"No estamos tranquilos con la seguridad"

Un mingitorio quebrado, cartones, armarios rotos y sillones desvencijados envilecen el polvoriento interior de la Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En la última de sus tres plantas, un par de obreros martilla los muros descascarados. El ruido agrega tensión a la conversación en el despacho del director, Eduardo Cárdenas, que ha convocado a Julio Kasen y Rodolfo Casanovas, los dos ingenieros civiles de la sala de Obra Nueva, para insistir en que los profesionales -proyectista y director técnico- son los responsables del cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de resistencia sísmica.
Los funcionarios se amparan en el Manual de Procedimientos de la Dirección, aprobado en 2001 mediante el decreto 1568, firmado por el entonces intendente Raúl Topa.

Una cláusula
Primero Kasen y después Cárdenas leen la siguiente cláusula: "el cálculo de la estructura y de las instalaciones, los métodos y técnicas constructivas, la calidad de los materiales y de la ejecución de las obras son responsabilidad exclusiva de los profesionales que la asumen expresamente durante el trámite".
El mismo Manual libera de responsabilidad a la Municipalidad respecto de la corrección del cálculo de las estructuras e instalaciones pese a que, en 2007, la Ley provincial 7.869 renovó la adhesión al reglamento Inpres-Cirsoc 103 (describe las características que deben reunir las obras civiles para resistir un sismo), y delegó el control y poder de policía a los municipios y a la Secretaría de Obras Públicas en el territorio de las comunas.
"No eludimos nuestra función de controlar", asevera Cárdenas, que niega que la Dirección haya colapsado como consecuencia de los 400 edificios en altura construidos en San Miguel de Tucumán durante los últimos seis años.
Kasen y Casanovas desmienten que la revisión de los cálculos de estructura sea meramente formal, como denuncia el Colegio de Ingenieros de Tucumán. "Visamos que en los planos y planillas de los proyectos consten los valores mínimos exigidos por el reglamento Inpres-Cirsoc 103", afirma Kasen. Casanovas añade: "no podemos decirle al profesional que sus operaciones están bien o mal porque hay diferentes métodos de cálculo, formas de encarar un proyecto y programas. Si varios técnicos hacen el mismo trabajo, cada uno de ellos llegará a valores diferentes".
Sin culpas
El organismo municipal se vale -según su titular- de 14 inspectores para supervisar todas las construcciones particulares nuevas. Fernando Insaurralde, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, dice que un control más exhaustivo excede la capacidad técnica de la institución. Cárdenas coincide. Y agrega: "no estamos tranquilos sobre la previsión de sismorresistencia de los edificios de la capital, pero no es sólo culpa de la Administración".