Bejas determinará si Acdel Vilas vive y lo citará para declarar

El ex comandante durante la primera etapa del Operativo Independencia (de febrero a diciembre de 1975), Acdel Edgardo Vilas, será indagado por el juez federal subrogante Daniel Bejas en la causa por secuestros y tormentos contra Héctor Ricardo Giménez y Víctor Hugo González Cecilia, de agosto de 1975. Bejas determinará primero si Vilas está vivo, ya que unos rumores lo dan como fallecido hace años mientras otros dicen que está alojado en un geriátrico de Capital Federal.
La decisión fue tomada en el mismo fallo en el que ordenó el procesamiento con prisión preventiva del comisario (r) Francisco Camilo Orce, sindicado como presunto autor material de privación ilegítima de la libertad con apremios. Por la imputación, le trabó embargo por $ 300.000. En cambio, dictó la falta de mérito en relación con las acusaciones de asociación ilícita y de homicidio agravado de González Cecilia, sobre las que sigue la pesquisa.
Junto con Vilas, se citará a otros  ex jefes militares y agentes de la Policía: Antonio Arrechea, Carlos Delia Larroca, Roberto Ruveda, Ernesto Alais, Hugo Soto, Angel Castellini y Jorge Lazarte. De este modo, se aceptó el criterio del fiscal federal Emilio Ferrer, quien consideró indispensable proseguir con la investigación en este caso.
En un principio, Bejas ordenó que Orce sea alojado en el penal de Villa Urquiza pero luego cambió su destino. Hoy se encuentra en el Cuartel de Bomberos, luego de que prosperó un hábeas corpus interpuesto por sus defensores. El juez federal dispuso el traslado de Orce y de otros tres presos federales, Héctor Rodolfo Amaya, Arturo Vázquez y Mario Escalada (ex miembros de fuerzas de seguridad nacional).
Casi en paralelo con estas novedades, desde la Fiscalía Federal se volvió a la carga con el pedido de que los militares (r) Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, detenidos en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, sean trasladados a Villa Urquiza. Se fundamentó el planteo en que el Ministerio de Defensa de la Nación prohibió que acusados por violaciones a los derechos humanos permanezcan alojados en bases militares.
El planteo no se concretará en lo inmediato por diversos motivos. Bejas le había concedido el beneficio del arresto domiciliario a ambos, como lo habían solicitado, pero no se concretará porque fijaron domicilio en Capital Federal y el juez exigió un lugar en la provincia. Además, según un informe oficial, ambos militares deben recibir asistencia médica permanente por su estado de salud y por su avanzada edad, lo que obligaría a que sean internados en un hospital público.