"Hay comunidades que cometen abusos y nadie las controla"

Dicen que están cansados de la violencia y de lo que consideran verdaderos atropellos. Que desde hace años -y cada vez con más intensidad- miembros de diferentes comunidades originarias atentan contra las leyes de la propiedad sin que nadie consiga controlarlos. Por eso, pobladores de Quilmes, Colalao del Valle, El Nogalito, Rodeo Grande y Rearte decidieron organizarse y ayer, por primera vez, un nutrido grupo de manifestantes viajó hasta la ciudad para hacer oír sus reclamos.

"Uno no sabe si se va a despertar y el alambre de su propiedad va a estar cortado y con gente adentro. Eso es algo que pasa todo el tiempo. A mí, hace poco me quemaron el auto frente a mi casa. Desde que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le otorgó la personería jurídica a la Comunidad Aborigen Lules, en 2003, las amenazas y el vandalismo son constantes", afirmó Germán Gutiérrez, poblador y propietario de tierras en la localidad de Los Nogalitos.

"El problema es que ellos, los que se identifican como aborígenes, indios u originarios, pueden cometer toda clase de abusos, insultarnos, amenazarnos y hasta golpearnos sin que nadie les diga nada porque las leyes y los Derechos Humanos los protegen, pero a nosotros no nos protege nadie. Al final terminan actuando con total impunidad porque el Estado los ampara, pero no los controla", reclamó por su parte Sandra Colombo, hija de Encarnación Rodríguez de Colombo. Ambas integran la Comunidad Aráoz Hermanos, sociedad que posee tierras en la localidad de Quilmes. Esos terrenos se encuentran en conflicto judicial, ya que desde 2009 fueron ocupados por miembros de la Comunidad India Quilmes y el 29 de abril se materializó el tercer intento de desalojo (ver "En Quilmes prometen..."), que terminó en incidentes entre la Policía y los ocupantes.

En la localidad de Rodeo Grande, en Trancas, la gente del lugar también afirmó que sufren problemas con las comunidades originarias. "Todo el pueblo vive en un predio de 1.750 hectáreas que fue cedido en 1980 para construir viviendas. Todos los que estamos ahí tenemos papeles y estamos en regla, porque los terrenos fueron cedidos por ley. Vinieron miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí a ocupar tierras, a las que entraron sin presentar ningún papel, y ahora quieren ocupar más. Encima, muchos de los que vienen son de afuera, no es gente del lugar. Está bien que reconozcan sus derechos, pero tiene que haber una armonía y un marco legal para controlarlos", puntualizó Carlos Alberto Juárez.

En la opinión de estos pobladores, los objetivos de las organizaciones originarias se ha desvirtuado con el paso del tiempo. "Reciben dinero del Estado y de organismos internacionales para obras y para, supuestamente, defender la cultura, pero nadie los audita y nadie controla qué hacen con la plata. Los que están al frente de las comunidades tienen sus propios intereses y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Esa plata nunca les llega a los que más la necesitan en la comunidad", enfatizó Colombo.