20 Mayo 2010 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuario consideraron de extrema gravedad el avance que ha tenido en el Gobierno un proyecto que obligaría a incorporar una onerosa oblea, de un costo aproximado de $ 50, a cada Carta de Porte para el transporte de granos.
Los dirigentes consideraron que si bien cuesta encontrar las razones para crear un costo adicional al transporte de granos, lo que "resulta verdaderamente alarmante el hecho de que la recaudación de este fondo, que podría llegar a los U$S 100 millones por año, se destinaría a financiar las actividades de la fundación Ivetra (Instituto Verificador del Transporte)".
Esa entidad, según la Mesa de Enlace, ya recauda otros fondos y "es muy conocida en el ambiente por su vinculación con el secretario general de la CGT y del gremio de camioneros, Hugo Moyano", puntualizaron los gremialistas del campo.
También destacaron que si este proyecto, que ya tendría la aprobación de la AFIP y de la Secretaría de Transporte, progresara, pondría de manifiesto la "falsedad y engaño" de los anuncios hechos hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva Carta de Porte gratuita y segura.
Desde la Mesa de Enlace Rural agregaron que esa potencial nueva medida explicaría los verdaderos motivos que tuvo el Gobierno para quitarle la emisión y distribución de estos documentos que, con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas, realizaron durante más de 16 años la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores de Cereales.
Para los dirigentes de Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas, la aprobación de este proyecto consagraría una repudiable e ilegal transferencia de ingresos. Por estos motivos, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias informó ayer que se pronuncia en contra de este proyecto y apela a la responsabilidad de quienes tengan poder de decisión en esta materia, indicaron los dirigentes a la prensa.
En igual sentido, los integrantes de la cadena comercial de la soja, nucleados en Acsoja, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se aplique el nuevo gravamen, ya que dijeron que afectaría la competitividad.
Según los técnicos de Acsoja, esa eventual obligación generaría una transferencia de fondos desde la cadena agroindustrial argentina hacia destinos no generadores de riqueza. "Esa decisión, de llevarse a la práctica, agregaría ineficiencias e ineficacias que atentan competitivamente en la región", indicaron directivos de la asociación. Añadieron que no se observa en la medida aporte alguno en la mejora al sistema de control fiscal. (NA-DyN)
Los dirigentes consideraron que si bien cuesta encontrar las razones para crear un costo adicional al transporte de granos, lo que "resulta verdaderamente alarmante el hecho de que la recaudación de este fondo, que podría llegar a los U$S 100 millones por año, se destinaría a financiar las actividades de la fundación Ivetra (Instituto Verificador del Transporte)".
Esa entidad, según la Mesa de Enlace, ya recauda otros fondos y "es muy conocida en el ambiente por su vinculación con el secretario general de la CGT y del gremio de camioneros, Hugo Moyano", puntualizaron los gremialistas del campo.
También destacaron que si este proyecto, que ya tendría la aprobación de la AFIP y de la Secretaría de Transporte, progresara, pondría de manifiesto la "falsedad y engaño" de los anuncios hechos hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva Carta de Porte gratuita y segura.
Desde la Mesa de Enlace Rural agregaron que esa potencial nueva medida explicaría los verdaderos motivos que tuvo el Gobierno para quitarle la emisión y distribución de estos documentos que, con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas, realizaron durante más de 16 años la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores de Cereales.
Para los dirigentes de Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas, la aprobación de este proyecto consagraría una repudiable e ilegal transferencia de ingresos. Por estos motivos, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias informó ayer que se pronuncia en contra de este proyecto y apela a la responsabilidad de quienes tengan poder de decisión en esta materia, indicaron los dirigentes a la prensa.
En igual sentido, los integrantes de la cadena comercial de la soja, nucleados en Acsoja, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se aplique el nuevo gravamen, ya que dijeron que afectaría la competitividad.
Según los técnicos de Acsoja, esa eventual obligación generaría una transferencia de fondos desde la cadena agroindustrial argentina hacia destinos no generadores de riqueza. "Esa decisión, de llevarse a la práctica, agregaría ineficiencias e ineficacias que atentan competitivamente en la región", indicaron directivos de la asociación. Añadieron que no se observa en la medida aporte alguno en la mejora al sistema de control fiscal. (NA-DyN)







