"El gasto público se cubre con fondos jubilatorios"
El centro de estudios Idesa elaboró un estudio en el que evidencia el deterioro de las cuentas públicas a partir del incremento del gasto. Además, alerta que gran parte de ese déficit se financió con los recursos de la Anses, supuestamente destinados a los pasivos.
07 Febrero 2010 Seguir en 
"El desequilibrio de las cuentas públicas es mucho más grave de lo que sugieren los anuncios oficiales. Apelando a contabilidad creativa se trata de disimular el desborde, pero la profundización de los desequilibrios es la razón principal que explica la urgencia por reabrir el canje y la creación del Fondo del Bicentenario. Lo más preocupante es que el sistema político, oficialista y oposición, tiende una vez más a eludir los temas trascendentales distrayendo la mayor parte de los esfuerzos a atender las urgencias provocadas por un sector público estructuralmente insolvente", dice un informe elaborado por el centro de estudios del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
El informe analiza que el Ministerio de Economía anunció que en el año 2009 el sector público nacional tuvo un superávit de $17.228 mil millones, equivalente al 1,53% del PBI. Este dato se refiere al resultado primario, es decir, considerando los ingresos totales menos el gasto público excepto el pago de intereses. El resultado financiero total del sector público nacional (es decir, computando el pago de intereses de deuda pública), dato que surge del mismo reporte del Ministerio de Economía, fue negativo en -$ 7.131 millones. En 2008, este resultado financiero del sector público nacional había sido positivo en $ 14.655 millones.
"Varios factores explican esta acelerado deterioro de las cuentas públicas, pero uno de decisiva importancia es el crecimiento del gasto público en un 30%. Las erogaciones pasaron de $ 205.000 millones en 2008 a $ 267.000 millones en 2009. Frente a una variación en el gasto de $ 62.000 millones, los ingresos tributarios (incluyendo las contribuciones patronales) aumentaron sólo en $ 8.000 millones", añade.
¿Cómo se financiaron los $ 54.000 millones de aumento de gasto público que no fueron cubiertos con incrementos en la recaudación?, indaga Idesa. Y la respuesta la halla en los propios datos del Ministerio de Economía:
•El sector público nacional recibió un aumento de transferencias extraordinarias (fundamentalmente del FMI) por aproximadamente $ 9.000 millones.
•La deuda previsional con los futuros jubilados aumentó en $ 23.000 millones ($ 16.000 millones son aportes de los ex afiliados al régimen de capitalización y $ 7.000 millones son rendimientos de los ahorros apropiados al régimen de capitalización).
•Los $ 22.000 millones restantes no pudieron ser financiados y explican el paso de un superávit de $ 15.000 millones en el 2008 a un déficit de -$ 7.000 millones en el 2009.
"Hasta 2008 el vertiginoso aumento del gasto público fue sostenido en base a un inédito crecimiento de la presión tributaria. Pero en 2009 este proceso, como era previsible, se agota. Ante el estancamiento de la recaudación, y como ya ocurrió en situaciones parecidas en el pasado, la reacción del Gobierno fue apelar al endeudamiento. Esta vez no se materializó con deuda documentada en títulos públicos y colocada en forma voluntaria en el mercado de capitales (como en la década de los 90) sino a través de deuda no documentada y compulsiva con los futuros jubilados. Casi el 40% del aumento del gasto público fue financiado por esta vía espuria. A esto hay que agregarle montos muy importantes de movilidad previsional que no se están pagando y que están generando miles de juicios contra la Anses, pero como la justicia todavía no se expidió, no se está registrando como gasto ni tampoco como deuda", analiza el grupo de economistas de Idesa que lidera Jorge Colina. "Frente a una situación fiscal tan desbordada se entiende la urgencia por volver al mercado de capitales (por eso la necesidad de reabrir el canje) y apropiarse de parte de las reservas (por eso el apuro por constituir el Fondo del Bicentenario). De todas formas, en el mejor de los casos se trata de paliativos para prolongar la agonía. Los $ 62.000 millones implican un incremento de gasto púbico del orden de 3,8% del PBI, un ritmo incompatible con la estabilidad económica, especialmente cuando la presión tributaria ya fue llevada a un nivel récord en base a una estructura tributaria muy rudimentaria y distorsiva. Ni siquiera la llegada de una nueva bonanza económica de la mano de los precios internacionales de los commodities permitirá evitar una nueva crisis fiscal", finaliza el informe.







