Un fallo nacional avala el criterio de un tribunal tucumano

El militar retirado Luciano Benjamín Menéndez logró que le restituyeran el beneficio de la detención domiciliaria -por razones de edad- hasta que no queden firmes las sentencias por las cuales fue condenado a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Esto lo resolvió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.
El sentido de la decisión constituye una ratificación -elíptica- del criterio que el año pasado había adoptado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que, pese a haber impuesto una pena similar a Antonio Bussi a raíz de la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse en 1976, no lo privó de la detención domiciliaria hasta que el pronunciamiento no adquiera fuerza de cosa juzgada.
La cuestión había llegado a la Cámara Nacional de Casación Penal, porque María Mercedes Crespi, defensora Pública Oficial interina en Córdoba, recurrió la sentencia del Tribunal Oral Nº 1 de esa misma provincia. Este, el 23 de junio del año pasado, cuando condenó a Menéndez, concluyó que la pena era de cumplimiento efectivo, amén de que pudiera ser recurrida. Los vocales Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará revocaron la prisión domiciliaria de la que gozaba Menéndez y ordenaron su inmediato alojamiento en la cárcel de Bower, de la capital cordobesa.
En cambio, el tribunal con sede en la Capital Federal recordó que la Ley de Ejecución Penal autoriza a conceder el beneficio de la detención domiciliaria cuando se trata  de una persona mayor de 70 años (Menéndez tiene 81 años). "La norma no exige ningún otro requisito adicional...; no obstante lo cual, el estado de salud del que da cuenta el informe elaborado por la Junta del Hospital Nacional de Clínicas coadyuva a la conveniencia de restablecer el beneficio", concluyó el camarista Guillermo José Tragant.

Más argumentos
Tragant insistió en la misma idea: "mientras no adquiera firmeza la sentencia condenatoria que se dictare, no procede disponer el encarcelamiento del imputado".
El camarista Eduardo Rafael Riggi añadió que la Ley 26.472, que modificó la Nº 24.660 (de Ejecución Penal), no restringió los supuestos de procedencia de la detención domiciliaria. "Muy por el contrario, los mantiene agregando nuevos supuestos en los que el beneficio es procedente", destacó.
En el mismo sentido se pronunció la tercera integrante de la Sala III de la Cámara, Angela Ledesma.