Amaya delegó facultades y un secretario gastó $ 2,5 millones

A comienzos de abril, cuando el mosquito transmisor del dengue estaba en boca de todos los tucumanos, el Concejo Deliberante de la capital aprobó una ordenanza para declarar la emergencia sanitaria. Esa norma, le otorgó prerrogativas al intendente, Domingo Amaya, para efectuar contrataciones directas sin necesidad de llamar a licitación.
Ahora, surgió una polémica a partir de un reclamo que hizo el concejal radical, José Luis Avignone. Denunció que el secretario de Obras Públicas del municipio, Fernando Insaurralde, autorizó un pago de $ 2,5 millones a favor de la empresa Transporte 9 de Julio SA, por trabajos de limpieza y fumigación de varios canales que atraviesan la ciudad.
El planteo de Avignone está documentado en la resolución 0607 del 15 de este mes, firmado por Insaurralde. Además, remarcó que el intendente Amaya era el único autorizado a eludir las licitaciones y que no correspondía extender esa facultad a sus secretarios del gabinete. "El procedimiento es objetable, porque usted (en referencia a Amaya) pierde el control del manejo de las finanzas", advirtió el edil. "Si todas las Secretarías obraran en el mismo sentido, el municipio sería inmanejable por los montos que se pudieran erogar y, dado que la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, dijo que el dengue llegó para quedarse, creo que si se gasta de esa manera -afirmó Avignone-, no llegaremos a fin de año".
Además, el edil denunció que la Municipalidad ordenó limpiar canales que corresponden a la Dirección?Provincial del Agua (DPA). Ante esa situación se preguntó ¿cómo se determinaron los volúmenes que se extrajeron de los distintos canales?, ¿qué repartición lleva los registros?, ¿dónde se depositaron los residuos?, y ¿se pidió cotización de precios a otras empresas?
El secretario de Gobierno, Walter Berarducci, por su parte, dijo estar sorprendido por los planteos de Avignone, siendo que fue uno de los concejales que votó a favor de la declaración del estado de emergencia sanitaria. "La facultad de excepción al régimen de contrataciones le fue otorgada al Departamento Ejecutivo -resaltó Berarducci-, de modo que la delegación que hizo Amaya es lícita y se encuadra dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades".
El funcionario insistió en que todas las obras realizadas fueron necesarias para actuar en consonancia con la declaración de emergencia. "Esto responde a que hoy (por ayer) entramos legalmente en campaña para el 28 de junio. A pesar de la excepción otorgada por el Concejo Deliberante -agregó Berarducci-, toda adquisición de bienes y la ejecución de obras sigue el control de la contaduría general, que anualmente rinde cuentas".