El 27 de noviembre pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto 2067, mediante el cual se creó el Fondo Fiduciario con el que se atenderán las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades de gas. Esa decisión, indica el artículo 1, se adoptó “para abastecer el consumo interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias”. El Fondo se integra por los siguientes recursos:
• Cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que lo reciben directamente de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural.
• Los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos pertinentes, nacionales e internacionales.
• Los que provengan a través de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
Los cargos referidos, dice el decreto, “no constituirán ni se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del IVA. El fondo se integraría con unos $ 1.400 millones. En principio, los recursos deben ser administrados por Energía Argentina SA (Enarsa); están bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio de Vido. La objeción se plantea, a nivel nacional, sobre la aplicación del cargo que, según los defensores del Pueblo nacional y provincial no constituyen un precio público, porque no hay contraprestación por el servicio brindado. De allí surgen varias interpretaciones, como por ejemplo, que el cargo tarifario bien puede ser considerado como un impuesto, una tasa o una contribución especial, pero no un precio público.
