Ningún abogado acudió al llamado. El domingo vencía el plazo para que los profesionales que no figuran en el padrón provisional que maneja la Junta Electoral de la Provincia se inscribieran. Esto, con el fin de que pudieran votar en los comicios del 3 de julio, convocados para que los letrados elijan a quienes los representarán (en el carácter de titular y de suplente) en el Jurado de Enjuiciamiento, órgano creado para sustanciar los procesos de remoción contra defensores, fiscales y magistrados.
Como consecuencia, la Junta Electoral sigue disponiendo de la misma nómina con la que cuenta desde setiembre de 2006, ocasión en la que, según información suministrada por los propios colegios de abogados de la provincia, había 4.294 letrados matriculados (3.739 de esta capital y 555 del sur) en condiciones de sufragar.
El hecho de que los profesionales eventualmente omitidos de las listas brindadas por los colegios no hayan concurrido a anotarse tiene como telón de fondo la polémica generada por la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo.
Los dirigentes de los dos colegios profesionales siguen evaluando qué acciones judiciales intentarán en el afán de frenar o impugnar el llamado a elecciones. Los letrados de la capital mantienen sus objeciones (por medio de un recurso de queja deducido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) a la conformación del Jurado de Enjuiciamiento dispuesta por la Constitución reformada en 2006, por considerarla desequilibradamente favorable al estamento político.
Como consecuencia, la Junta Electoral sigue disponiendo de la misma nómina con la que cuenta desde setiembre de 2006, ocasión en la que, según información suministrada por los propios colegios de abogados de la provincia, había 4.294 letrados matriculados (3.739 de esta capital y 555 del sur) en condiciones de sufragar.
El hecho de que los profesionales eventualmente omitidos de las listas brindadas por los colegios no hayan concurrido a anotarse tiene como telón de fondo la polémica generada por la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo.
Los dirigentes de los dos colegios profesionales siguen evaluando qué acciones judiciales intentarán en el afán de frenar o impugnar el llamado a elecciones. Los letrados de la capital mantienen sus objeciones (por medio de un recurso de queja deducido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) a la conformación del Jurado de Enjuiciamiento dispuesta por la Constitución reformada en 2006, por considerarla desequilibradamente favorable al estamento político.







