La reinstauración del régimen colonial del Juicio de Residencia, para que, por pedido de cualquier ciudadano, funcionarios provinciales y municipales puedan ser auditados sobre la evolución de sus patrimonios, fue propuesta por el legislador Luis José Bussi.
"Por medio de esta iniciativa incluiríamos en el ordenamiento provincial un instituto de enorme importancia, que obliga a los funcionarios a quedar a disposición del pueblo para ser sometidos a un proceso en el que se analiza su situación", explicó el parlamentario.
De acuerdo con el proyecto de ley presentado por el republicano, la denuncia podría ser formulada dentro de los cuatro meses posteriores al abandono del cargo o a la finalización del mandato del funcionario. Los denunciados no podrían ausentarse de la provincia durante más de 10 días durante ese lapso, salvo autorización expresa de la Legislatura. La prohibición alcanzaría a quienes hayan sido reelectos o electos para otro cargo.
Según la iniciativa, el planteo sería evaluado por una comisión investigadora integrada por 12 legisladores (con representación de las minorías). Si se considera viable la denuncia, se abriría un procedimiento contencioso. Si, en cambio, esta fuera infundada, falsa, maliciosa o temeraria, podría aplicarse una multa al denunciante.
Una vez que se formalizara el proceso, los otros 27 legisladores se constituirían en un tribunal especial presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia. Si se comprobaran los hechos, el denunciado sólo sería inhabilitado para desempeñar cualquier cargo o función pública durante un determinado plazo, sin perjuicio de su responsabilidad penal o civil.
"Por medio de esta iniciativa incluiríamos en el ordenamiento provincial un instituto de enorme importancia, que obliga a los funcionarios a quedar a disposición del pueblo para ser sometidos a un proceso en el que se analiza su situación", explicó el parlamentario.
De acuerdo con el proyecto de ley presentado por el republicano, la denuncia podría ser formulada dentro de los cuatro meses posteriores al abandono del cargo o a la finalización del mandato del funcionario. Los denunciados no podrían ausentarse de la provincia durante más de 10 días durante ese lapso, salvo autorización expresa de la Legislatura. La prohibición alcanzaría a quienes hayan sido reelectos o electos para otro cargo.
Según la iniciativa, el planteo sería evaluado por una comisión investigadora integrada por 12 legisladores (con representación de las minorías). Si se considera viable la denuncia, se abriría un procedimiento contencioso. Si, en cambio, esta fuera infundada, falsa, maliciosa o temeraria, podría aplicarse una multa al denunciante.
Una vez que se formalizara el proceso, los otros 27 legisladores se constituirían en un tribunal especial presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia. Si se comprobaran los hechos, el denunciado sólo sería inhabilitado para desempeñar cualquier cargo o función pública durante un determinado plazo, sin perjuicio de su responsabilidad penal o civil.







