El "golpe" de Correa y los exabruptos de Bonafini

BUENOS AIRES.- Una repudiable insubordinación de policías que buscaban evitar probables recortes salariales, lo que en principio fue un cuasi reclamo gremial que exacerbó con su intervención y su histrionismo el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, le puso a la semana el tinte dramático de otros tiempos en América latina, ya que se la presentó en ese país como golpe de Estado.

En estos casos, cuando prima la violencia, se agrede cobardemente a un mandatario y se agrietan peligrosamente los diques institucionales, nunca se sabe quiénes podrían sacar provecho del conflicto para torcer el rumbo democrático, pero de allí a que se diga, tal como afirmó el gobierno de Ecuador, que 600 policías iban a producir un quiebre constitucional hay un gran trecho. "Una chirinada", hubiese sentenciado el general Perón.

Para ponerle la frutilla al postre de tan caótico contexto, y al mejor estilo de las dictaduras que se conocieron en la Argentina, aunque en este caso sin tanques en las calles ni marchas militares, fue el propio gobierno ecuatoriano el que se dio el gusto de violar gravemente la libertad de expresión, al obligar a los canales de televisión y a las radios, bajo el amparo del estado de excepción, a entrar en cadena indefinida e ininterrumpida con las emisoras oficiales, para bajar desde allí un discurso único que sostenía a rajatabla que existía en el país un intento de remover al presidente. Únicamente, faltó leer el Comunicado 150.

Asustado porque los uniformados rebeldes tenían armas y el motín policial se había salido de madre, Correa le transmitió por teléfono a la presidenta argentina el argumento del golpe desde su obligada reclusión hospitalaria y eso hizo que la propia Unasur, que lidera Néstor Kirchner, haya comprado la idea de golpe de Estado, por lo cual se decidió a actuar de modo preventivo. Así lo plasmaron los presidentes de Sudamérica en la declaración de Buenos Aires, adónde fueron presurosos esa misma noche - salvo Lula- a pedido de Cristina, y así lo reveló, orgullosa, la Presidenta en un discurso el día viernes, seguramente para desazón de sus colegas Evo Morales, de Bolivia, o Alan García, de Perú, quienes también se habían adjudicado la paternidad de la convocatoria.

Para emparentar lo que ocurrió en Ecuador con la realidad local, Cristina avanzó cuando, sin apuntar tanto al concepto de golpe de Estado de los 70 que le había vendido Correa, aunque sin abdicar del permanente rol de víctima que le gusta ocupar al Gobierno, precisó en esa misma alocución que hay sutiles formas de desestabilización, de golpear a gobiernos constitucionales, que además de ser constitucionales defienden los intereses del pueblo". No puede dejar de leerse este mensaje como una respuesta a los sucesivos fallos de la Justicia que desairan al Gobierno o a situaciones que son criticadas a diario por una gran porción del arco opositor y por buena parte de la prensa. Ya se sabe que para el kirchnerismo más puro, como ahora se ha comprobado en el caso de Ecuador, toda opinión que no sintonice con el pensamiento oficial puede ser tildada de desestabilizante.

El caso de Correa sirvió para dejar entre las sombras por 24 horas dos episodios locales muy urticantes para el Gobierno, como fueron los exabruptos de Hebe de Bonafini contra los ministros de la Corte y la decisión de darle el estatus de refugiado político a Sergio Galvarino Apablaza Guerra, lo que abrió un frente de conflicto con Chile y desguarneció en paralelo la posición argentina frente a Irán, por el tema AMIA. En el caso de Bonafini, la primera de sus intervenciones quizás no fue tan grave por sus sonoros dichos ("¡turros!? Si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, ¡tomémoslo!"), sino porque en el palco, sirviéndole de claque con sonrisas, asentimientos y aplausos, había funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Al insulto, al cinco veces denunciado conato de sedición y sobre todo a la mentira sobre el carácter antidemocrático de los ministros de la Corte, de los cuáles cuatro han sido propuestos por este mismo gobierno, sólo puede oponérsele con cierta piedad el justificativo del calor de la arenga de tribuna. La analogía con la quema del féretro por parte de Herminio Iglesias y con la pérdida de más votos de la clase media fue inevitable y, en todo caso para el Gobierno, fue un alivio que el rating de Canal 7 fuera de apenas 1,6 y que, en ese mismo momento, los cables estuvieran cubriendo la inesperada muerte de Romina Yan.

Al día siguiente, fue evidente que la prensa oficialista buscó esconder el episodio y hasta hizo desaparecer su nombre de las portadas, mientras los diarios Clarín y La Nación privilegiaron otros temas. Nadie salió a destripar a Bonafini, como ha dicho el secretario de Cultura, Jorge Coscia, para quien la dirigente cometió nada más que un error político que provoca un perjuicio para ella misma y para su causa, sino que más bien fueron muchos los protagonistas de esa jornada que, aún estando de acuerdo con el motivo del acto que promocionó hasta el hartazgo el propio Gobierno a través de la saturante propaganda en el Fútbol para Todos, no se sintieron representados por lo que dijo Bonafini. Por un lado, el CELS habló de dichos horribles e inaceptables y Carta Abierta, de un discurso extemporáneo y muy poco feliz. Son los dos colectivos más notorios. Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto también tomaron distancia. Es que, al menos, resulta muy injusto decirle a Carmen Argibay o a Eugenio Zaffaroni a los gritos, aunque él haya dicho que no se enoja, cómplices de la dictadura.

Sin embargo, la voz del Gobierno no se escuchó hasta dos días después. Cuando las papas queman, una vez más ha quedado demostrado cómo se paralizan los funcionarios, ya que recién el jueves por la mañana, el canciller, Héctor Timerman, utilizó una referencia lateral destinada a descomprimir la responsabilidad de la dirigente: "el eje del debate es ley de medios de la democracia o la ley de la dictadura y no los dichos de Hebe", disparó el canciller por medio de su cuenta de Twitter.

El argumento no deja de ser verdadero, porque la razón de la marcha a Tribunales fue presionar a como fuere a los jueces para que atiendan, aunque la Corte no lo hace nunca, un recurso de amparo que presentó el Grupo Clarín y que pasó por dos instancias, lo que impide que se pueda aplicar el artículo 161 de la nueva legislación que obliga a vender en un año lo que la ley de medios considera concentración informativa.

Aunque la mayoría de los 20.000 adherentes, que llegaron en ómnibus destartalados que atestaron la avenida 9 de Julio, probablemente no lo sepan, para que la petición cierre, los insultos además deberían servir para que los ministros ratifiquen el contenido del famoso artículo, aún sin que las instancias inferiores se hayan pronunciado sobre el fondo de la cuestión, algo bastante difícil.

¿Cómo pagó Bonafini el silencio del Gobierno nacional y tanta enjundia del canciller? Con declaraciones más fuertes, ya que las hizo en un estado de plena conciencia al finalizar la ronda habitual de los jueves en la Plaza de Mayo, en medio del episodio Correa: "no sólo turros hay que decirles, mucho más que turros. Y si hay gente honesta y proba y son buenos, como algunos que son casi nuestros amigos, que se vayan, que se vayan, que renuncien a la Corte, no se pueden quedar. Porque donde hay un tipo que comete un delito, todo lo demás queda sucio. No hay cosas limpias si Lorenzetti se reúne por atrás y recibe dinero y sobres y lo que sea. Los demás también están envueltos en esto", generalizó.

El escándalo Bonafini, de carácter eminentemente local, tuvo su correlato internacional con la recomendación que hizo la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) para que se niegue la extradición de Apablaza a Chile. Madres de Plaza de Mayo había intercedido a favor de que se lo considere un luchador frente a la dictadura chilena.

En esta historia, también ha tenido que ver la Corte Suprema, ya que dio vía libre a que se lo juzgue en el país donde está acusado de liderar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización que se hizo cargo del asesinato de quien fundó el actual partido de gobierno y del secuestro del hijo de un empresario periodístico. El episodio de la muerte del senador Jaime Guzmán sucedió el 1 de abril de 1991, cuando ya había democracia en Chile y no estaba más Augusto Pinochet. La negativa a extraditarlo se conoció el jueves por la tarde también en medio del episodio Ecuador y por la noche, cuando llegó a la Cancillería el presidente Sebastián Piñera, es más que probable que los dos mandatarios hayan cruzado alguna palabra sobre el tema. El disgusto del chileno fue expresado en una frase contundente y sentida que dio la vuelta al mundo, más allá del documento oficial que habló de decisión inaceptable y auguró un enfriamiento de las relaciones: "no comparto la decisión que significa un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país", señaló Piñera.

En medio de todas estas circunstancias políticas que están marcando para la Argentina un sendero ideológico definido, donde se supone que la solidaridad es un valor, se sintió muy fuerte la conmoción por el asesinato a mansalva de un chico de 17 años, Matías Berardi.

Sin embargo, el episodio del secuestro y de la muerte que involucra este hecho bien grave de una inseguridad que está cada vez más presente y que no elige estratos sociales, no debería esconder el desgaste y las tensiones a las que está siendo sometida la sociedad por el temor que la paraliza, miedo que la hace descender y hasta olvidar esos mismos principios que se predican desde los atriles. Tras 15 horas de secuestrado, Matías logró escapar, pero fue en vano. Ninguno de los vecinos a los que recurrió, le creyó lo que contaba. Así, el joven no recibió ayuda, fue tomado prisionero de nuevo por los delincuentes, quienes lo llevaron a un descampado, lo hicieron arrodillar y lo fusilaron por la espalda. Por cierto, todas estas miserias sociales no quedan registradas en el PBI.