Dictaminan contra el amparo pedido por los abogados

Una mala señal recibió anoche el Colegio de Abogados de esta capital. Elena Sangenis de Terraf, fiscala ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, aconsejó que sea rechazada la acción de amparo colectivo promovida por la institución profesional con el fin de que se anule la convocatoria efectuada por el gobernador, José Alperovich, para que los profesionales elijan el 3 de julio a quien los representará en el Jurado de Enjuiciamiento (de magistrados). Los letrados sostienen que este llamado y que la organización de los comicios corra por cuenta de la Junta Electoral constituyen una intromisión en la vida interna de ese estamento.
Aunque su dictamen no es vinculante, la fiscala se manifestó a favor de que se le reconozca legitimación procesal a la entidad profesional para impulsar la acción intentada. No obstante, en relación con el fondo de la cuestión debatida en la causa, Sangenis de Terraf se expresó en el sentido de que sea desestimada la pretensión de los letrados, según confirmaron fuentes judiciales.
Cuando les tocó contestar la demanda, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, en su carácter de titular de la Junta Electoral, y el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, en representación de la Provincia, habían cuestionado la legitimación del colegio.

Inminente fallo
El expediente ha pasado ahora a estudio de los vocales de la Sala I de la Cámara, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, para que se expidan teniendo en cuenta que antes de remitir las actuaciones a la fiscala habían declarado que la cuestión es de puro derecho. Esto quiere decir que la controversia no versa sobre hechos, sino sobre la interpretación de normas.
El llamado a elecciones se encuentra suspendido. Esto impidió que la Junta Electoral decidiera si correspondía oficializar a los únicos letrados que se postularon, Silvia Peyracchia y Carlos Cattáneo (como candidatos titular y suplente), que fueron impugnados por Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados. Este esgrimió que, en el caso de Cattáneo, su carácter de asesor del Poder Ejecutivo vuelve incompatible la posibilidad de que represente a ese estamento en el Jurado de Enjuiciamiento.