CORDOBA (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- Si se pretende que la sociedad cuente con una Justicia independiente no hay que desnaturalizar las pautas objetivas de los mecanismos de selección de quienes, en pie de igualdad, aspiran a ingresar en la judicatura. Además, en forma complementaria, urge que los Consejos de las Magistraturas y los Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados sean integrados de forma equilibrada, sin preeminencias políticas, para transparentar y profesionalizar los procesos que culminan en la designación o remoción de los jueces.
Estos conceptos marcaron la primera jornada del Congreso Nacional denominado "El abogado en la defensa del sistema republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento", que comenzó ayer en esta ciudad, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba y por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
En el acto de apertura, celebrado en el coqueto auditorio de la Universidad Católica (UCC), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prefirió exponer sobre el rol de los abogados en la república, porque consideró que durante la Tercera Conferencia Nacional de Jueces, desarrollada el año pasado en esta ciudad, el estamento judicial ya había fijado su posición. No obstante, aclaró: "coincidimos en que discutir sobre cómo efectuamos la selección y la acusación de nuestros magistrados, así como sobre el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, constituye el pulmón de nuestro sistema. Si estos mecanismos no funcionan adecuadamente nunca tendremos la Justicia que se merece la población", advirtió.
En estado de alerta
Igual de contundente fue el presidente de la FACA, Carlos Andreucci, que aclaró que estos temas no son sólo un problema de abogados y de jueces, sino, fundamentalmente, de la sociedad. Luego, se preguntó: "¿cómo se afecta la independencia de la Justicia?", pregunta que él mismo contestó con premura: "cuando el poder público o privado, por medio de presiones, sutiles o no, restringe la autonomía de decisión, las remuneraciones de los magistrados o, por ejemplo, trata de que no haya abogados independientes". Por eso, destacó que un reciente decreto real en Bolivia, que eliminó la colegiación profesional en ese país, constituye una peligrosa "alerta regional" que no debe ser desoída.
El dirigente, oriundo de La Plata, defendió tenazmente los Consejos de la Magistratura, en tanto herramientas fundamentales para despolitizar la Justicia. "Ellos vinieron para quedarse, por más que algunos intenten deteriorarlos en su imagen o funcionamiento. Ellos surgieron para fortalecer el prestigio del Poder Judicial por medio de una selección objetiva, que apunta a que haya jueces probos y no vinculados al poder político", enfatizó.
Andreucci vaticinó que ya es imposible volver al pasado, cuando los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) designaban jueces sin ninguna instancia de selección, como suponen hoy los concursos públicos que llevan adelante los Consejos de la Magistratura. "Salvo en Jujuy, en las 22 restantes jurisdicciones del país están funcionando estos órganos; es decir, son una realidad", aseveró, aunque sin explayarse sobre la situación de Tucumán, donde el CAM aún no fue organizado luego de que la Justicia bloqueó la posibilidad de que el PE pudiera integrarlo por decreto, como lo permitía la Constitución provincial reformada en 2006.
Estos conceptos marcaron la primera jornada del Congreso Nacional denominado "El abogado en la defensa del sistema republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento", que comenzó ayer en esta ciudad, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba y por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
En el acto de apertura, celebrado en el coqueto auditorio de la Universidad Católica (UCC), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prefirió exponer sobre el rol de los abogados en la república, porque consideró que durante la Tercera Conferencia Nacional de Jueces, desarrollada el año pasado en esta ciudad, el estamento judicial ya había fijado su posición. No obstante, aclaró: "coincidimos en que discutir sobre cómo efectuamos la selección y la acusación de nuestros magistrados, así como sobre el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, constituye el pulmón de nuestro sistema. Si estos mecanismos no funcionan adecuadamente nunca tendremos la Justicia que se merece la población", advirtió.
En estado de alerta
Igual de contundente fue el presidente de la FACA, Carlos Andreucci, que aclaró que estos temas no son sólo un problema de abogados y de jueces, sino, fundamentalmente, de la sociedad. Luego, se preguntó: "¿cómo se afecta la independencia de la Justicia?", pregunta que él mismo contestó con premura: "cuando el poder público o privado, por medio de presiones, sutiles o no, restringe la autonomía de decisión, las remuneraciones de los magistrados o, por ejemplo, trata de que no haya abogados independientes". Por eso, destacó que un reciente decreto real en Bolivia, que eliminó la colegiación profesional en ese país, constituye una peligrosa "alerta regional" que no debe ser desoída.
El dirigente, oriundo de La Plata, defendió tenazmente los Consejos de la Magistratura, en tanto herramientas fundamentales para despolitizar la Justicia. "Ellos vinieron para quedarse, por más que algunos intenten deteriorarlos en su imagen o funcionamiento. Ellos surgieron para fortalecer el prestigio del Poder Judicial por medio de una selección objetiva, que apunta a que haya jueces probos y no vinculados al poder político", enfatizó.
Andreucci vaticinó que ya es imposible volver al pasado, cuando los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) designaban jueces sin ninguna instancia de selección, como suponen hoy los concursos públicos que llevan adelante los Consejos de la Magistratura. "Salvo en Jujuy, en las 22 restantes jurisdicciones del país están funcionando estos órganos; es decir, son una realidad", aseveró, aunque sin explayarse sobre la situación de Tucumán, donde el CAM aún no fue organizado luego de que la Justicia bloqueó la posibilidad de que el PE pudiera integrarlo por decreto, como lo permitía la Constitución provincial reformada en 2006.







