27 Octubre 2011
RECLAMO. Hubo una campaña para promover la derogación de la amnistía. FOTO TOMADA DE TERCERA.ES
MONTEVIDEO.- La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó esta madrugada la norma que declara que los delitos cometidos durante la dictadura militar son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles.
Con esta medida, Uruguay hace honor a los tratados internacionales de los que es parte, al anular en los hechos la denominada Ley de Caducidad.
La votación se concretó a las 2.15 de la madrugada, tras un arduo debate, con 50 votos positivos, todos del gobernante Frente Amplio, sobre 91 legisladores presentes.
La iniciativa había sido aprobada anteanoche en el Senado, también tras un arduo debate, de modo que la Cámara de Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo para que la ley pueda ser promulgada, informó el diario montevideano El País.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y cuya derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1º de noviembre. (Télam-AFP-NA)
Con esta medida, Uruguay hace honor a los tratados internacionales de los que es parte, al anular en los hechos la denominada Ley de Caducidad.
La votación se concretó a las 2.15 de la madrugada, tras un arduo debate, con 50 votos positivos, todos del gobernante Frente Amplio, sobre 91 legisladores presentes.
La iniciativa había sido aprobada anteanoche en el Senado, también tras un arduo debate, de modo que la Cámara de Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo para que la ley pueda ser promulgada, informó el diario montevideano El País.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y cuya derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1º de noviembre. (Télam-AFP-NA)
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