La última fuente oficial de financiamiento

Claramente el Gobierno vuelve a dar señales muy claras de que sólo actúa presionado por las circunstancias y no por un modelo de desarrollo estratégico que permita que la economía crezca sostenidamente. En efecto, la expansión del gasto por encima de los ingresos que se dio en los últimos años ha incrementado la vulnerabilidad fiscal, hoy el déficit público consolidado ronda el 3% del Producto Bruto Interno. El agravante a esta situación es que se agotaron las fuentes de financiamiento genuinas. En efecto, cuando no se puede seguir incrementando la presión fiscal, ni imprimir moneda, porque la inflación es elevada, cuando no se tiene acceso a los mercados de crédito internacionales, ni a organismos de crédito como el FMI, el Gobierno busca  financiar el gasto con reservas internacionales.

Esta decisión, necesariamente desata problemas institucionales y económicos, lo que se refleja negativamente en el comportamiento de los mercados. Hay que tener en cuenta, que el denominado "Fondo del Bicentenario", en principio, fue planteado como garantía de pago utilizando U$S 6.600 millones de reservas del BCRA. Pero, la verdadera intención es utilizarlas para financiar gasto corriente.

Es decir, afectar reservas internacionales para seguir incrementando el gasto, implica que el Banco Central financie al Tesoro. Las consecuencias de este proceder son legales, porque la actual Carta Orgánica del BCRA establece un límite para asistir al Tesoro, y económicas al incrementar las presiones inflacionarias. El núcleo del problema es que el Gobierno se niega a revisar la expansión y la calidad del gasto público, lo que, paradójicamente, empeora las condiciones de vida de los ciudadanos.

Esto es así, puesto que la búsqueda incesante de recursos, con el sólo objetivo de financiar gasto público sin importar su calidad, afecta al sector productivo, que restringe las inversiones y, por lo tanto, no permite la creación de puestos de trabajo de alta productividad y mejores salarios, tiende a aumentar la inflación, lo que deteriora el poder de compra del salario, eleva las tasas de interés y el tipo de cambio nominal, aumenta la incertidumbre, lo que afecta la calidad de las decisiones y deteriora la asignación de recursos. 

Lo ocurrido en los últimos días, con respecto a la destitución del presidente del Banco Central y, sobre todo, la designación de una funcionaria con alta sintonía con las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno, constituyen una fuerte señal de alerta. Para construir una economía robusta que genere bienestar a las personas, el requisito básico es el apego a las normas y la independencia del Banco Central. Su Carta Orgánica establece que su misión fundamental es preservar el valor de la moneda.

Es decir, impedir que haya inflación y se deteriore el poder adquisitivo. Coherente con esta misión, la norma establece la autonomía del Banco Central con respecto al Poder Ejecutivo. Es decir, la política monetaria no puede ser ejercida en función de las necesidades de financiamiento internas.

Acomodaticio

Este es el primer paso para cumplir la misión. Si el Banco Central da señales de ser acomodaticio a políticas que llevan a un inexorable situación de desfinanciamiento del sector público, como fue el caso de Argentina en reiteradas ocasiones en las décadas del setenta y el ochenta, la experiencia marca que este es el camino directo a las situaciones de hiperinflación que destruyeron, en reiteradas ocasiones, la primera institución económica que es la moneda. Y como se sabe, esto lleva a multiplicar la pobreza y sus lamentables consecuencias. La política monetaria no sustituye la creación de un clima de negocios que atraiga inversiones.