a esta cuestión, y aseguraron que El Eter podría firmar este convenio "aún sin que participe la Legislatura", ya que la CPA es un ente autárquico.

Las otras dos iniciativas polémicas están vinculadas con los impuestos, y se complementan. La primera de ellas establece un incremento en la alícuota a los Ingresos Brutos, que hoy está entre el 1,4% y el 1,8% y llegará hasta el 3,5%. Unas 400 actividades productivas tendrán el impacto de esta suba. Sin embargo, el oficialismo asegura que tomó una medida que hará inocua esta norma para aquellos empresarios que estén radicados en Tucumán. El segundo proyecto prevé, en efecto, que aquellos que opten por instalarse en estas tierras abonarán los tributos tal cual estaba fijado de manera original (es decir, en los hechos no sentirán el aumento).

De todas maneras, varios sectores (profesionales y productivos, por ejemplo) manifestaron su malestar por este proyecto, dado que además contempla cambios en los procedimientos fiscales: el Gobierno busca que se permita a los magistrados dictar medidas cautelares, como embargos preventivos, sólo con la presentación del título ejecutivo que justifique el reclamo fiscal.

El macrista Alberto Colombres Garmendia adelantó que pedirá la vuelta a comisión de estos proyectos, entre otros motivos, porque fueron tratados por la comisión de Hacienda y Presupuesto y no de Economía y Producción.