Antes de trasladar la basura se debe revocar el apto ambiental otorgado a Pacará Pintado

Nada impide al Gobierno disponer que los residuos que hoy se depositan en Pacará Pintado se arrojen en Overa Pozo. En rigor, el certificado de aptitud ambiental otorgado a la planta actualmente en funcionamiento estipula que, en caso de que el Poder Ejecutivo lo solicite, el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente (CPEA) puede revocar ese permiso.
La posibilidad de que en un plazo de 120 días de acondicione un predio estatal de 100 hectáreas en Monte Redondo (a unos 50 kilómetros al este de la capital) fue anunciada por el propio gobernador, José Alperovich. El mandatario adelantó incluso que la Provincia subsidiaría parte de los costos que demandará el traslado de la basura del Gran San Miguel de Tucumán, ya que los municipios no podrán afrontar las erogaciones.
El funcionamiento del predio de Pacará Pintado está bajo la mira judicial. En los tribunales federales se investiga si contamina la cuenca de los ríos Salí-Dulce, mientras que en los tribunales locales está pendiente de resolución una causa iniciada por ambientalistas.
Los directivos de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán consideraron adecuada la decisión de aplicar el Plan de Contingencia que prevé la resolución Nº 488 de la Secretaría de Medio Ambiente. Esta pone en operaciones a Overa Pozo para la disposición final de la basura en el corto plazo. "Clausurar la planta es una deuda con la sociedad que tienen las autoridades, y que nuestra entidad ha reclamado permanentemente", plantearon Pedro Otonello (presidente) y Juan Manuel Prado Iratchet (secretario).
Los ingenieros advirtieron que la vigencia de los contratos que suscribieron los municipios con la empresa Servicios y?Construcciones La Banda SRL (algunos se extienden hasta 2013) está condicionada a la aptitud ambiental de la planta que le conceda el CPEA y que ratifique la Secretaría de Medio Ambiente. Recordaron que la resolución 44/08 del 30 de diciembre de 2008 por el director del área, Sergio Villafañe, es contundente. "Se deja expresamente aclarado que el CPEA podrá revocar la prórroga a solicitud de la Unidad Ejecutora Provincial mediante informe fundado, cuando del monitoreo a realizar por dicha unidad surja un incumplimiento grave por parte de la empresa", fija en su artículo segundo. El CPEA es el órgano encargado de evaluar el impacto de cualquier obra que pueda degradar al medio ambiente. Lo integran la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la FET, ONGs, las universidades y dependencias del PE.
"Ante el evidente daño ambiental que provoca la ya saturada planta, contaminando aguas superficiales y subterráneas, suelos y aire, afectando la calidad de vida de las familias que residen en la zona de influencia, acumulando irresponsablemente basura al aire libre sin tratamiento previo, ubicada en el cauce natural del río Salí, es preciso cancelar en un plazo perentorio las autorizaciones provisorias", alertaron los especialistas.